Nexos
Tras un largo proceso de reformas políticas-electorales, que abarcan ya más de tres décadas, la democracia mexicana vivió un momento culminante en julio de 2018, cuando tuvo lugar la tercera alternancia en la Presidencia de la República. Lejos de significar la definitiva consolidación de las instituciones electorales a las que dio lugar la transición a la democracia, esta alternancia abrió el escenario a una continua y ascendente impugnación del INE y del sistema electoral. La última propuesta presidencial para cambiar de arriba abajo al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación raya en el delirio institucional. El presidente López Obrador quiere que consejeros y magistrados electorales sean votados a partir de unas listas de sesenta notables propuestas a terceras partes por los tres poderes de la unión. La ocurrencia presidencial de democracia directa implicaría una reforma constitucional y un horizonte de elecciones en que el Poder Ejecutivo llevaría de entrada la ventaja de nominar a la tercera parte de los notables a ser votados, más los que pudiera imponer o negociar en el Poder Legislativo y en el Judicial, sobre los cuales tiene mando o influencia.
Hemos juzgado oportuno devolver al debate sobre el tema equilibrio, racionalidad y conocimiento. Al efecto hemos convocado al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a una entrevista analítica sobre el momento político que vive la institución que preside.
México no necesita una reforma electoral para enfrentar las elecciones presidenciales de 2024, dice el consejero presidente. Con las reglas existentes pudo desahogarse sin problemas la elección intermedia del 2021, la más grande en puestos de elección y votantes empadronados de la historia de México. Muchas cosas podrían mejorarse desde luego en las normas electorales, y Córdova nos dice aquí cuáles, pero no a partir de las ocurrencias fundacionales del titular del Poder Ejecutivo.
La entrevista con Lorenzo Córdova fue celebrada en las oficinas de nexos el día 8 de marzo pasado, antes del espectáculo de ilegalidad en que el gobierno, Morena y sus partidos aliados convirtieron la consulta de revocación de mandato del 10 de abril.
En los días previos a esa consulta el gobierno y sus partidos incurrieron en una violación tan sistemática y grosera de las leyes electorales que, en estricto derecho, podría anularse todo el ejercicio revocatorio.
Lo que está en juego no es sólo el diseño y el destino del ente electoral, que ha garantizado hasta ahora la organización profesional y autónoma de las elecciones en México sino, en un sentido amplio, la legalidad de nuestra vida pública. Al final de esta entrevista, Córdova señala: “Hay que reflexionar sobre la fragilidad de la que hoy adolece nuestro Estado de derecho. Se trata de un asunto que trasciende lo electoral. Las garantías más básicas enfrentan un enorme grado de vulnerabilidad”.
***
nexos: ¿Qué desafíos enfrentan el INE y la democracia mexicana? ¿Cuál es tu diagnóstico?
Lorenzo Córdova: La democracia mexicana enfrenta desafíos inéditos, similares a los de otras partes del mundo. El primero se deriva de los problemas que las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos democráticos no han logrado resolver. Esto genera desencanto en amplios sectores de la ciudadanía. Me refiero a los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, violencia, que se han traducido en un caldo de cultivo del que se alimenta una creciente desafección por la democracia.
El segundo lo representa la irrupción de las redes sociales que, al ser meros mecanismos de comunicación, no necesariamente garantizan, como ilusamente llegó a pensarse, una E-democracy, en la que todos los ciudadanos con un mero clic en sus dispositivos móviles podrían participar en las discusiones y definir directamente las grandes decisiones públicas. Hoy sabemos que las redes sociales sí pueden ser útiles para combatir e incluso derrocar regímenes autoritarios, como ocurrió con la llamada Primavera Árabe, pero son incapaces de construir per se democracia, como nos lo demuestra el caso de los mismos países involucrados en dichas protestas. Las redes sociales son meros instrumentos y el gran dilema que enfrentamos es cómo hacer para que resulten funcionales para la democracia y no el cauce a través del cual la desinformación y la mentira mermen la calidad de la discusión democrática.
