- El proyecto se presentó anoche en el Senado de la República, incluye lenguaje y contenido de género y deberá expedirse en las próximas 5 semanas.
- Hoy el 70 por ciento de los litigios en México, se da entre particulares, por controversias de carácter civil y familiar.
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 15 de marzo del 2023.- En 24 horas los tribunales deberán hacer efectivo el pago de alimentos y resolver medidas de protección cuando en un hogar haya violencia, se agilizan los trámites de divorcio de mutuo consentimiento en una sola audiencia, herencias y adopciones con sentencias ágiles, todo vía digital y sin corrupción, ofrece el último borrador del proyecto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, único y para toda la República.
En contenido pone en el centro la protección a la infancia; tiene herramienta para cómo resolver rápidamente lo que se conoce como violencia vicaria, audiencias para niños y niñas sustraídas por el ejercicio de poder. Este nuevo código, se dijo, trastoca lo establecido desde el primer Código Civil de 1804 o el reformado tras la Revolución Mexicana de 1931. Moderno y subido a la revolución tecnológica, habrá justicia a distancia, con audiencias virtuales y aseguraría procesos ágiles y justicia expedita.
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En una espectacular presentación en el Senado de la República, se dijo que la iniciativa del nuevo código establece cambios de fondo, abrevia los procesos, algunos que tardan hasta 15 o 20 años, se incluye la oralidad en todos los procedimientos, se introducen en todos ellos la justicia con procesos, “menos formales” para mayor agilidad en los juicios, así como, protección a las familias de desaparecidas y desaparecidos, incluyendo juicios colectivos, como en los casos tan dramáticos cuando se asemeja la desaparición o ausencia con la muerte.
La justicia digital, -dejar fuera el culto al expediente- el cambio será por etapas, se dijo, busca además evitar la corrupción, las trampas y lo que significa la intermediación, que, en el caso de la justicia para las mujeres y sus hijos e hijas, prevalece el tráfico de influencia y la empatía masculina. Hay plazos para las sentencias y protección a los derechos humanos.
Para enfrentar los problemas de los conflictos entre particulares, de una deuda, una herencia o un problema condominio, con un retraso de 5 años luego de una reforma constitucional, en abril próximo deberán entrar en vigor y será único para toda la República. Es un cambio paradigmático que se elaboró de manera plural y amplia. Tanto que se llegó a decir que participaron representantes de toda la República, haciendo honor a la visión federal.
Introduce el sistema oral de justicia, la implementación de expedientes digitales para todos los casos, -menos papel- todos los edictos serán digitales y ya no se publicarán en los periódicos; en el tiempo desparecerán los expedientes de miles de hojas.
Se destacó que se trata de un proyecto donde fueron escuchadas personas, grupos, asociaciones civiles y de manera destacada a jueces, juezas, abogados, abogadas y especialistas. Se hicieron foros de justicia cotidiana, parlamento abierto, jornadas de trabajo de 4 a 12 horas, como destacó la diputada Aleida Alavés; además sin prejuicios se adoptó la visión académica, sin discriminación, como la del CIDE -debilitado en esta administración- para que la visión del Código considera la justicia cotidiana, la que busca la gente para resolver litigios de la vida diaria, de las relaciones personales y que no involucra delitos que requieran procedimientos penales.
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Del proyecto preocupa, según dijeron una docena de oradoras y oradores, luego de la introducción de la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, que este código no podrá operar si no se le dota de recursos suficientes para operarlo, si no se difunde para ser adoptado por la gente y si no se capacita a las y los operadores; también deben considerarse aumentos salariales para quienes operan esa justicia cotidiana; se abrirá una plataforma en lo inmediato y se propone que se darán 4 años de gracia a las 32 entidades de la República, para que hagan ajustes, creación de juzgados y sus declaratorias, lo que se llama “la vocatio legis”.
