- Organizaciones nacionales e internacionales apoyan proyecto de Ministro
- OCNF advierte de cambios al resolutivo y sesgos que se pueden mejorar
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 27 de julio, 2020.- Mujeres diversas, diputadas federales y locales, organizaciones de Derechos Humanos y funcionarias entregaron esta tarde a las y los ministros de la Corte y a quienes integran la Cámara de Diputados una carta para respaldar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en respuesta al amparo 636/2019, interpuesto por veracruzanas para garantizar su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Este documento señala que el proyecto presentado por González Alcántara puede sentar un precedente fundamental para las mexicanas, al garantizar su salud reproductiva bajo estándares internacionales de mayor protección y convertiría a Veracruz en la tercera entidad donde se podría interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Consideran, igualmente, que abonará a reducir la brecha de desigualdad sustantiva y estructural basada en una cultura que niega estos derechos, dando un mensaje contundente para que los Congresos Locales para legislar sobre la Interrupción Legal del Embarazo en toda la República Mexicana.
De aprobarse la resolución, este miércoles 29, se dejará un precedente en el sentido de que negar el aborto sería un atropello a los derechos humanos de las mujeres.
La carta promovida en el ciber espacio, concitó a más de mil 850 personas y organizaciones, tanto nacionales e internacionales, de funcionarias locales y federales, de feministas independientes y un inmenso diverso de organizaciones no protagónicas, incluso de las madres del feminicidio.
La carta señala textualmente que tiene como objetivo “manifestar nuestro apoyo” y reconocimiento por el proyecto de sentencia, hecho público el pasado viernes 17 de julio de 2020, que se propone para resolver el amparo en revisión AR 636/2019 bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en la que se analiza la posible omisión legislativa del Congreso del Estado de Veracruz al no haber modificado diversos artículos del Código Penal de esa entidad que violentan o restringen los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
Estas modificaciones se refieren a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, la ampliación de la causal salud como un supuesto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la eliminación del plazo de los noventa días para la ILE en caso de violación, mismas que fueron solicitadas en la segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Veracruz en su modalidad de Agravio Comparado.
De acuerdo con el estudio publicado en Lancet Global Health, el 61 % de los embarazos no deseados (73,3 millones) a nivel mundial, terminaron en aborto entre 2015 y 2019, lo que corresponde a una tasa global de 39 por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años.
Señala también que, en las últimas tres décadas, la proporción de embarazos no deseados que terminan en aborto ha aumentado en países donde existen más restricciones legales y donde puede ser más difícil acceder a métodos anticonceptivos seguros y apropiados, como sucede en México.
En este contexto, consideran que la propuesta de resolución, cumple cabalmente con las obligaciones del Estado mexicano para garantizar la vida, integridad y salud de las veracruzanas, las cuales, como lo señala el proyecto de sentencia, están previstas en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
De ser aprobada por la mayoría de las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN, será fundamental para cerrar la brecha de desigualdad de las mujeres, pues la existencia de legislaciones penales que criminalizan el aborto, refuerza los estereotipos de discriminación contra las mujeres, que les impiden el ejercicio pleno del derecho a decidir sobre sus cuerpos y acceder a servicios especializados de salud que incluyen la interrupción legal del embarazo, de forma accesible y segura.
También escriben otros argumentos que se retoman de dicho proyecto, resaltando los siguientes, que califican de paradigmáticos y de interés público para las mujeres mexicanas:
1) Se determina que el Juez de Distrito identificó correctamente la existencia de una omisión legislativa por parte del Congreso de Veracruz debido a que éste no ha ejercido su potestad legislativa.
2) Resalta que los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz son normas discriminatorias y/o constitutivas de violencia contra las mujeres que debieron haber sido reformadas sin dilación por el estado de Veracruz.
3) Se destaca la importancia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género como un mecanismo interno para hacer del conocimiento público los posibles incumplimientos del Estado mexicano y sus entidades con los compromisos convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos. En este caso permitió evidenciar un grave problema de discriminación, violencia y falta de acceso a derechos humanos de las mujeres en Veracruz.
4) En relación con los aspectos que tienen que ver con la salud de las mujeres, adolescentes y niñas se destaca lo siguiente:
Después de dar lectura a los artículos 149 y 154 del Código Penal local se concluye que en Veracruz existe una prohibición total para interrumpir el embarazo.
El artículo 149 del Código Penal local es contrario a la Convención de Belém do Pará ya que es una disposición que, al prohibir absolutamente la ILE, conserva y replica estereotipos de género sobre el rol de la mujer, debido a que implícitamente se transmite el mensaje de que la concepción de mujer-madre goza de primacía y que las mujeres tienen valor por su función reproductiva, y no en sí mismas.
La prohibición total de la interrupción del embarazo –vía tipificación penal– es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud.
Se afirma que las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo durante este periodo.
Sancionar el aborto con una “medida educativa” o “de salud”, representa una forma de infantilizar a la mujer, puesto que ponen en tela de juicio su capacidad decisoria y prejuzga que la decisión que tomó en relación con su cuerpo no es adecuada, razonamiento que es estereotípico.
Establecer una limitación temporal y condiciones para que las mujeres víctimas de violación o inseminación artificial puedan acceder al aborto, desconoce la naturaleza de las agresiones sexuales.
Condicionar a una víctima de violación a denunciar el delito para acceder a la ILE, constituye una forma de violencia contra las mujeres, pues no toma en consideración que esto puede exacerbar el sufrimiento sexual y psicológico en su perjuicio.
SEM/sl/sj
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