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Las mujeres indígenas de América Latina enfrentan crisis sanitaria en condiciones de marginación y exclusión: CEPAL

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  • Ser mujer indígena, triple discriminación, Alicia Bárcena
  • Mínimas las transferencias monetarias para la población más pobre

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 5 de septiembre 2021.- En México al igual que en América Latina los pueblos indígenas principalmente las mujeres padecen las desigualdades estructurales, la discriminación y el racismo configurando un escenario de mayor vulnerabilidad y riesgo frente al COVID-19 y los impactos de la crisis.

Las respuestas estatales brindadas hasta la fecha han sido insuficientes a pesar de las consistentes pruebas de la mayor vulnerabilidad de base con que los pueblos indígenas afrontan la pandemia, y del reconocimiento generalizado en los países de la región de sus derechos individuales y colectivos, incluidos el derecho a la salud y a la vida.

En materia de política social, 29 países de América Latina y el Caribe han adoptado 285 medidas de protección social en apoyo de los hogares más pobres, vulnerables y precarizados.

Las medidas más frecuentes han sido las transferencias monetarias 41,8 por ciento y la entrega de alimentos 19,3 por ciento, seguidas por iniciativas para garantizar el acceso a los servicios básicos de agua, energía, teléfono e Internet, que representan un 16,1 por ciento del total, de acuerdo a los datos de la CEPAL.

El organismo latinoamericano reconoce que no es posible saber cuál ha sido el impacto de estas medidas en los pueblos indígenas, pues no se dispone de información desglosada por pueblo de pertenencia.

Recientemente la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, puso de relevancia la importancia de incluir a las poblaciones indígenas con sus mujeres y jóvenes en los planes de recuperación económica, ya que poseen la llave maestra para una recuperación transformadora post-COVID-19 en base a sus saberes, su conciencia colectiva y su cosmovisión.

En el evento de alto nivel organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), titulado “Desafíos en tiempos de pandemia: Una concertación para el Buen Vivir “.

Recordó que América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia, porque representa el 8,4 por ciento de la población mundial, pero contabiliza 32,5 por ciento de las muertes del mundo por esta enfermedad.

Alicia Bárcena advirtió también que las tensiones y conflictos derivados de la falta de garantías de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las amenazas externas han seguido aumentando. Tan solo del 2015 al 2019 se habían registrado 1,223 conflictos en 13 países de América Latina.

Resaltó la urgencia de visibilizar y condenar los procesos de criminalización de la protesta social indígena ante proyectos de inversión que afectan a sus territorios. Del 2015 al 2019 fueron asesinados 232 líderes y comuneros indígenas en el marco de los conflictos territoriales. Lo que significa que, en promedio, 4 defensores indígenas son asesinados cada mes en América Latina. Esto es grave”, afirmó.

Destacó la relevancia del Acuerdo de Escazul sobre el acceso a la información, la participación pública, y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe   único tratado que protege la vida de los defensores ambientales”, subrayó.

Abundo que “es crucial reafirmar la centralidad de los derechos de los pueblos indígenas, cuyos estándares han sido consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Mujeres indígenas triplemente discriminadas

Por otra parte, Estudios de la CEPAL con datos de ONU Mujeres refiere que nacer mujer indígena puede ser una sentencia a vivir siempre en una situación de pobreza, exclusión y discriminación, debido en gran medida a las circunstancias históricas de marginación.

Además, se agudiza la situación de vulnerabilidad de las mujeres indígenas por la triple discriminación por ser mujeres, indígenas y con pocos recursos económicos en el contexto de una crisis generalizada que más allá de lo sanitario, es una crisis estructural sistémica, económica, migratoria, climática, alimentaria, sanitaria y también de la ciencia.

En México, por ejemplo, se constata que en los municipios predominantemente indígenas que registran índices altos y muy altos de marginación y aislamiento geográfico y social, el riesgo de muerte materna indígena es hasta nueve veces mayor que en los municipios mejor comunicados.

En el caso de México, solo un 30 por ciento de la población indígena de 30 años o más habla alguna lengua nativa y, al igual que ocurre en otros países, las proporciones de hablantes son más altas entre las personas mayores y entre quienes han tenido un acceso más limitado a los distintos niveles de educación formal.

La violencia contra las mujeres y las niñas indígenas es igualmente alarmante, pues se

combinan la violencia de género con la violencia por racismo y por relaciones interétnicas

discriminatorias, que en muchos casos se ven agravadas por la presencia de actividades de explotación de los recursos naturales, los conflictos armados internos o la persecución y criminalización de las defensoras de la vida y los territorios de los pueblos indígenas.

Además, preocupa que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia muchas veces no tengan acceso a servicios de apoyo psicosocial ni a asistencia para denunciar esos hechos.

En el caso de las adolescentes y las jóvenes indígenas, el 45 por ciento notificaron un aumento en su carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados desde el comienzo de la pandemia y las medidas de confinamiento de acuerdo a la Encuesta en Línea de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del contexto de la Pandemia de COVID-19 del 2020.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el 20 por ciento de las jóvenes indígenas expresaron que, a partir de la pandemia, ya no tenían acceso a métodos anticonceptivos en sus comunidades. Esto puede tener una repercusión importante en el incremento del número de embarazos no intencionales, en especial entre los adolescentes señala la encuesta.

Con respecto a la violencia de género, el 53 por ciento de las y los jóvenes indígenas encuestados manifestaron que, en su opinión, la violencia contra las mujeres y niñas se había incrementado durante la pandemia y el 44,4 por ciento dijo no tener acceso a servicios de atención a la violencia, en caso de sufrirla.

Asimismo, es importante destacar la participación de las y los jóvenes indígenas y su papel fundamental en la lucha contra la pandemia en sus comunidades. Esto se refleja en que el 37,6% de los jóvenes indígenas encuestados habían participado en acciones para combatir la pandemia en sus comunidades o ciudades.

Las personas mayores indígenas

Más allá de cualquier cifra, las personas mayores indígenas no solo requieren atención especial por su mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, sino también porque son vitales para la conservación y reproducción de las culturas y los idiomas indígenas, en un contexto de globalización acelerada, especialmente las mujeres indígenas.

Por ello, su posible pérdida podría resultar en una pérdida cultural y lingüística de grandes proporciones para los pueblos indígenas.

De igual forma, se corre el peligro de perder conocimientos tradicionales muy valiosos sobre la fauna y la flora y sus usos, las plagas y las enfermedades, el fuego, el clima y los suelos y cómo todos ellos responden a las prácticas humanas, que contribuyen a la gestión, el aprovechamiento, la restauración y el control de los bosques y la adaptación a situaciones nuevas.

En medio de la pandemia, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a las tensiones y conflictos derivados de la falta de garantías de sus derechos territoriales, cuyas tendencias generales se han analizado en estudios anteriores de la CEPAL.

En varios países, incluidos el Brasil, el Ecuador, México y el Uruguay, el incremento de la

destrucción ambiental ilegal coincidió con la introducción de recortes significativos en los presupuestos gubernamentales de fiscalización ambiental. Si bien esos recortes se habían iniciado antes de la pandemia, se acentuaron con las medidas de austeridad asociadas a ella.

En México, en los primeros meses de la pandemia se notificaron aumentos significativos de la deforestación ilegal en Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala y la península de Yucatán.

En México, varias organizaciones indígenas han interpuesto recursos judiciales contra cinco megaproyectos del Gobierno Federal (el denominado Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas y el Proyecto Integral Morelos), que avanzan pese al rechazo indígena.

Lo anterior se señala en el documento de la CEPAL “El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: Entre la invisibilización y la resistencia colectiva”

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