El tercero deriva del contexto de intensa polarización que hoy se funda en grandes dosis de intolerancia, que implican el riesgo de desbordar los cauces institucionales democráticos. Polarización e intolerancia provocan que quien piensa distinto ya no sea considerada como una persona que legítimamente tiene el derecho de disentir de nosotros, sino como una enemiga a la que se debe combatir, erosionando así la base esencial de la convivencia democrática.
n: A esos desafíos que enfrentan los sistemas democráticos en el mundo hay que sumarles el hostigamiento y los ataques a los que están sometidos en muchos países los organismos electorales. ¿Cómo se dan en México?
LC: Desde mi punto de vista, dichos ataques pueden agruparse en cuatro grandes ejes.
Primero: la descalificación sistemática del trabajo de las autoridades electorales. No se trata de un fenómeno nuevo pero, a diferencia del pasado, la descalificación ya no proviene de los perdedores en las elecciones o de los inconformes con las decisiones de las autoridades electorales, sino que ahora viene desde el gobierno, desde los circuitos gubernamentales. Pasa en México y está pasando también en otros lados, como en Brasil o, hace unos años, incluso en Estados Unidos.
Segundo: hay las amenazas y ataques a la integridad personal de los funcionarios electorales. No sólo implican descalificaciones ad hominem, sino amenazas abiertas, cuando no incluso agresiones físicas. Y no me refiero sólo a las amenazas que, por ejemplo, recibimos algunos consejeros electorales del INE el año pasado cuando un candidato, irritado por la cancelación de su candidatura por haber violado las reglas de fiscalización, amagó con ir con sus seguidores a nuestros domicilios, sino a las denuncias penales que el presidente de la Cámara de Diputados presentó en contra de varios de nosotros por no estar de acuerdo con nuestras decisiones.
Tercero: los recortes presupuestales. Tampoco es un asunto exclusivamente mexicano: en República Dominicana los órganos electorales sufrieron recortes que les impiden, literalmente, ejercer su capacidad operativa por falta de presupuesto. Y, en el caso del INE, en el contexto de la revocación de mandato, el recorte presupuestal que nos impuso la Cámara de Diputados nos impidió cumplir cabalmente con nuestras funciones constitucionales y legales.
Finalmente, el cuarto eje: la propuesta de reformas electorales vistas como una vía para debilitar las condiciones de competencia; para mermar la calidad de la representación política; y para intentar una captura de los órganos electorales o para generar condiciones de subordinación de estos órganos.
Todo lo anterior porque es parte de una tendencia global; pero es muy preocupante que en México estos cuatro ejes estén todos presentes. Eso ha colocado al INE en una situación inédita, que no deja de implicar una paradoja: a pesar del contexto de acoso y hostigamiento, el INE goza de niveles históricos de credibilidad y confianza ciudadana. Si uno analiza varias encuestas de confianza pública —desde la Encuesta de Cultura Cívica hasta las que muchas casas encuestadoras han venido levantando en el último año—, nos encontramos con índices de credibilidad y de confianza para el INE que rondan entre el 65 % y más del 70 %, un hecho que no había ocurrido desde la creación del IFE en 1990.
n: ¿Cuál de estas vías de ataque es la más preocupante?
LC: Todas. Las primeras dos porque son una combinación de falso discurso y actuación concreta: un hostigamiento que se puede traducir en pretender encarcelar a funcionarios electorales y en agresiones verbales o incluso físicas.
El de la asfixia presupuestal es muy preocupante, de cara a las elecciones de 2024. Sería una enorme irresponsabilidad si en noviembre próximo la Cámara de Diputados vuelve a aplicar un recorte excesivo al presupuesto solicitado por el INE para el próximo año porque en septiembre de 2023 iniciará formalmente el proceso electoral de 2024.
