- Berta Cáceres lideró protestas masivas y presentó hasta 33 denuncias ante el Ministerio Público y diversas organizaciones de derechos humanos, lo que habría provocado que el presidente de la empresa DESA viera frustrado su proyecto millonario y ordenara el crimen contra la ambientalista
Por Carolina Domínguez González-Besada
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, España. 5 diciembre 2019.- El pasado lunes se dictó la condena correspondiente a los siete responsables del asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016 en Intibucá. 50 años para cuatro de los responsables y 30 años para los otros tres acusados. La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional fue la encargada de dar a conocer las penas, un año después de que los asesinos fueran declarados culpables.
Según la sentencia, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres fueron condenados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la ambientalista el día del crimen y fue el único testigo del asesinato.
El Tribunal sentenció a 30 años de prisión por asesinato al lugarteniente retirado del Ejército y exjefe de seguridad de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) entre 2013 y 2015, Douglas Bustillo, al biólogo y exgerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez y al mayor del Ejército Mariano Díaz Chávez.
«Los autores intelectuales siguen gozando de impunidad»
Las siete personas fueron capturadas entre 2016 y 2017 durante la operación «Jaguar». El juicio duró cinco semanas y los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia emitieron fallo de culpabilidad el 29 de noviembre de 2018. No obstante, estas condenas no han conseguido satisfacer a Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista asesinada, al considerar que «todavía no hay justicia», porque según ha denunciado, «los autores intelectuales siguen gozando de impunidad, a pesar de que se ha comprobado que la Empresa de Desarrollos Energéticos fue la encargada y responsable de asesinar a Berta Cáceres». Según la investigación, el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres.
«No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia», dijo la madre de la ambientalista. Muy afectada, quiso destacar: «Estos bandidos van a la cárcel a pudrirse» pero «a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar». La familia de Berta Cáceres ha querido dejar claro que la empresa Desa, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los «autores intelectuales» del crimen de la ambientalista.
Para conseguir parar ese proyecto, Berta Cáceres lideró protestas masivas
Hay que recordar el hecho de que esta empresa hondureña era la promotora del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» contra la que luchó Cáceres. Un proyecto de grandes dimensiones que fue aprobado por el Gobierno instaurado tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. Así, Cáceres, quien en el momento de su muerte era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), logró paralizar esta infraestructura liderada por Roberto David Castillo.
Castillo fue detenido el 2 de marzo de 2018 y pendiente del proceso penal, logró la concesión durante 20 años del Río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, de origen Maya.
Para conseguir parar ese proyecto, Berta Cáceres lideró protestas masivas y presentó hasta 33 denuncias ante el Ministerio Público y diversas organizaciones de derechos humanos, lo que habría provocado que el presidente de la empresa DESA viera frustrado su proyecto millonario y ordenara el crimen contra la ambientalista, quien murió a tiros en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza (Intibucá).
Según el abogado de Desa, Robert Amsterdam, «no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas».
La familia y defensa de Berta Cáceres sigue exigiendo castigo y que se capture a los autores intelectuales del crimen, en el que aseguran que no solo se trata de David Castillo.
