- La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió, con los votos de los jueces conservadores, que no existe el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o aborto, dejando la decisión de permitirla o no a cada uno de los estados de la Unión.
Redacción
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 07 de julio del 2022.- Con este motivo la Sociedad Española de Contracepción (SEC) manifiesta su absoluta disconformidad con tal resolución y defiende el cumplimiento de la legislación sobre el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en España, así como la atención a las mujeres que demandan la IVE en la sanidad pública a través de la siguiente declaración:
“No existe discusión científica. Que el acceso seguro a la práctica del aborto salva vidas está fuera de toda duda” (Tedros Adhanom Ghebreyessus, Director General de la Organización Mundial de la Salud). La Sociedad Española de Contracepción (SEC) eleva a público su rechazo a la decisión de Tribunal Supremo de los Estados Unidos contrariando el precedente sentado por la sentencia del caso Roe contra Wade, que dio en 1973 rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo.
La SEC hace suyas, a la vez, las declaraciones del Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reafirmando la posición de la OMS: “Todas las mujeres deben poder decidir sobre sus cuerpos y salud. Punto y final. El aborto seguro es parte de la asistencia sanitaria”. La SEC lamenta el retroceso que esta sentencia significa para los derechos de las mujeres que deciden acogerse a él, un paso atrás de medio siglo en materia de salud sexual y reproductiva y una injusticia social.
Restringir el acceso al aborto lleva a miles de mujeres a optar por abortos inseguros, complicaciones graves y hasta la muerte. Limitar el acceso seguro cuesta vidas y origina un impacto mayor en mujeres de las comunidades más pobres y marginadas. Se trata de un derecho reproductivo que permite decidir si se quiere tener hijos y cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado.
Estados Unidos da así la espalda a cuatro décadas de avances en cuanto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La OMS cuantifica en 39.000, según su guía, las muertes que causan los 25 millones de abortos inseguros que se realizan cada año en el mundo y agrega que la gran mayoría de los fallecimientos (más del 90 por ciento) se podrían haber evitado.
En España se mantiene vigente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo desde 2010, modificada el 22 de septiembre de 2015 para recortar los derechos que afectaban a las menores hasta los 16 años.
La Sociedad Española de Contracepción se suma a los criterios establecidos por la OMS deplorando la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Al tiempo reivindica en España la reforma de la actual ley en lo que afecta a la IVE dada la inequidad predominante entre las autonomías. La SEC ya recogió en 2019 entre las conclusiones de su Informe sobre la Anticoncepción, Salud Sexual y reproductiva e IVE en España la desigualdad existente en nuestro país en relación con prevención, asistencia y atención al aborto. Se constataba la existencia, en cuanto a derechos, de mujeres de primera, segunda y tercera, según su lugar (región, provincia, ciudad y hasta distrito sanitario) de residencia.
Numerosas españolas se ven obligadas a realizar un penoso peregrinaje debido a que sólo hay algunos hospitales públicos en todo el Estado que realicen interrupciones. Asimismo, se ha constatado la escasa utilización del método farmacológico, en contrapartida al quirúrgico.
Junto con las recomendaciones clínicas y de prestación de servicios, las pautas de la OMS, que respalda la SEC recomiendan eliminar las barreras políticas médicamente innecesarias para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios; el requisito de que la aprobación debe ser dada por otros miembros de la familia, o instituciones; y límites sobre cuándo durante el embarazo pueda tener lugar un aborto. Tales barreras pueden conducir a retrasos críticos en el acceso al tratamiento y poner a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de sufrir abortos inseguros, estigmatización y complicaciones de salud, al tiempo que aumentan las interrupciones en la educación y su capacidad para trabajar.
SEM/MG
Foto: archivo AmecoPress.
