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Las niñas indígenas: un tesoro maltratado y abandonado por las autoridades

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  • El Centro de Derechos Humanos de la Montaña  replica a la Gobernadora Evely Salgado Pineda
  • La realidad es que las niñas indígenas de Guerrero son maltratadas y forzadas sistemáticamente: ahora en el Senado se dice legislarán

Libertad López

SemMéxico, Tlapa, Guerrero, 29 de julio del 2022.- En las comunidades pobres de la Montaña de Guerrero, principalmente en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, se arraigó la costumbre de los matrimonios forzados de niñas que truncan su vida desde los 12 años, asegura el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan que durante 5 años ha documentado la vida de las niñas forzadas a matrimonios arreglados.

Los padres han normalizado la venta de sus hijas fijando cantidades que oscilan entre los 100 mil a 250 mil pesos. Ello sucede por la pobreza, la falta de educación y el abandono. Hoy, las pocas acciones se han eclipsado.

No hay presupuesto. El 17 de junio se anunció la creación de un Teletón en la Montaña con dinero del Gobierno Federal y de Televisa;  buscan empatía, mientras se recortaron los presupuesto de la Casas para Mujeres Indígenas y se abandonó la Ciudad de las Mujeres, hoy en pleno deterioro. 

Narra el Centro Tlachinollan, que el mismo día que reciben el dinero y hacen la fiesta, las niñas-esposas son tratadas como sirvientas de los suegros y del marido. Las esclavizan por el precio que pagaron por ellas. Quedan sometidas a un régimen patriarcal en el que los padres se vuelven cómplices de las violencias que padecen sus hijas.

En lo cotidiano no pueden reclamar a los suegros las vejaciones que sufren, de lo contrario, tendrían que regresar todo el dinero con intereses, además de ir a la cárcel junto con la hija desobediente.

La gobernadora Evelyn Salgado presentó el pasado 19 de julio,  con bombo y platillo el Protocolo Violeta: Cada minuto cuenta; lo hizo el 19 de julio, en Chilpancingo, hubo muchos aplausos,  pero el  Centro de Derechos Humanos de la Montaña, no fue invitado.

Y pone un solo ejemplo, el de la niña Celia, porque, afirma, sintetiza lo que cada año viven las niñas de la montaña, que define como un Tesoro abandonado. El caso de Celia lo difunde  con todo detalle. Ese que saltó a los medios de comunicación.

Situación de niñas forzadas al matrimonio

El Informe Hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en los Estados que forman  parte de la Convención de Belém do Pará, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, señala que el problema abarca a las regiones pobres, indígenas y abandonadas de América Latina.

En México 26 por ciento de las niñas en esa situación son forzadas a matrimonios tempranos. Así dice el reporte enviado a la Organización de los Estados Americanos. Señala una tasa de 20.7 por cada cien mil habitantes de uniones forzadas; en  2018, a nivel nacional, el 3.6% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o unieron antes de los 15 años, mientras que 20.7% se casaron o unieron antes de los 18 años. Son Niñas. Ahora el Senado de la República prometió legislar.

Historia de Celia

Pero lo cierto es que Celia de 14 años, fue víctima de matrimonio forzado. Su historia que fue noticia nacional cuando la niña, que es madre de un bebé, fue encarcelada con una hermana por la policía comunitaria, que funciona irregularmente en Cochoapa El Grande.

Su suegra la acusó de abandonar a su hijo y la demandó por una cantidad de 160 mil pesos, deuda correspondiente a lo que pagaron por ella. Hoy la  familia huyó de Cochoapa, por temor a sufrir más agresiones y poner en riesgo sus vidas.

Las niñas de la Montaña,  son mujeres y niñas víctimas además de desplazamiento forzado, sin que las autoridades municipales ni del estado les den su seguridad, ni integridad física y bienestar.

En junio del año pasado el tío paterno de Celia, separado del papá, junto con el abuelo materno recibieron el dinero. Prueba, opina el Centro, de que son los hombres mayores quienes siguen imponiendo esta costumbre, sólo ellos pueden negociar los matrimonios de sus hijas menores. Y  son los beneficiarios de estas transacciones económicas. El argumento que dio el tío a la mamá de Celia, es que se iba a encargar de defenderlas si algo malo les pasaba, ya sea con su esposo o con sus suegros.

