Rogelio Hernández López
SemMéxico, Cd. de México, 4 de abril, 2022.- Una pregunta brinca desde enero cuando iniciaron los diálogos con personas defensoras de derechos humanos y periodistas para perfilar una nueva ley general de protección:
¿Qué persigue en el fondo Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) al organizar esos foros en el país que estimulan la presencia de estas personas y su libertad de hablar y de actuar frente a funcionarios de gobiernos estatales y exhibir sus disfunciones?
Esa interrogante repiqueteó en este reportero en los cinco diálogos realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Hermosillo, Tepic y Cuernavaca cada vez que Enrique Irazoque expone la ruta legislativa que seguirá la iniciativa de nueva ley:
“Se propondrá –asegura– una ley general de alcance nacional, algunas reformas a otras leyes y… una reforma constitucional”.
— ¡Reforma constitucional para proteger a estas actividades! ¡Esa es una finalidad de largo alcance, de mucha profundidad, que necesariamente debe contar con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador porque se inserta en su proyecto de reforma del Estado ya en marcha! — ha tratado de explicar este reportero a varios colegas durante los cinco diálogos a los que ha asistido como periodista.
— La reforma constitucional, los otros proyectos de ley y su intención de fondo deberá explicarlos el Subsecretario, en algún momento. —He respondido a periodistas y activistas cuando intercambiamos sobre el tema.
Una hipótesis
Pero mientras eso ocurre, es posible plantear una hipótesis para responder a tal inquietud, con la mirada de veterano reportero de la política.
Del contexto, todo mundo sabe qué el Presidente de la República le muestra cercanía y confianza extraordinarias a Alejandro Encinas, también que este subsecretario muestra como pocos su férrea formación ideológica y política de izquierda y que ambos coinciden en el proyecto de redefinición del Estado mexicano con perfiles más acentuados de bienestar social y de ciudadanía más politizada y movilizada. Los diálogos por la nueva ley de protección parecen ir en ese sentido. Veamos:
Durante los cinco foros, llamados diálogos por la nueva ley, se ha podido observar que se convierten también en una ventanilla móvil (dispuesta por el gobierno federal) para que activistas y periodistas, principalmente los más afectados, denuncien y visibilicen más la violencia que padecen sus actividades, las transgresiones a derechos de otras comunidades, así como las fallas de los gobiernos locales.
Por esa característica que han cobrado los diálogos, los representantes de ambas actividades han cobrado mucha confianza para expresarse, hasta el grado de interrumpir lo programado e inquirir drásticamente respuestas a las autoridades locales y a los mismos funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Esto es, concederles interlocución, propiciar su movilización y confianza para actuar.
En una columna anterior afirmé que la intención declarada de crear nueva ley de alcance nacional y otras normas secundarias es para institucionalizar las actividades de personas que defienden los derechos humanos de la población y de periodistas. De eso no hay duda.
Ahora añado que proponerse una reforma constitucional en el mismo sentido sería para reconocer en la máxima ley, a quienes realicen estas actividades como profesionales del interés público; a los activistas como garantes del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos; y a las y los periodistas también como garantes de que fluya más libremente la información de interés social para que los ciudadanos puedan expresarse plenamente informados. Eso sorprenderá a muchos, especialmente a quienes defienden el modelo político de la mediación frente al modelo de la participación política directa.
Hacerlas parte del Estado de Bienestar
De lograrse así esa institucionalización de ambas actividades, será más clara que su función social es esencial, no solo para relaciones más sanas en la democracia sino también para coadyuvar a la construcción de ciudadanía. Con esos alcances se continuaría con la redefinición de un régimen político de alta politización y participación popular para restar oportunidades a la formación de elites, de esas cupulas que se apoderaron de los espacios de decisión.
Y más todavía al institucionalizar las actividades de personas defensoras de los derechos y de periodistas más profesionales estos se convertirían en otros profesionales del interés público, en actores plenamente legales de ese Estado de bienestar social y de amplia participación ciudadana que trata de construir el Ejecutivo Federal.
