Con información de Gabriela Villegas
SemMéxico. Cd. de México. 30 de julio de 2018.- Tras una larga lucha política y legislativa, México ha logrado la paridad en sus dos cámaras legislativas. Los resultados de las elecciones celebradas el primero de julio apuntan a un Congreso Nacional integrado por 246 diputadas y 254 diputados, un 49,2% y un 50,8%, respectivamente. En el Senado habrá paridad: 65 mujeres y 63 hombres.
Según Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista telefónica calificó ello no sólo como histórico para el país, sino también para Latinoamérica. Es la primera vez que se logra el reparto equitativo de escaños en ambas cámaras.
Con la confirmación de este resultado, México llegaría a ocupar el tercer lugar en el ranking de presencia femenina entre los parlamentarios de las cámaras de diputados de los 35 países de América Latina, El Caribe y la Península Ibérica, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El primer lugar lo ocupa Bolivia con un 53,1% de mujeres parlamentarias, seguida por Cuba con el 48,9%. España se ubica en la quinta posición con un 39,1% de representantes mujeres. El progreso en la región latinoamericana se da por el sistema de cuotas de género en cargos de elección, puesto en marcha desde 1996 en países como Argentina, Bolivia y Costa Rica.
Un repunte histórico
Las mujeres en el Senado de la República han triplicado su participación en los últimos 18 años. Si en el 2000 había 20 senadoras frente a 108 senadores, en esta legislatura que iniciará el primero de septiembre las senadoras superan por dos escaños a sus compañeros.
En la cámara de diputados del 2018 – 2021, México tendrá casi el doble de mujeres congresistas, pasando de 115 en 2003 a 246 en 2018.
La victoria entre cientos de tropiezos
Al tiempo que se creaba el Instituto Federal Electoral – ahora INE – en 1990, algunas legisladoras iniciaron una lucha por una mayor representación femenina en cargos públicos.
Por aquel entonces, María Elena Chapa Hernández era diputada federal y luego senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La ex legisladora recuerda que en 1991 su única colega de bancada era Silvia Hernández Enríquez. «Siempre he tenido dificultades. Me topaba con una realidad misógina, marginal, discriminatoria de muchos de mis compañeros de bancada, ya sea en la cámara de diputados y la cámara de senadores. Y todavía existen las resistencias», cuenta por teléfono Chapa Hernández, también fundadora del capítulo mexicano del Foro Internacional de Mujeres (IWF, por sus siglas en inglés).
El punto clave del largo proceso de reforma que empezó entonces tuvo lugar en 2014, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma político electoral del Artículo 41 Constitucional, que exige la paridad o 50-50 entre hombres y mujeres al postular a sus candidatas y candidatos tanto federales como locales.
Y de ahí, a las elecciones del pasado primero de julio esto «Es un logro casi utópico, si tú quieres, pero que nos ha motivado mucho el hecho de que las mujeres tienen todos los derechos sin lugar a duda, incluido el derecho humano que es la participación en la política», concluyó Chapa Hernández.
Las cifras negras
Las mexicanas pueden celebrar la paridad en sus representantes, pero se enfrentan a una fuerte discriminación y altos índices de violencia de género. México tiene una de las tasas más altas de feminicidios, de 4,4 por cada 100.000 habitantes. Se estima que siete mujeres son asesinadas al día y sólo el 10% de estos delitos son sentenciados, según el informe «Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985 – 2016» elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación. México también ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La investigadora Freidenberg informó que trabaja con otras académicas, juristas y actores de la sociedad civil para impulsar una agenda por la igualdad sustantiva. La propuesta busca no sólo que se incluyan a más mujeres, sino que también logren altos cargos en bancadas, comisiones y órganos de dirección política y administración pública.
«Necesitamos garantizar el pleno derecho sexual y reproductivo de las mujeres y adolescentes. Necesitamos que se apruebe la Ley de Violencia Política en razón de género», señala Freidenberg, también autora del libro «Cuando hacer política te cuesta la vida», editado por la UNAM y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (2017). «Necesitamos garantizar una vida libre de violencia en todos los ámbitos sociales y políticos», apunta la investigadora.
Otros de los temas pendientes para Freidenberg son el aumento de las penas en temas de acoso, hostigamiento sexual y violencia intrafamiliar y la creación de una defensa jurídica gratuita para mujeres que se dediquen a la política, de cara a que tengan más medios frente a la violencia interna de los partidos o cuando hacen campañas electorales. No obstante, el hecho de que las mujeres hayan conseguido la representación parlamentaria que les corresponde no signifique que los siguientes esfuerzos deban llevarlos a cabo sólo ellas.
Miriam Hinojosa Dieck, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, insiste en que las reformas por la equidad no deben ser una «doble carga» para las parlamentarias. «No deberíamos estar esperando que por la llegada de más mujeres eso se transforme. Deberíamos esperar que la llegada de más mujeres transforme el paisaje político del país, de tal forma que haya un cambio natural, por el cambio de generaciones, en el que a las niñas de este país les resulte una opción natural el ser diputadas».
El próximo primero de septiembre, cuando tenga lugar la toma de posesión de los cargos públicos, elegidos en julio México iniciará una nueva era política en su Congreso y Senado, marcado por la consolidación de una lucha hacia la igualdad de oportunidades políticas.