Y, finalmente, el de las reformas de que se habla pueden implicar grandes retrocesos.
n: ¿Deberíamos tener una reforma a la ley electoral? ¿Estamos bien como estamos? ¿Es indispensable una reforma electoral en este momento?
LC: La respuesta es clara y contundente: no. Hay muchos ámbitos de mejora pero no son vitales; no son temas de los que dependa la recreación del sistema democrático. El año pasado, con el actual sistema electoral, organizamos la que hasta hoy ha sido, desde el punto de vista técnico y de participación, la mejor elección de los últimos treinta años.
Desde 1990 todas las reformas han sido graduales, paulatinas e incrementales. A partir de los ejes temáticos del sistema electoral —la fiscalización, la equidad en la contienda, los procedimientos de organización de la elección—, todas han sido reformas incrementales. La última de esta secuencia de reformas fue la de 2014, que introdujo nuevas reglas que nacionalizaron el sistema electoral y que cambiaron muchas de las lógicas con las que habíamos venido funcionando.
Con esa reforma organizamos en 2021 la mejor elección que hemos tenido, desde el punto de vista técnico. Los sistemas funcionaron mejor que nunca, la información fluyó mucho antes; en plena pandemia tuvimos la participación ciudadana más alta en una elección intermedia en lo que va del siglo.
n: ¿Cómo se compara el IFE con el INE en su desempeño?
LC: En veintitrés años el IFE organizó dieciocho procesos electorales federales. Desde que nace en 2014, el INE ha organizado 309 procesos de toda naturaleza: elecciones federales, elecciones locales, la elección de la Asamblea Constituyente de Ciudad de México, dos procesos de renovación partidista (el del PRD y el de Morena). Todos esos procesos han sido exitosos y, además, estamos viviendo el periodo de mayor alternancia de la historia con un índice que alcanza el 68 %. Esto habla de una gran competitividad producida por un sistema electoral cuyos resultados están a la vista.
n: ¿Si no hay cambios en las leyes, podemos ir al 2024 con estas reglas?
LC: Sí, sin lugar a dudas. Una reforma no es necesaria ni es indispensable.
Anticipo un dilema: si hay una reforma antes de 2024, de cara a la elección presidencial, ésta sería la primera vez en el último cuarto de siglo (desde la reforma de 1996) en la que una reforma electoral se realiza y se instrumenta en una elección presidencial y no en una intermedia. La reforma de 1996 se puso a prueba en la elección de 1997; la reforma 2007-2008 se puso a prueba en los comicios de 2009; la reforma de 2014, la última, se puso a prueba en la elección de 2015. En todos esos casos la primera vez que se aplicaron los cambios introducidos por dichas reformas fue en elecciones intermedias, no en comicios presidenciales.
De darse una reforma electoral en los próximos meses, ésta sería la primera vez en veinticinco años en la que las nuevas reglas se pondrían a prueba en una elección que no sólo será presidencial, sino además va a ser la elección más grande de nuestra historia por el número de cargos en juego.
n: Aun así, se habla de que habrá reforma electoral. ¿Cuáles serían las condiciones esenciales para que una reforma, cualquiera, llegue a buen puerto?
LC: Primero, que la reforma sea producto de un amplio consenso. Si hay un mero mayoriteo, aunque se cumplan las cifras para aprobarla, se va a abrir la puerta a que el día de mañana haya alguna fuerza política que descalifique los resultados electorales a partir de su desacuerdo con las propias reglas.
Segundo, que sea una reforma para mejorar el sistema electoral que hoy tenemos. No son tiempos de reformas fundacionales. Hay que refundar algo cuando ese algo no funciona, y nuestro sistema funciona bien. Una reforma electoral tiene que servir para avanzar en la consolidación y fortalecimiento de nuestro sistema democrático, para ampliar derechos de la ciudadanía, para perfeccionar normas y procedimientos, no para mermarlo.
