* El grupo SEXVIOL organiza una serie seminarios sobre las violencias sexuales en España
* Este país europeo registra 400.000 actos de violencia sexual por año
Cecilia Barba Arteaga
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 19 de febrero, 2022.- El pasado miércoles tuvo lugar el primer de los seminarios que organizada por el grupo SEXVIOL, llamado “Violencias sexuales. Una mirada panorámica desde las investigaciones empíricas». Acogido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde tendrán lugar un total de seis seminarios sobre la judicialización de las violencias sexuales en España.
El Grupo SEXVIOL es un grupo de docentes e investigadoras de cuatro universidades públicas españolas (UCM, UC3M, U. de Valencia y U. de Jaén). Este grupo de trabajo nace en 2016 a raíz del caso de la Manada y ante la necesidad de que “las violencias sexuales se convirtieran en sujeto de estudio para las universidades” explica Esther del Campo, profesora de la UCM.
En el Informe que la Universidad de Barcelona hizo analizando datos de 2018 y 2019, España registra 400.000 actos de violencia sexual por año, de los cuales, según informaban en el seminario, apenas se detectan un 2% de estos casos. De los actos de violencia sexual, más de 350.000 víctimas son mujeres, y solo 15% de los casos la víctima es hombre, en su gran mayoría menores de edad. Siendo la tasa de denuncias de 20.83 por cada 100.000 habitantes. Señalaba la catedrática del Campo, la necesidad de abordar este problema desde la universidad, también “para intentar establecer políticas preventivas desde la educación”.
España registra 400.000 actos de violencia sexual por año, de los cuales apenas se detectan un 2% de estos casos.
Para abordar estos temas, desde una perspectiva científica y académica, y bajo el título general «Valoración integral de los daños causados a personas que han sufrido violencia sexual: impactos en la salud y la autonomía social». Las ponentes de este primer seminario fueron Nieves Prado Soto, de la Asociación Creación Positiva; Manuela Torres Calzada, abogada y parte de la Asociación Themis; y Cristina Cazorla González, investigadora de la UNED.
Creación Positiva es una asociación feminista que trabajada, desde 2002, para “hacer efectivos el derecho a la salud sexual y a vivir una vida libre de violencias”. Nieves Prado Soto, representante de la asociación, señalaba la garantía de estos derechos como piedra angular del proyecto, además del trabajo desde una perspectiva feminista e interseccional. Esta interseccionalidad y diversidad, aclaraba, debe cumplirse tanto en las personas con las que trabajan como aquellas personas referentes. Como ejemplo, hablaba de la dificultad del proceso si la acompañante no habla el mismo idioma que la víctima. Nieves Prado hablaba de un proceso continuado de trabajo de las mujeres que conlleve el paso por todos los ejes, manteniendo a la mujer en el centro. Esto supone generar interdependencia entre servicios y romper con la lógica jurídica en los procesos a los que se enfrenta la víctima de violencia sexual, generando un abordaje integral personalizado. La abogada Manuela Torres Calzada compartía esta idea.
Generar interdependencia entre servicios y romper con la lógica jurídica en los procesos a los que se enfrenta la víctima de violencia sexual.
Manuela Torres pertenece a la Asociación de Mujeres Juristas Themis y tiene un largo recorrido en el ejercicio directo con las víctimas de violencia sexual como abogada. La Asociación Themis es una ONG sin ánimo de lucro de abogadas, procuradoras, magistradas y secretarias judiciales de España cuya misión es llevar a cabo “aquellas acciones que garanticen la efectividad de los derechos de las mujeres e impulsamos propuestas de cambio de aquellas normas jurídicas que atenten contra sus derechos”. Manuela Torres también opina que es fundamental el acompañamiento de las víctimas, asegurada que la “especialización de la materia es indispensable para todos lo profesionales que tratan con la víctima”.
Para reforzar esta idea, la abogada habló de su experiencia propia como abogada y de cuán importante es hacer entender a los profesionales del cuidado en las violencias sexuales: “un policía preguntándole a una menor de 11 años de qué tamaño era el pene del agresor. ¿Qué aporta eso a la investigación?”. Esta especialización de los profesionales también supondría no homogeneizar las respuestas, ya que no a todas las víctimas la agresión le afecta de forma similar ni tampoco reaccionan igual, idea que compartían las demás ponentes en sus exposiciones.
Otra de las piezas claves del seminario en las que las ponentes coincidían, es la necesidad de constatar el daño psicológico en el proceso judicial. La abogada señalaba que no se valora el daño sobre la salud mental que supone una agresión sexual para la víctima. También hablaba de esto Cristina Cazorla durante su presentación, donde explicada que en la graduación de situaciones de las resoluciones judiciales de su investigación no se considera el daño moral ni de salud mental de las víctimas.
Cristina Cazorla es jurista e investigadora y basó su ponencia en su investigación sobre agresiones sexuales grupales. Coincidiendo con la idea ya mencionada de Manuela Torres, la investigadora expuso cómo en su investigación, basada en 244 casos, no existían valoraciones psíquicas en las víctimas que pudieran agravar o no las resoluciones judiciales, siendo estas sin duda una parte crucial en el proceso de recuperación de la víctima. De hecho, los resultados lesivos físicos en los distintos casos solo resultaron agravantes en el 37% de los casos, siendo en el 73% de estos considerados delitos leves.
Sobre el mito del violador y del ideario colectivo de una violación habló la abogada Manuel, “la mayoría de las agresiones sexuales se producen en el domicilio, son personas conocidas o del entorno de la víctima”. Cristina, sobre esto, añadía que el perfil del detenido o del investigado es muy distinto al del sujeto acusado, absuelto o condenado. Esto es así porque para que en muchos casos no hay denuncia o esta es retirada, para lo cual proponía Manuela la posibilidad de abrir una “investigación de oficio sin necesidad de denuncia o cuando quitan la denuncia”.
Ante una pregunta de la sala, no hubo tanto consenso. Una oyente preguntó que, si tras todo lo expuesto, no era disuasorio incitar a la víctima a que denuncie. Cristina Cazorla contestó que su investigación y exposición era un toque de atención para los profesionales, pero que no debía traducirse en una negativa para la denuncia de la víctima. La abogada Manuela Torres, en cambio, compartió que ella jamás aconseja a una víctima que denuncie o no, “la denuncia es una herramienta más para la recuperación de la víctima, pero no es lo principal”.
SEM-AmecoPress/gba