Al siguiente día de la boda los suegros se llevaron a Celia para que trabajara en los campos agrícolas de Autlán, Jalisco. Además de recolectar chile jalapeño y cargar de a dos costales de 20 kilos sobre sus hombros para estibarlos a los camiones, en la madrugada preparaba el nixtamal, prendía la lumbre, hacía las tortillas y el almuerzo para la suegra, el suegro y el esposo.

Los sábados por la tarde se presentaba puntualmente el suegro con el pagador para recibir de mil 500 a 2 mil pesos que le correspondían a Celia. La suegra  decía que ese dinero era para abonar la deuda de los 160 mil pesos que pagaron por ella. Celia sufría. Las galeras y los campos fueron su infierno que  padeció las 24 horas del día durante 8 meses. El marido no trabajaba. Se emborrachaba y recurrentemente la golpeaba y violaba.

No hay escuela para estas niñas

La mamá y las hermanas de Celia sobrevivían vendiendo atole en el mercado de Cochoapa El Grande. Carecen de tierra para sembrar. Vivían en una casa de madera con piso de tierra y láminas de cartón, en una colonia de la cabecera municipal. Con el dinero que ganaban del atole compraban maíz y sostenían a 3 nietas de 6, 5 y 2 años.

Regularmente se van 6 meses a los campos agrícolas de Sinaloa como jornaleras agrícolas. Trabajan de sol a sol, padecen los maltratos de los capataces; son acosadas sexualmente por hombres que viven en las galeras. Son mujeres monolingües, expuestas a la discriminación y explotación de los mestizos. La familia de Celia forma parte de grandes contingentes de familias pobres de la Montaña que no son beneficiarias de los programas federales de Bienestar.

En estas familias las y los hijos e hijas no estudian,  se los llevan a los campos agrícolas. Los papás y mamás tampoco fueron a la escuela y no es redituable para las familias que no tienen un ingreso seguro. El trabajo agrícola que realizan en sus comunidades es insuficiente para alimentar a la familia durante todo el año.

En las comunidades aparte de que no hay servicio médico, ni  medicinas, escuelas, centros recreativos, deporte, actividades artísticas; tampoco, caminos transitables y se ha perdido eso de  familias jornaleras que promuevan su arraigo y el desarrollo de actividades agropecuarias, para hacer viable la vida en sus comunidades.

Además está el olvido gubernamental y la falta de obras para el mejoramiento de las familias; por ello cierran sus casas y salen de Guerrero  para instalarse en los galerones de los campos agrícolas de Sinaloa y Jalisco, -grandes productores agrícolas de exportación. Ahí viven mal, “en condiciones infrahumanas”.

Después de tener a su bebé en la clínica de Cochoapa Celia decidió huir de la casa de los suegros por la violencia de que era objeto.

Ese atrevimiento lo pagó con cárcel. No hubo autoridad en el municipio que saliera a defenderla. El presidente municipal ni se entera, está ausente durante la semana, y a las mujeres monolingües no les hacen caso.

Dice el Centro que se trata de un estilo que predomina entre los funcionarios municipales de la Montaña y del Estado. Afirma que llegan al poder para dilapidar los recursos públicos y para erigirse en centro de atracción, ignoran demandas planteadas por la población.

Por sus redes sociales “sabemos en qué fiestas andan y en qué clausuras son padrinos”. Los  problemas sociales los evaden. Opine que  la acción gubernamental se ha transformado en un espectáculo y en una pasarela.

Impericia de las autoridades

Ante la indolencia de las autoridades el caso de Celia y varias niñas  víctimas de matrimonios forzados, ha obligado a intervenir al Centro. “Tenemos el gran compromiso como defensoras y defensores de derechos humanos de proteger a las niñas y mujeres” víctimas de las múltiples violencias. Utilizan  las herramientas jurídicas al alcance y emplazan a las autoridades competentes para que cumplan con sus responsabilidades constitucionales.

Consideran que lo prioritario es disuadir el riesgo con medidas de protección que deben implementar los ministerios públicos y jueces. Poner a salvo a las víctimas y atender de forma inmediata sus necesidades más apremiantes.

Observan que  hay inacción y descoordinación de las instituciones públicas. El aparato no está diseñado para atender a la población, “funciona para los amigos y aliados”. Y su drama es que no cuentan con recursos económicos para resolver en lo inmediato las emergencias. Cosas básicas como atender  los traslados de personas a lugares seguros; pago de transportes especiales; compra de alimentos y de medicamentos. Apoyo a gastos para los bebés y las niñas. No hay infraestructura para atender a las familias desplazadas ni para proteger a las niñas que huyen de sus maridos y suegros.