Tercero, que no sea una reforma regresiva. Si una reforma electoral es planteada para mermar la calidad de la representación política, para lastimar o disminuir las condiciones de equidad en la competencia, para acotar o debilitar la garantía de los derechos políticos-electorales o para debilitar la autonomía y la independencia de los órganos electorales, no vale la pena hacerla.
Añadiría una cuarta condición, a la luz de recientes declaraciones hechas desde el Poder Ejecutivo sobre una eventual reforma: será importantísimo que todos los actores políticos que se involucren en la misma consideren la historia de las anteriores reformas y partan de un diagnóstico verdadero, claro y correcto sobre lo que hoy es el sistema electoral. Precisamente para eso, para que no se haga una reforma a partir de prejuicios, fobias o información falsa, el INE ha manifestado su plena disposición a reunirse con quien sea necesario para compartir toda la información que haga falta en el ánimo de retroalimentar y permitir que una eventual reforma avance hacia buen puerto; me refiero a la información técnica, los datos y las cifras, la experiencia de los procesos electorales que hemos conducido en los últimos ocho años, la evidencia científica —tan detallada como sea necesaria— y todos aquellos documentos que consideren necesarios para nutrir los trabajos legislativos. Refrendo la total disposición del INE al diálogo.
Si se cumplen esas condiciones, bienvenida sea una reforma de ajuste a las reglas que hoy tenemos. El problema es que conforme pasa el tiempo también se colocan sobre la mesa los incentivos más perversos para una reforma electoral, porque todo mundo se está viendo de cara a la elección del 2024.
n: ¿Tú ves que los otros partidos tengan el ánimo de entregar al INE políticamente?
LC: Hay un dato extraño en esta discusión sobre la reforma electoral.
Las reformas electorales siempre han sido una manera de resolver demandas de la oposición. Ése es otro elemento característico de nuestro sistema electoral. Lo que quiero subrayar es que siempre hay una demanda de las oposiciones que implican o que exigen un cambio en las reglas para poder seguir jugando el juego democrático. Las reformas siempre han sido, desde este punto de vista, una lógica de inclusión para evitar que haya jugadores que decidan salirse del juego. Y lo menciono porque, hasta donde me alcanza la memoria, estamos ante la primera reforma pedida desde el poder. Es decir, no es la oposición —que amenaza con romper el compromiso democrático si no se generan nuevas condiciones—, sino el propio poder el que está empujando hacer una reforma.
Hasta donde yo tengo entendido, en la agenda de la oposición la reforma electoral no es prioritaria, a diferencia de lo que se sostiene desde la Presidencia de la República.
Hay otro elemento que hay que considerar: los tiempos.
Una reforma electoral tendría que estar aprobada y publicada a más tardar en mayo del próximo año. El artículo 105 constitucional establece que todo cambio constitucional y legal tiene que estar concluido a más tardar noventa días antes del inicio del proceso electoral correspondiente, por una cuestión elemental de certeza jurídica.
n: ¿Cuáles serían los puntos para una propuesta de reforma electoral que realmente mejorara las cosas en vez de lanzarlas a la aventura fundacional que, por ejemplo, sugiere el presidente?
LC: Hay cinco grandes ejes sobre los que valdría la pena avanzar en una reforma electoral: la calidad de la representación; el financiamiento a los partidos; el costo de las elecciones y la fiscalización de las elecciones; la sobrerregulación, y la justicia electoral.
n: Empecemos por el primer eje: ¿cuál es el problema de la representación?
LC: Las Cámaras, el Congreso, deberían ser un reflejo lo más fiel posible de la pluralidad política que hay en el país. El sistema electoral con el que se elige a quienes legislan es el resultado de un acuerdo político de hace veinticinco años. Las reglas de la representación son producto de la reforma de 1996, cuando todavía estábamos hablando de un sistema de partidos, si bien no hegemónico (a la Sartori), sí de partido ampliamente mayoritario.