La iniciativa del nuevo código se dijo “cambia radicalmente” todo el sistema de justicia civil y familiar, e incorpora lenguaje y contenido de género en sus mil 200 artículos, divididos en 10 libros, y 20 artículos transitorios.
Busca resolver una realidad como que el 70 por ciento de los litigios en México son de carácter civil y familiar, conflictos que deben resolver un tribunal o un juzgado cuya resolución puede tardar años, con costos económicos y de salud física y mental; busca responder a la desconfianza en los tribunales del 75 por ciento entre la ciudadanía, porque sólo se resuelven 10 por ciento de los casos y 57 por ciento. Y también la tragedia encabezada por las mujeres que tienen familiares desaparecidas y desaparecidos, destacó el senador Emilio Álvarez Icaza, exfuncionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para resolverlo, tras 10 meses de discusión, foros y parlamento abierto, se llegó a una propuesta, entre la diputación y el Senado de la República, se construyó una propuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sobre justicia cotidiana.
Violencia contra las Mujeres
¿Qué tiene que ver esto con la violencia contra las mujeres? Que de acuerdo a la Red Nacional de Refugios (RNR), sólo en los últimos dos años aumentó 55.59 % y qué tiene que ver con la niñez violentada y los divorcios sin apoyo, que 2020, según el INEGI, se registraron cerca de 100 mil; de los cuales 90 por ciento fueron resueltos en tribunales y 50 por ciento tuvo demanda de alimentos ¿Y qué tiene que ver esto con la disputa por la patria potestad?
Legislar para todo el país, como mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2017 y que debía acatar en 180 días el Congreso de la Unión, hace 5 años, se anuncia como la reforma más trascendente que se hará en el Congreso de la cuarta transformación (4T).
La realidad
Ahora los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias, por lo que la justicia cotidiana requiere atención urgente; existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente, como concluyen participantes a los Foros de Justicia Cotidiana, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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Mientas, una mujer puede estar esperando años el pago de alimentos o la solución de un divorcio; una familia la sentencia sobre una herencia o lo que le sucederá después de un desalojo. Cosas parecidas suceden en casos mercantiles. Se llama justicia cotidiana.
Fuera de los juzgados, sólo en la Ciudad de México, en la calle de Balderas, lo que se mira es gente, mucha, todos los días, un cúmulo de “gestores”, “gestoras” y una mole de concreto llena de expedientes en espera.
Características generales
La iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, fundado en este proyecto, que se presentará como una nueva iniciativa, dijeron las senadoras, senadores y la diputación que tiene el propósito de contar con procedimientos homologados en todo el país, para dirimir las controversias entre particulares.
Las comisiones de Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados, el Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana y el Grupo Técnico Revisor presentaron el documento, que prevé procedimientos expeditos y uniformes en materia de justicia cotidiana.
Además, el proyecto minimiza las formalidades en las actuaciones judiciales, elimina la diversidad de criterios sobre una misma institución procesal, y establece políticas públicas para mejorar de manera transversal, la administración e impartición de justicia civil y familiar.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, confío en que, gracias al trabajo en conferencia de ambas Cámaras, en los próximos días espera la aprobación de este, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el proyecto de este código responderá a una realidad en materia de derecho procesal y permitirá resolver problemáticas en la impartición de justicia, de manera pronta y expedita.
El proyecto, dijo, quedó integrado por mil 200 artículos, dividido en 10 Libros, así como un régimen transitorio compuesto de 20 artículos. Destacó que “la vacatio legis de este ordenamiento será de cuatro años, tiempo en que las y los operadores jurídicos y las entidades federativas podrán hacer sus declaratorias”.
Detalló que la estructura del ordenamiento se compone de: Libro Primero, Sistema de Impartición de Justicia en materia civil y familiar; Libro Segundo, del Procedimiento Oral, Civil y Familiar; Libro Tercero, de la Justicia Civil; Libro Cuarto, de la Justicia Familiar; Libro Quinto, de los Juicios Universales; Libro Sexto, de las Acciones Colectivas; Libro Séptimo de los Recursos.
