Mujeres

Marcela Lagarde plantea los desafíos en el próximo periodo legislativo

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* Es necesario volver a la AVGM a su origen al tiempo de medidas integrales

* Hacer efectiva la paridad, los derechos sexuales y reproductivos

* Urge una reforma educativa con perspectiva de género

SemMéxico, Cd. de México, 27 de agosto, 2020.- Por la importancia de su punto de vista publicamos texto íntegro, de la presentación del Informe De los Discursos a los Hechos: “Violencias contra las mujeres y la ausencia de políticas gubernamentales para garantizar una vida libre de violencias antes y después del COVID-19”. Publicado hoy por la Red Nacional de Refugios, AC

Marcela Lagarde y de los Ríos:

El derecho a una vida libre de violencia se articula con el derecho a la salud y este a su vez se despliega con el derecho a la educación, el derecho al agua, a la alimentación sana y a la no contaminación, el derecho al trabajo y al salario y al mínimo vital, y así podría seguir con cada derecho humano hasta completar el nuevo paradigma de Desarrollo humano sustentable, democrático y libertario.

Este ha sido el paradigma feminista hace más de dos siglos. Ha alentado la causa de las mujeres y se ha tornado en cambios profundos y formales en la organización social de género. Duele cada muerte ocasionada en los últimos seis meses, por el coronavirus, Sars-Cov-2. Duele cada muerte evitable ocasionada ya no sabemos desde cuando, por la violencia patriarcal. 

Ambas muertes, tienen hondas raíces y tienen un soporte social. Desmontar los apoyos sociales a ambas causas de muerte violenta y precoz, permitirá caminar a favor de su erradicación.

El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia contiene la máxima aspiración de mujeres y niñas y su anhelo más profundo: vivir sin miedo y sin violencia. 

Generaciones de feministas han caminado un trecho más en la realización de ese derecho y del conjunto de derechos humanos indivisible, intransferible e impostergable. Es complicado lograrlo en una sociedad estructurada en torno a la violencia entre hombres y contra mujeres y niñas y niños. 

La misoginia ligada al supremacismo machista y patriarcal conforman un mecanismo que sostiene la reproducción de normas violentas en la convivencia y la dominación de las mujeres y lo femenino. La violencia contra mujeres y niñas es tolerada al amparo de ideologías normalizadoras de la desigualdad, la discriminación y la violencia.

El Estado mexicano fue calificado culpable por no garantizar el derecho a la vida segura, libre de violencia de varias niñas en Campo Algodonero, Chihuahua, promovido por familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido la primera sentencia de culpabilidad de no garantizar al derecho de las mujeres a la vida libre de violencia, emitida en un juicio de un tribunal, sobre un Estado.

Que el Estado mexicano fuera culpable, no debe sorprendernos. Las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas del siglo XX habían señalado la grave responsabilidad del Estado al incumplir su obligación de garantizar ese derecho humano, del que dependen otros derechos humanos. En la actualidad, hay un déficit de intervención y de diseño e implementación de una verdadera política para prevenir, y evitar, atender, perseguir el delito, lograr el acceso a la justicia para las mujeres, reparar los daños.

Esa sentencia, abarca mucho más de lo escrito. Incluye a miles de mujeres y niñas víctimas de feminicidio en todo el país, que no han llegado a juicio, las decenas de miles de huérfanos hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, miles de mujeres jóvenes se contabilizan en el rubro de mortalidad materna, víctimas de desatención a su salud y su desarrollo, sólo representadas simbólicamente por las tres niñas del Campo Algodonero. 

Cuando inició la pandemia del coronavirus, los movimientos feministas manifestantes en esas fechas denunciaban lo que hoy se considera también como una pandemia. Desde 2006 construimos una ley excepcional para enunciar y garantizar ese derecho: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para dotar al Estado y a las mujeres de una política integral diseñada desde una perspectiva de género aplicable a través de la política de derechos humanos. Iniciamos al mismo tiempo, la causa por aterrizar una política gubernamental de emergencia para enfrentar el problema reducirlo y erradicarlo.

Llevamos 13 años impulsando las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, que se han declarado en más de la mitad de las entidades federativas. En este proceso encontramos enormes resistencias ideológicas, así como simulación por parte de gobernantes y funcionariado, incluso de segmentos sociales y partidistas que han boicoteado la implementación de esa política que es sólo un mecanismo de emergencia y no fue diseñada para realizar toda la política gubernamental. 