En ese sentido me parecería pertinente eliminar esa cláusula de 8 % de sobrerrepresentación que todavía permite la Constitución. Dicho porcentaje de sobrerrepresentación fue una condición del entonces partido gobernante (el PRI) para aprobar la reforma de 1996. Es decir: se trata de un arreglo político de otra época que hoy está claramente rebasado y desfasado.
Otra cosa que se dice es que tenemos muchos diputados. Yo creo que no: quinientos legisladores en la Cámara Baja para un país de más de 120 millones de habitantes no me parece que sean muchos. En ese sentido, si mantenemos el número actual de legisladores en quinientos, ¿por qué no incrementar la cuota proporcional a 250 y así permitir una representación más fiel de las voluntades ciudadanas expresadas a través de los votos en las urnas? Y si llegara a disminurise el número de diputaciones a cuatrocientas, ¿por qué no, en lugar de quitar cien plurinominales, como se ha sostenido reiteradamente —lo que implicaría una merma de la calidad de nuestra representación política—, se eliminan mejor cien diputaciones de mayoría relativa?
Y luego, en cuanto al Senado, ¿por qué no avanzamos hacia un esquema en donde se elijan cuatro senadores en cada estado (o tres, si se quiere reducir también el número total de integrantes de esa Cámara, que, en este caso también me parece algo innecesario), mediante un sistema de proporcionalidad pura, es decir, mediante 32 circunscripciones plurinominales, una correspondiente a cada entidad federativa? De este modo mantendríamos la representación de la pluralidad política de cada entidad (una gran conquista histórica de la transición) y de paso rescatamos el carácter originario que el Senado tenía como órgano de representación del pacto federal.
n: ¿Qué hacer con el eje del financiamiento?
LC: El tema de los montos del financiamiento público ha sido objeto de una larguísima discusión en los tiempos recientes. En efecto, los montos de dinero público que se otorgan a los partidos políticos son muy cuantiosos. En ese sentido, si se quisieran reducir esos montos, bien podría plantearse, además de repensar la manera de calcular la bolsa de dinero que se reparte entre los partidos políticos, una mejor manera de distribución. Así, si el monto de recursos públicos va a ser menor, una mejor distribución (por ejemplo, un 50 % de manera igualitaria y un 50 % de manera proporcional a los votos, en lugar de 30-70 % como ocurre ahora) permitiría no afectar las condiciones de equidad de la competencia, que ha sido una conquista fundamental de nuestro proceso de democratización. En suma, desde mi punto de vista, el asunto fundamental es que si se abre una discusión sobre los montos del financiamiento público, se encuentre una fórmula que no merme su razón de ser histórica como la base de la equidad en la competencia.
Perder los logros que hemos alcanzado en materia de equidad en la competencia electoral por un tema de dinero puede resultar muy costoso en términos democráticos.
n: Tercer eje: ¿cómo reducir el costo de los procesos electorales?
LC: Sin duda sería conveniente reducir el costo de los procesos electorales. Pero eso pasa inevitablemente por aceptar la eliminación o el replanteamiento de algunos de los procedimientos que hoy tenemos establecidos en la ley y que vuelve a las elecciones inevitablemente onerosas. ¿Tiene sentido abaratar los procesos electorales? Desde mi punto de vista sólo si esto es producto de decisiones consensuadas y todos los actores políticos están de acuerdo en modificar algunas de las reglas que hoy vuelven muy complejo y costoso el sistema electoral. Si no, no tiene ningún sentido. La desconfianza histórica en la que se funda nuestro sistema electoral tiene un costo y si eliminar algunos procesos por un tema financiero abre la puerta a dicha desconfianza, no vale la pena ni pensarlo. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que imprimamos boletas en papel seguridad? Tal vez ya no, pero si hay algún partido que se opone a ello, no vale la pena intentarlo; el costo en términos políticos en el futuro sería altísimo. En este sentido: ¿por qué no avanzamos hacia el voto electrónico? Tengamos una gran discusión al respecto, pues hay elementos que ya lo vuelven muy confiable. El INE ha estado recibiendo el voto de los mexicanos desde el extranjero a través de internet y no ha sido un problema; ya estamos instrumentando exitosamente urnas electrónicas de manera acotada pero reiterada. Discutamos si es pertinente avanzar hacia modalidades electrónicas del voto, lo que podría implicar una eventual reducción del costo del sistema electoral, pero bajo la condición indeclinable de que ello no nos genere un problema de confianza.
