Cobertura especialInternacional

Más de 14 décadas para que América logre la paridad de género sino se acelera el paso

672 Vistas

Cuando las mujeres gobiernan hay mayor impacto positivo en todo:  la productividad, bienestar social y desarrollo

La muestra fue la innovación y la capacidad de respuesta, de algunas jefas de Estado o Gobierno, durante la pandemia del COVID-19.

Astrid Espinoza Nieto

SemMéxico. Ciudad de México, 16 de junio, 2022.- De continuar las cosas como están actualmente en materia de equidad de género, los países que conforman el Continente Americano, tardarán más de 145 años en lograr la paridad de género en la política, según datos del Global Gender Gap Report 2021, advierte Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres.

Presentada en la reciente Cumbre de las Américas, la publicación titulada “Un llamado a la Acción para Impulsar el Liderazgo de las Mujeres y la Democracia Paritaria en las Américas”, ‘a la escasa presencia de mujeres en la toma de decisiones, por los impactos diferenciados de la pandemia por covid-19, tomará 135,6 años cerrar la brecha de género en todo el mundo.

Discutida en una mesa especial en Los Ángeles, planteó que el desarrollo, la economía, la justicia, la salud, la educación, la paz y seguridad, fueron concebidas desde una perspectiva ajena a las necesidades específicas de las mujeres, ignorando el activo de sus aportes para la sociedad.

Y para muestra, un botón. Las mujeres ocupan en promedio el 34.6 por ciento de los escaños en los Congresos de las Américas, mientras que el 24.9 por ciento de los cargos en los gobiernos locales de la región y un escaso 15.5 por ciento en de las alcaldías, en América Latina, donde 5 países han legislado sobre paridad, entre ellos México.

Este análisis advierte que no habrá recuperación de la crisis planteada por el covid19 sin el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, hoy inconcebible sin las mujeres en la toma de decisiones. Y llamó al diálogo y la acción de los gobiernos de las américas para empujar el proceso paritario desde una política de Estado.

El Retroceso

En los últimos treinta años, sólo catorce mujeres han sido Jefas de Estado y de Gobierno en América Latina y el Caribe y pasó de  la región con el mayor número de Jefas de Estado y de Gobierno del mundo en 2014  (cinco mandatarias simultáneamente),al hoy donde  únicamente Honduras cuenta con una mujer presidenta; dos mujeres son jefas  de Estado en Barbados y Trinidad y Tobago, dice el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, que surgió con el compromiso de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El documento señala que el liderazgo de las mujeres constituye un elemento transversal en todas las discusiones, pero tiene una particular relevancia en relación con la gobernabilidad, puesto que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones es fundamental para la democracia, el desarrollo sostenible y la recuperación de la región.

Recuerda que los estados tienen obligaciones y compromisos con los derechos humanos de las mujeres, asumidos en los instrumentos internacionales, en los acuerdos de las distintas conferencias mundiales y regionales -incluida la última Cumbre de las Américas-, lugar donde se presentó este documento y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En este sentido, el organismo internacional creado a raíz de la “VIII Cumbre de las Américas para impulsar el liderazgo de las mujeres”, destaca que existen desafíos pendientes para alcanzar la paridad, la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres que todavía enfrenta resistencias y encuentra obstáculos.

Considera que la aspiración es alcanzar una democracia paritaria en la cual, la igualdad sustantiva y la paridad sean ejes vertebradores de las transformaciones impulsadas por estados inclusivos.

Abordar el liderazgo de las mujeres implica reconocer el aporte de la diversidad y el valor de la pluralidad en la gobernabilidad democrática. Los espacios de toma de decisión se enriquecen cuando la diversidad de las personas y sus diferentes identidades, experiencias y aportes son reconocidos e incluidos en diálogos participativos y reflejados en las agendas.

Reconocer el valor se su liderazgo

Asimismo, es fundamental reconocer que, si bien los liderazgos de las mujeres son diversos y no todos impulsan una misma agenda, a lo largo de sus vidas las mujeres experimentan múltiples formas de discriminación basada en género, y existen desigualdades estructurales que impactan en sus perspectivas, intereses y propuestas.

Para el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, la inclusión de sus voces en los debates y espacios de toma de decisión resulta, por lo tanto, fundamental para el avance de agendas que buscan transformar siglos de asimetrías de poder.

El documento señala que la evidencia muestra que el ejercicio femenino en cargos políticos genera más recursos a la inversión social, hay mayor preocupación por el bienestar social y la protección jurídica, y aumentan la confianza ciudadana en el gobierno.

Asimismo, las participaciones de las mujeres en las decisiones públicas tienen un impacto positivo en la productividad, la innovación y la capacidad de respuesta, tal como ha sido destacada a nivel internacional la gestión de algunas jefas de Estado o Gobierno alrededor del mundo durante la pandemia del COVID-19.

En el contexto de la pandemia del COVID-19, cobró mayor reconocimiento y valoración el liderazgo de las mujeres en la primera línea de la respuesta. Por ejemplo, en el sector de la salud, las mujeres son más de la mitad del total de profesionales médicos y nueve de cada diez profesionales de enfermería de América Latina y el Caribe, quienes muchas veces forman parte de categorías de personal con remuneraciones básicas, con autonomía mínima sobre flexibilidad en el trabajo y con una mayor exposición de riesgo a infecciones y contagios.