Las autoridades encargadas de investigar los delitos se colocan del lado de los esposos, quienes ofrecen dinero por sus servicios. Asegura el Centro que ha constatado y tiene actas en sus archivos de  actuaciones irregulares de jueces de paz que sin ningún rubor violentan los derechos de las niñas.

Hay jueces familiares y jueces de control que no toman en cuenta el contexto de violencia que viven las mujeres y niñas indígenas de la Montaña.

Por eso en el caso de Celia no valoran su situación de indefensión y su precariedad; ignorando a  mujeres monolingües que no entienden los procedimientos legales. Además de  insensibles y racistas, sus actuaciones determinan arbitrariamente quitarles la guarda y custodia de las infancias. Hacen sentencias que no están sustentadas en las nuevas jurisprudencias que toman en cuenta los principios de progresividad y máxima protección de los derechos de las víctimas. Tampoco se fundan en los más altos estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Lo único que brilla es el dinero.

La Gobernadora

Lamentamos que la gobernadora Evelyn Salgado haya impulsado el Protocolo Violeta sin tomar en cuenta la opinión de los organismos civiles de derechos humanos.

En su discurso de presentación los nombró, pero no se supo a quienes, ni los que participaron en este diseño. Esperan que se tomen en cuenta sus  propuestas y atendido el contexto de violencia que existe en las diferentes regiones del estado, el modus operandi de los perpetradores y los vicios que persisten al interior de las instituciones del gobierno que son obstáculo para avanzar en la protección de las mujeres.

El Centro afirma que la defensa de los derechos humanos ha nacido de las  víctimas, de los movimientos sociales, de los pueblos y comunidades que han sufrido el saqueo, la violencia y el despojo. Desde el dolor y la resistencia han emergido los actores colectivos que han enarbolado luchas emblemáticas para colocar en la agenda pública los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de razas, lenguas, ni posiciones económicas.

Denuncias internacionales sin escucha

Guerrero es un abrevadero de estas experiencias inéditas. Han sido mujeres de la talla de Tita Radilla, de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, mujeres del pueblo Me phaa, quienes nos han dado lecciones de cómo se lucha desde la Costa Grande y la Montaña para llegar hasta la Corte Interamericana y acusar a los perpetradores, como fueron los militares, en los años del terrorismo de estado y en las últimas décadas de la represión política contra los movimientos sociales.

Estas experiencias forman parte del patrimonio intangible de Guerrero, que no las puede tirar por la borda el nuevo gobierno, menos una gobernadora que sabe lo que implica la lucha social, que se ha forjado desde niña en las trincheras de la resistencia social y política.

Para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos en Guerrero es importante escuchar y atender a las víctimas.

El ejemplo de la vida de Celia, deja en claro que las niñas son obligadas a casarse. Sus  madres  también padecen los estragos de la violencia. Por ello, propone, trabajar en las comunidades indígenas. Adentro de la vida comunitaria. Ahora las y los funcionarios gubernamentales se quedan en las cabeceras municipales, hacen eventos públicos entre funcionarios  de diferentes dependencias. Actos que no trascienden en la comunidad.

Las víctimas, mujeres y niñas, ignoran  programas y protocolos que no llegan a sus comunidades ni a sus hogares. Reconoce como avance que la gobernadora Evelyn exprese que su gobierno trabaja en el territorio y no en el escritorio, pero es necesario que el trabajo se extienda a los territorios comunitarios, donde están ausentes las instituciones y donde la situación de las mujeres y niñas indígenas es trágica.

También propone escuchar las voces de la sociedad civil en la defensa efectiva de los derechos de la población más vulnerable, eso es imprescindible. El caso de Celia es un ejemplo claro del distanciamiento que existe entre las instituciones del estado y los organismos civiles de derechos humanos.

Lo que pasaba en el auditorio José Joaquín de Herrera en Chilpancingo, este martes 19 de julio, donde la audiencia aplaudía la iniciativa del Protocolo Violeta, a cientos de kilómetros Celia y su familia estaban en los campos, trabajando, labor  semiesclavizante como jornaleras agrícolas, sin que ninguna autoridad responda por ella como dice la ley.

Celia forma parte de las decenas de niñas indígenas que son un tesoro maltratado por los hombres mayores y por las autoridades.  

SEM/MG            

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