n: Cuarto eje: la justicia electoral. ¿Le faltan dientes al INE para aplicar las reglas, para fiscalizar los procesos electorales?
LC: Hay dos puntos que englobo en el eje de la justicia electoral.
Primero, la reforma de 2014 le quitó al INE la facultad de sancionar diversas violaciones: a las reglas de la propaganda, al deber de neutralidad con el que deben actuar los funcionarios públicos y a las obligaciones que el sistema de comunicación política les impone a los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación a través del Procedimiento Especial Sancionador. Ahora estos asuntos los investiga el INE, pero los resuelve la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Sin embargo, el INE mantiene la facultad de emitir medidas cautelares en relación con dichas conductas en tanto se realizan las investigaciones correspondientes. En ese sentido, si en un juicio de amparo la suspensión la dicta el mismo juez que conoce el fondo del asunto, ¿por qué no dicta las medidas cautelares la misma instancia judicial que resuelve el fondo del asunto que, además, cuenta con medidas de apremio mucho mayores para hacerlas valer?
Segundo: el secreto ministerial. Nos está pasando lo que ocurrió en la década antepasada cuando con el caso Amigos de Fox se le negó al IFE información del sistema financiero, aduciendo el impedimento que representaban los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Eso se resolvió en definitiva a través de la reforma constitucional de 2007 y se estableció que al IFE no le eran oponibles esos secretos. Hoy tenemos un problema similar que ha impedido al INE avanzar algunos casos emblemáticos, pues las fiscalías le niegan el acceso a sus carpetas de investigación oponiéndole el “secreto ministerial” a pesar de que el Tribunal Electoral ya determinó que al INE no se le puede negar información con ese argumento. Sería bueno, en ese sentido, para evitar ulteriores controversias, que se dejara claro en la ley que el secreto ministerial no puede oponérsele al INE.
n: Quinto eje: es un sistema electoral sobrerregulado. ¿No habría que aligerarlo?
LC: En materia electoral contamos con muchísimas prohibiciones establecidas en la ley. Algunas vale la pena mantenerlas; otras tal vez no. Pongo un ejemplo: somos el único país en el mundo en el que, habiendo introducido la figura de la revocación de mandato, las normas les impiden a los partidos políticos pronunciarse a favor o en contra de la revocación del presidente de la República y a éste defenderse para no ser revocado de su encargo. Desde mi punto de vista es una prohibición absurda, pero está vigente en la Constitución y en la ley, y al INE le toca aplicarla puntualmente. Por supuesto que otras prohibiciones y restricciones tienen sentido y deberían mantenerse, sobre todo con una larga historia de uso indebido de recursos públicos para tratar de incidir en la voluntad de los electores, pero otras, me parece, deberían revisarse.
n: ¿Cuál es la experiencia desde el INE y qué dificultades han tenido, tienen o esperan tener a la hora de entrar a territorios capturados por el crimen organizado?
LC: Yo distinguiría dos dimensiones del fenómeno.
El primero es el de la operación propiamente electoral, es decir, el despliegue de campo que hace el INE, el ir a tocar a las casas de los ciudadanos, convencerlos de instalar las casillas, operar las mismas, incluso el mismo día de la elección. Otra dimensión es la de las campañas electorales.