Pero esta crucial contribución en el cuidado de la salud tuvo en contraposición una participación limitada en la toma de decisiones sobre la respuesta durante la pandemia.

No obstante, lo anterior, el organismo internacional reconoció algunos avances entre los que destacan el hecho de que nueve países de América Latina tienen norma de paridad en su legislación electoral y otros nueve cuentan con leyes de cuota entre el 20 y el 40 por ciento de representación por sexo en las candidaturas electorales, lo que ha contribuido de manera importante al avance hacia el equilibrio representativo en la política.

México

De México destaca la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo”, que establece el mandato de paridad para todos los cargos de los tres poderes del estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en la administración pública, como las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

Por su parte, y gracias también a la fuerza del movimiento feminista y las mujeres en espacios de decisión, Chile aprobó una ley de paridad para las elecciones de convencionales constituyentes logrando con ello la primera Constituyente paritaria del mundo.

En 2020, Ecuador aprobó reformas a su ley electoral entre las cuales se dispone la paridad de género en el encabezamiento de las listas para las elecciones seccionales (provinciales, municipales y parroquiales), aunque se aplicará progresivamente: el 30 por ciento en 2023, y el 50 por ciento en las elecciones de 2027.

En Costa Rica se dio una jurisprudencia emblemática en la interpretación de la Ley de Paridad por parte del Tribunal Electoral, lo cual permitió extender el concepto y las garantías a la paridad horizontal en el encabezamiento de listas electorales plurinominales, tanto para los cuerpos deliberativos de los municipios como para las diputaciones.

Perú estableció en 2020 que las candidaturas a las gubernaturas y vicegubernaturas regionales de las organizaciones políticas deben respetar la paridad y alternancia y que, del total de circunscripciones, la mitad debe estar encabezada por una mujer o un hombre.

Por otro lado, la violencia contra las mujeres en la vida política es un obstáculo importante a su participación y empoderamiento.

En este sentido, se destaca la incidencia estratégica de las mujeres municipalistas de Bolivia, quienes, a través de sus denuncias y abogacía, hicieron visible el acoso y la violencia contra las mujeres candidatas y representantes del ámbito local y nacional, lo que contribuyó a la aprobación de la primera ley específica de la región contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres en 2012.

Este avance fue inspirador a nivel regional y mundial, tanto que en la actualidad ya once países de América Latina cuentan con alguna medida legal para el abordaje de esta violencia, ya sea vía leyes específicas o mediante su incorporación en otros marcos normativos.

En estos procesos, ha sido relevante la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, que proporciona a los Estados el marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém do Pará y que ha servido de fundamento para la mayoría de las leyes aprobadas en la región.

Los Desafíos

Sin embargo, de cara a la “XI Cumbre de las Américas sobre los desafíos para la gobernabilidad democrática en la región y la participación de las mujeres en ella”, la publicación insiste en la necesidad de acelerar el paso y plantea trabajar en:

  1. Redoblar los esfuerzos y el compromiso para que la paridad de género sea una política de Estado y para asegurar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los puestos de toma de decisiones en todos los poderes y ámbitos del Estado, incluido el poder judicial, y en los gobiernos nacionales, sub nacionales y locales, por medio de iniciativas y medidas legislativas y de carácter electoral que garanticen la representación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos y niveles del poder político.
  • Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado.
  • Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA
  • Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.
  • Alentar esfuerzos sostenidos para garantizar, desde un enfoque interseccional, la protección de los derechos humanos de las mujeres que participan en la vida política y pública, de las defensoras de los derechos humanos y de las mujeres periodistas y condenar la violencia política contra las mujeres, incluida la que se ejerce contra ellas cuando acceden a los espacios de toma de decisiones.
  • Impulsar medidas, incluyendo las presupuestarias, para posibilitar que las defensoras de derechos humanos, en especial de derechos políticos y las organizaciones feministas y de mujeres reciban el apoyo y la protección de las instituciones del estado, incluyendo asegurar su participación en los procesos de elaboración de políticas públicas y acceso a la justicia.
  • Impulsar sistemas integrales de cuidado, desde las perspectivas de género, derechos humanos, e interculturalidad, que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad y que incluyan políticas articuladas en materia de tiempo, recursos, prestaciones y servicios públicos universales y de calidad para satisfacer las distintas necesidades de cuidado de la población.

Para las 13 instituciones que conforman “Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres”, la IX Cumbre de las Américas representó una gran oportunidad para renovar los compromisos y las obligaciones de los estados para el fortalecimiento de la democracia paritaria y el logro de la igualdad sustantiva.

Por lo anterior, hace un llamado a la acción para impulsar el liderazgo de las mujeres y la democracia paritaria en las Américas. De lo contrario tendrán que pasar más de 14 décadas para lograr el objetivo, lo que mantendrá a las mujeres en una situación lastimosa y de desventaja.

Comment here

Accesibilidad