Así como el Libro Octavo, de la Justicia Digital; Libro Noveno, de la Sentencia, Vía de Apremio y su Ejecución; y el Libro Décimo, de la Cooperación Procesal Internacional.
Sánchez Cordero consideró que “el Código marcará, sin duda alguna, un hito en el sistema de impartición de justicia a lo largo y ancho del país, toda vez de que se trata de una reforma de gran calado, incluso, mayor a la que representó la correspondiente reforma al Sistema Integral de Justicia Penal del 2008, que culminó con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, del 5 de marzo de 2014”.
Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, enfatizó que con este proyecto se pretende lograr justicia cotidiana para las mexicanas y mexicanos, completa, parcial y gratuita, así como un sistema de justicia oral, homologación de normas procedimentales, protección del interés superior de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.
Además de una justicia con perspectiva de género, acompañamiento e inmediatez de jueces/juezas, magistrados y magistradas, postulantes, otras y otros operadores jurídicos en los procesos civiles y familiares, la implementación del juicio en línea, de audiencias a distancia, expedientes y firmas electrónicas, recursos financieros, humanos y tecnológicos para su implementación.
Se trata, dijo, de una legislación a la par de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues promueve el uso de figuras como la mediación para liberar la carga de trabajo de los tribunales, y finalmente promover un sistema de impartición de justicia civil y familiar que respete y garantice los derechos humanos.
“Si no acompañamos esta pieza legislativa con mayores presupuestos, corremos el riesgo de no alcanzar cabalmente los objetivos”, advirtió Espino de la Peña.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, dijo que esta es la pieza jurídico-legislativa más importante de este Periodo Ordinario de Sesiones. “Que se recupere el sentido de la República con los gobiernos de los poderes estatales y no sólo el Congreso de la Unión, quienes están desde los estados libres y soberanos den su aporte, su visión, hace otra diferencia muy significativa”.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, destacó que se le va a entregar al país un instrumento legislativo que le servirá a la sociedad para garantizar su acceso a la justicia.
“No podemos aspirar a tener una sociedad en paz, en armonía, si no hay justicia”, pues es clave para la gobernabilidad, ya que se traduce en que un ciudadano y ciudadana pueda dirimir sus controversias, y la materia civil y familiar constituyen el 70 por ciento de los litigios que se registran en el país, expresó.
La diputada Aleida Alavés Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo en materia de Justicia Cotidiana, destacó que esperan que esta legislación sea una herramienta eficaz para la resolución de las controversias sometidas al conocimiento de las y los juzgadores en materia civil y familiar.
Y que sirva como un mecanismo de pacificación social, “este es nuestro principal propósito”, que sea un trabajo real de conferencia, para que una vez aprobado aquí en el Senado el dictamen, México cuente con Un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, antes de que finalice el Periodo Ordinario de sesiones, subrayó.
Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, coincidió en que se trata de una legislación de gran calado, que generará muchos comentarios, por ello, confió en que los posibles cambios para mejorarla se realicen en los próximos días.
También se pronunció sobre el presupuesto de los estados, para que este nuevo Código pueda implementarse, tomando en cuenta que las entidades llevan la mayor carga de los juicios.
El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, señaló que uno de los anhelos más buscados durante los “Diálogos por la Justicia Cotidiana, Diagnósticos Conjuntos y Soluciones”, fue encontrar una justicia más cercana a las personas que facilite la convivencia armónica y la paz social.
“Se necesita no sólo que los Tribunales protejan al indefenso e indefensa, sino que lo hagan de manera expedita y, principalmente, que nuestros conflictos se resuelvan de fondo y todos tengan certeza sobre sus derechos. Hoy se requiere un concepto de justicia mucho más amplio, que el que tradicionalmente ha tenido nuestro país. En ese eslabón, el primero, el más cercano, es la justicia cotidiana”, afirmó.
SEM/MG