En la primera hay un control inmediato; nosotros somos los que mandamos a la gente, los que decimos qué hay que hacer, los que tenemos el contacto con los ciudadanos, los que administramos las casillas. La otra, aunque la supervisamos nosotros, depende de factores que no controla el INE, depende de los partidos, de los candidatos. Nosotros no ponemos las candidaturas; las decisiones internas de los partidos políticos no las toma el INE.
El fenómeno de la criminalidad organizada está allí y sería absurdo negarlo. Claro que el INE, en su ámbito de responsabilidad, tiene que lidiar con él.
¿Cuántas casillas dejaron de instalarse por temas de inseguridad? Unas cuantas. Enfrentamos más problemas operativos por razones de conflictividad social que por cuestiones relacionadas con el crimen organizado.
No estoy menospreciando el fenómeno por lo que hace a la operación electoral, pero creo que los problemas están ocurriendo en otra dimensión: la de las campañas electorales.
Hay indicios muy preocupantes de incidencia del crimen organizado, como lo han documentado algunas investigaciones periodísticas, pero no tengo elementos para decir en qué grado está ocurriendo.
Y también, sin lugar a dudas, hay zonas de influencia en donde la criminalidad organizada incluso llega a sustituir al Estado mismo. ¿En qué dimensión está presentándose este fenómeno? Lamentablemente, hay muy poca información verificada. Además, se trata de un diagnóstico que no depende del INE, porque es un fenómeno que trasciende el ámbito electoral y se inscribe en el de la seguridad pública.
Esto debería ser algo que llamara la atención de los partidos, que se debatiera en una mesa de análisis, de diagnóstico, lo que pasó en el 2021, con las instancias de seguridad y que se tomaran medidas de Estado para prevenir que pase esto.
n: ¿Hay algo que el INE pueda hacer en este tema?
LC: Sí y tiene que ver con el control del dinero que fluye a las campañas y a los partidos.
Llama la atención, en ese sentido, que reiteradamente las faltas en materia de fiscalización que implican las mayores sanciones tienen que ver con los gastos no reportados. Casi la tercera parte de las multas que se imponen a los partidos políticos en la fiscalización de las campañas electorales corresponde al rubro de gastos no reportados; es decir: a aquellos objetos de gasto que el INE detecta en el campo y que los partidos no reportaron en sus informes. Es claro que alguien pagó esos gastos. ¿De dónde vino el dinero? Es muy difícil saberlo.
n: Con la amenaza de acción penal contra el INE se cruzó una línea, ¿cuál es la garantía que tiene la autoridad electoral para hacer su trabajo, si tiene la amenaza latente del ejercicio de la acción penal?
LC: Certezas no hay al respecto. Hoy, luego de varios meses de que se presentaron, las denuncias siguen abiertas y continúan su curso.
Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara nos blindó al conceder una serie de suspensiones en el marco de una controversia constitucional presentada por el INE al señalar que las decisiones que tomáramos en relación con la revocación de mandato, en virtud de la insuficiencia presupuestal en la que se colocó al Instituto, no pueden suponer que se nos finquen responsabilidades administrativas, penales o de ningún tipo.
A pesar de eso, las carpetas de investigación están abiertas y, lo peor del asunto, es que no tenemos claridad siquiera de qué se nos denuncia. Lo que sabemos, lo sabemos por las notas de prensa.
Estamos frente a un contexto de debilitamiento del Estado de derecho y eso está siendo usado para tratar de amedrentar a las autoridades, pero también cualquier ciudadano o ciudadana está expuesto a ese abuso.
Hoy algunos miembros del Consejo General del INE somos víctimas de eso: se traspasó una frontera que siempre se había respetado. Las decisiones del INE se litigan si no se está de acuerdo con ellas ante el Tribunal Electoral o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los medios de impugnación establecidos, no por la vía penal. Hay que reflexionar sobre la fragilidad del Estado de derecho. Trasciende lo electoral. Las garantías más básicas enfrentan un enorme grado de vulnerabilidad. Y eso, en un contexto democrático, es sumamente preocupante.