No se agota en emergencia, precisa de permear el todo social, estatal, político, jurídico y cultural. Cambian las tendencias políticas de los gobiernos y no ha habido un impulso estructural para eliminar las desigualdades con las que debemos enfrentarnos las ciudadanas. Nos esforzamos por impulsar una política integral con perspectiva de género.

Es importantísimo que en el próximo período de sesiones se avance en las reformas legislativas para hacer eficaz la Alerta, y también para implementar la política integral tal como está contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y hacerlo al articular y hacer vigentes la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para enfrentar la Trata de Mujeres Niñas y niños.

Es necesario cuidar los avances en derechos sexuales y reproductivos, en la eliminación de la desigualdad y la discriminación, y el fomento a la igualdad sustantiva y la paridad efectiva en política.

 La Ley contiene políticas y acciones institucionales, la obligación de promover la igualdad federativa entre los derechos de las mujeres de las entidades. Es preciso que los principios de no discriminación, equidad e igualdad se plasmen en un presupuesto suficiente y progresivo para la transformación institucional necesaria y para cada programa y protocolo de atención social.

En tiempos de pandemias, urge la gobernanza con perspectiva de género, legislar con perspectiva de género, hacer política con perspectiva de género. Sumar y conectar avances como la aprobación de la paridad en varios niveles de la participación política, así como la visibilización de la violencia política contra mujeres, contra comunicadoras, contra defensoras de derechos humanos.

Las instituciones políticas, gubernamentales y civiles tienen que concientizar, proteger y garantizar su compromiso de tolerancia 0 a la violencia política contra mujeres.

Las universidades e instituciones de investigación están trazando su reforma con perspectiva de género feminista para abrir áreas académicas, posgrados, seminarios permanentes multidisciplinarios, en las políticas de Derechos Humanos y erradicar la violencia en los campus universitarios. Nos esperan procesos formativos que permitan el impulso de mentalidades modernas democráticas e igualitarias, una más profunda reforma educativa y de los medios de comunicación, para convertir los Derechos Humanos en el sentido común de las personas y de las comunidades y las instituciones. Habrá que profundizar.

 En las últimas décadas, hemos diseñado políticas públicas, normas, leyes, delitos, hemos urgido a quien corresponda, el diseño de políticas de prevención de la violencia, de atención profesional a quienes han sido víctimas de violencia y su acceso a una justicia justa, sin dilación ni misoginia, con jueces justos y consientes de las teorías científicas que permiten abordar el problema y actualizar el Derecho y los mecanismos e instituciones de Justicia con una perspectiva democrática.

La violencia contra mujeres y niñas se da por la violación a sus derechos humanos, florece en las desigualdades de género, opción y preferencia sexual, edad, clase, raza, etnia, condición de salud y capacidad, condición legal, y territorial, incubadas en la sociedad patriarcal y cobijadas en el Estado también patriarcal, son las desigualdades.

 La violencia se ejerce para someter, controlar, dominar, dañar a mujeres y obtener satisfacción, ganancia o goce al hacerlo, y también para confinarlas como objetos sin conciencia ni condición humana, disminuirlas y eliminarlas con daño y sufrimiento. 

Nos dicen que en confinamiento han aumentado las denuncias en las líneas de emergencias las denuncias de violencias, se trata de violencia física, sexual, psicológica, familiar, laboral, en la vía pública, en las redes sociales y las virtuales. Se trata del incremento de embarazo de adolescentes, embarazos no deseados, producidos en hacinamiento y una vida dictatorial de supremacismo patriarcal en segmentos sociales.

Nos dicen que han aumentado los feminicidios en segmentos sociales. Si no se enfrentan las múltiples combinaciones de fenómenos que conducen a la pandemia de coronavirus y las que concurren en la pandemia feminicida, las pandemias se potenciarán. 

Requerimos acciones de emergencia, fortalecer la Alerta de Violencia de Género, tanto, como requerimos vacunas, agua, alimentación, medicamentos y servicios de salud, para enfrentar con éxito al coronavirus y nuestras vidas. La causa de la erradicación de las violencias, de los feminicidios, de las violencias sexuales, y otras más, consiste en ampliar y asegurar el goce de las mujeres de los derechos humanos. 

El Estado, puede dejar de ser parte del problema y transformarse de fondo en el conjunto de instituciones políticas que sostiene una vida segura, colmada, plena, cuidada por cada persona, por la comunidad y por el Estado. Y un Estado reformado hasta extirparle su patriarcalismo mediante un compromiso ético con la igualdad en la convivencia comunitaria, y la gobernanza democrática.

¡Por la vida y la libertad de las mujeres!

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