Ejecutivo

Medidas de protección urgentes para mujeres indígenas en materia de violencia política en razón de género

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  • Conversatorio propiciado por el Instituto Nacional Electoral, para examinar problemas
  • Urge capacitación a todos los niveles sobre delitos de violencia política, concluyen  expertas   

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 01 de diciembre 2020.- Las autoridades electorales deben tener un  rol real, efectivo, eficaz e integral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género,  no simulado, de la misma manera que el compromiso manifiesto por  funcionarias, políticas y activistas, se dijo  en el Conversatorio sobre sobre “Atención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género” con vistas a las próximas elecciones del 2021.

Plantearon crear urgentemente  una ruta de protección para las mujeres indígenas en razón de género, como lo dijo r Marina Iyalli -Tukarima- Carrillo Díaz, síndica del municipio del Nayar en Nayarit, al relatar cómo después de más de tres a cinco horas de camino que les toma a las víctimas llegar a la autoridad de primer contacto para denunciar y solicitar protección por violencia política, éstas desconocen que es un delito, y  en los raros casos que dan protección  cautelar a la víctima, esta sólo llega a las cabeceras municipales y no dónde viven y transitan las víctimas.  

La síndica se dijo creyente de las instituciones y expresó su confianza para pronto sea creada  una Defensoría para la Protección de las Mujeres Indígenas.

Tanto la consejera electoral Adriana Favela Herrera , como la ex magistrada electoral  Mary Carmen Alanís Figueroa,  hablaron de la revictimización a la que se somete a las mujeres cuando denuncian actos de violencia, ellas se enfrentan a actos lamentables, dijeron.

Detallaron que muchas mujeres, cuando  deciden participar en política, se las  inhibe y cuestiona.   En muchos  casos les dicen ¡Para que te metes en un espacio de hombres!, y ello sucede igualmente, narraron, desde sus partidos, donde  las discriminan, no les proporcionan recursos para sus campañas, las mandan a lugares donde es doblemente difícil ganar elecciones.

La consejera nacional del INE Adriana Favela Herrera, consideró  que se ha avanzado mucho, se cuenta  con un marco legal sobre delitos de  violencia política, pero falta mucho por hacer, como el trabajo de acompañamiento a las víctimas y, puntualizó, que como autoridades electorales están comprometidas a cambiar esta situación, principalmente porque en la renovación de cargos de elección, sobre todo municipales, se ha detectado que ahí  es donde más se agrede a las mujeres.

“Falta mucho para que las mujeres víctimas de violencia política no se sientan solas y no tengan esos sentimientos de frustración”, puntualizó.

Consideró que es necesario denunciar para que realmente los mecanismos funcionen. También reconoció el apoyo de las redes, como son los colectivos de mujeres que dan acompañamiento.

Mientras que la abogada y ex magistrada Mary Carmen Alanís Figueroa se preguntó que dónde está la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y dónde están las estadísticas de los casos de violencia política de las mujeres. No hay información, puntualizó.

Planteó que hay mucho desconocimiento sobre las modificaciones legales y los tipos penales para encarar  la violencia contra las mujeres.  Explicó  que eso sucede,  no sólo en las comunidades rurales, el desconocimiento  existe entre  las autoridades de manera generalizada  en todo el país, por lo que es fundamental difundir y  capacitar a hombres y mujeres, sobre estos delitos y dónde denunciarlos. 

Luego, experta en el asuntos electorales,  criticó algunas acciones, como que  en los delitos de violencia política en contra de las mujeres,  los pasen a protocolos de  delitos sexuales, cuando no siempre son de este tipo, por lo que debe haber un esfuerzo de formación. 

A los partidos políticos los cuestionó,  porque hacen mucho discurso, pero ni siquiera llevan estadísticas de los casos de violencia política de sus militantes. Reconoció la labor de los colectivos de mujeres en el acompañamiento de las víctimas, pero por igual hizo énfasis en la capacitación.

Consideró que se debe trabajar en el terreno de las autoridades tradicionales para los sistemas normativos indígenas y que el Tribunal debe mandar un mensaje muy claro en materia de protección inmediata a las mujeres y medidas cautelares.

Mientras la diputada del Congreso Local de Oaxaca, Elisa Zepeda, se refirió a los casos de dilación de la procuración de justicia, en denuncias  de violencia política en razón de género, por lo que hay  un distanciamiento para que las mujeres puedan apropiarse del marco normativo.

Contó que acaba de establecerse  una escuela de política para mujeres indígenas, buscando desde ahí, dar a  conocer sobre todo lo que implica el quehacer de la política, lo que ha permitido, también hacer visibles los  casos de violencia y se han conocido  experiencias enriquecedoras.

Por su parte, Ángeles Sánchez Santiago, coordinadora de CIDAHL, organismo de desarrollo humano especializado en mujeres y género, refirió los casos que han atendido de violencia política en Morelos, Oaxaca y Veracruz y demando que las personas que están en las instituciones de justicia estén más abiertas al diálogo, y se puedan aplicar las reformas que se aprobaron en abril y también se apliquen las sanciones.

Esther Araceli Pinelo, Fiscal Especializada en Delitos Electorales de Oaxaca, señaló que en los temas electorales se va avanzando en los tribunales locales de la federación. Resumió que la violencia política hacia las mujeres es responsabilidad tanto de las autoridades de la sociedad civil, y también debería de ser de los partidos políticos, que en sus documentos básicos debían incluir los aspectos de la violencia política.

Señaló que, entre los derechos de las víctimas, se encuentra el de solicitar medidas de protección y una de las obligaciones del ministerio público es brindar y dar esta protección a la víctima cuando se tiene un peligro inminente de que pueda suceder alguna violencia mayor, como se hizo en el proceso electoral 2018, cuando se dieron 25 medidas de protección a candidatas porque habían sido amenazadas.

La activista y representante de Defensoras Populares, Lina Xóchitl Flores Archila celebró que con las reformas en materia de género del pasado 13 de abril, ya se cuenta con una plataforma jurídica para dar atención integral a los casos de violencia política en razón de género.

Carlos Ferrer, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, moderador, señaló que la violencia política contra las mujeres es un problema que lástima y erosiona nuestra democracia y que tiene orígenes multifactoriales, y que es muy complejo.

Sin embargo, es deber del Estado lograr una actuación rápida y eficiente y con perspectiva de género de las autoridades en los casos de violencia política.

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