Eso lo entienden desde hace mucho tiempo los reconocidos sociólogos de las sociedades modernas Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino cuando aseguran que “en el Estado Contemporáneo hay una difícil coexistencia de las formas del estado de derecho con los contenidos del estado social.” (página 459, Diccionario de Política. edit. Siglo XXI, séptima edición, 1991)
En el Estado de Bienestar, agregan “… Las estructuras administrativas canalizadas a la administración de los servicios sociales se han ampliado o se han hecho más complejas; ha crecido el número o la relevancia política del estrato de los profesionales de la asistencia federal como oportunidad …”
“… en las sociedades industriales se ha distinguido… una tercera fase, caracterizada por el problema de los derechos sociales, cuyo respeto se considera requisito imprescindible para lograr la plena participación política. … el derecho a la educación (y a la información, agrega este reportero) desempeña históricamente una función de puente entre los derechos políticos y los derechos sociales; el logro de un nivel mínimo de escolarización (y de politización informada) se convierte en un derecho, deber estrechamente vinculado al ejercicio de la ciudadanía política. (ibidem, páginas 553, 554).
Y son muchos
Cuando se completen los foros de diálogo en el país y avance la legislación relacionada con la institucionalización de estas actividades es previsible un proceso, en el cual se les reconozcan más derechos para realizarlas y se fijen responsabilidades. El punto de partida para ese proceso será reconocer que son actividades del interés público y formalizar a las que cumplan con los requisitos de profesionalidad.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con presencia legal en México eran 42 mil 269 al 30 de junio de 2019 de acuerdo con el Directorio del Sistema de Información del Registro Federal del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Ese total ha disminuido en los dos años siguientes, pero siguen activas las más definidas profesionalmente.
Y de personas periodistas, el reportero Roberto Fuentes Vivar averiguó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que “México terminó 2021 con un total de 41 mil 113 trabajadores que se identificaron como periodistas”.
El genérico periodistas incluye a especialidades de reportero, fotorreportero, editor y otras vinculadas a la captura de información, procesamiento y difusión de sus productos.
Hay pocos indicadores de la cantidad de colaboradores periodísticos (articulistas eventuales y opinadores casuísticos) Los que se definen como periodistas se distribuyen en los medios privados, en los públicos y una cantidad muy considerable en la oleada de medios digitales que por lo regular conforman pocas personas y en condiciones muy precarizadas.
Sumar nuevos derechos
En ese contexto se entiende la conformación precisa de dos nuevos derechos en la Constitución: el derecho a defender derechos y el de informar con responsabilidad social para garantizar más plenamente la libertad de expresión más informada. Ambos derechos ampliarían el bienestar de la población.
Defensores y periodistas tendremos que proponer y defender los derechos específicos reconocidos internacionalmente para estas actividades. El ejercicio más libre y seguro del periodismo, lo hemos insistido, requiere el reconocimiento de al menos 14 derechos para que fluya más libremente la información de interés público y seguiremos insistiendo hasta que se plasmen en la constitución o en la ley general que se promueve.
Por todo lo anterior es aceptable inducir que el móvil de fondo para considerar incorporar estas actividades a la constitución política de México es para enriquecer los avances en el modelo de bienestar social y de mayor participación ciudadana en la política.
El proceso de reformas para desarrollar el Estado de Bienestar y un nuevo régimen político del gobierno de López Obrador ya tiene algunos logros. Observadores de los cambios legales durante este gobierno federal enlistan al menos 12 grandes reformas, la mayoría constitucionales.
Ley reglamentaria de salarios máximos para servidores públicos, incremento de salarios mínimos por arriba de la inflación; revocación de la reforma educativa y hacer la educación pública y gratuita en todos los niveles; creación de la Secretaría de Seguridad Pública para reordenar la estructura estatal de seguridad; abolición de fuero y privilegios políticos; austeridad para el aparato gubernamental federal: tipificación de nuevos delitos graves para sancionar abusos del sector público y facilitar investigaciones; reformas al artículo 4º constitucional que garantiza el derecho a la pensión a los adultos mayores a niñas y niños con discapacidad, becas para estudiantes de familias pobres y el derecho a la atención médica y los medicamentos gratuitos; desaparición del Estado Mayor Presidencial; decretos para revertir la privatización del agua; crear la revocación de mandato.
En resumen, parece haber condiciones para lograr esa reforma a la constitución para institucionalizar estas actividades (o sea tutelar, proteger y auspiciar) y reitero que sería para reconocerles derechos para que cumplan mejor sus funciones de interés público, esenciales para un nuevo régimen democrático, para la construcción de ciudadanía y para contar con otros profesionales del Estado mexicano de bienestar social que construye el gobierno reformista de Andrés Manuel López Obrador. Y eso Alejandro Encinas lo sabe. Creo que de lograrse sí sería sorpresivo para muchos observadores. Esta es una mirada de reportero.
