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Modificaciones a la AVG con la inclusión de la violencia estructural

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  • Se busca inhabilitar a ministerios públicos que no atiendan las denuncias de mujeres violentadas
  • A pesar de las alertas en 18 estados no disminuyen los feminicidios en México

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 5 de agosto de 2019.- Convocadas por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para modificar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), las diputadas federales discutieron la inclusión de la violencia estructural contra las mujeres, como un nuevo tipo de alerta.

En tanto, en el Consejo Consultivo de la Subcomisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, se está proponiendo una gran reforma que exige que la AVGM se decrete en todo el país para que se convierta en una política de Estado.

La diputada Lorena Villavicencio, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres, dependiente de la Comisión de Justicia, precisó que con la propuesta se busca modificar la violencia institucional para que sean inhabilitados todos los ministerios públicos que no atiendan las denuncias de las mujeres violentadas. y que, en caso de feminicidio, sean corresponsables del delito. Además, se pretende obligar a las autoridades de salud a que informen al Ministerio Público cuando llegue una mujer violentada y que se establezca un padrón de agresores. 

La legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que los municipios no han cumplido con el diseño de campañas para que las personas sepan de la Alerta ni para la promoción de derechos, ni se han capacitados adecuadamente a los primeros respondientes o policías y ministerios públicos, los cuales deben estar certificados para que puedan cumplir su labor en materia de género y derechos humanos.

Además, dijo, los municipios que tienen mayor incidencia en violencias hacia las mujeres o feminicidios no están cumpliendo con la AVGM ni tienen presupuesto destinado a este tema.

Desde la primera reunión del Consejo Consultivo, la diputada Lorena Villavicencio había apuntado que entre los objetivos está revisar presupuestal y operativamente la Alerta y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la Ley Genera para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de lograr concretar una legislación en materia de feminicidio. Aseguró que en el próximo periodo legislativo se presentará la propuesta para la reforma a la LGAMVLV.

En opinión de Sara Lovera, coordinadora de la investigación sobre feminicidio, efectuada en el 2005 para la LIX Legislatura, preocupada por el aumento de la violencia contra las mujeres en el país, consideró que se debe ir a fondo con una cruzada de cambio de mentalidades, en la que también se invite a los hombres: “Para que no nos sigan matando, hostigando, violando, maltratando a las mujeres, urgen los cambios reales en los medios de comunicación, en la currícula educativa, no sólo en la Ley. No más parches que no resuelven”, indicó.

Primera, de tres reuniones para modificar la Alerta de Violencia de Género

Las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género analizan y discuten los cambios a la LGAMVLV, a partir de la iniciativa enviada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), porque a pesar de la Alerta declarada en 411 municipios de 18 estados, no disminuyen los feminicidios, ni las violaciones, ni la violencia política.

La reunión fue dirigida por la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y estuvo presente la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa Ávalos.

Como se recordará, en marzo pasado, al tomar protesta como nueva comisionada, la psicóloga con maestría en políticas públicas, Ochoa Avalos, había anunciado que era necesario modificar la AVGM, porque no funcionaban. Explicó, en ese entonces, que había entidades con Alertas que ya tenían cuatro años, como la del Estado de México, pero el índice de violencia no había disminuido.

La exdiputada federal ciudadana había presentado en el 2018 una iniciativa que intentaba hacer eficiente dicho mecanismo, a través de una política pública transversal donde estuvieran involucrados los tres órganos de gobierno: el federal, estatal y municipal.

Comentó que el procedimiento actual de la AVGM consiste en que los estados realizan un informe y el grupo interdisciplinario revisa, pero como sus integrantes son académicas, voluntarias, no pueden estar todo el tiempo en el lugar in situ y lo que se necesita realmente es darle seguimiento. Dijo, también, que buscaría trabajar de la mano con organizaciones civiles.

Por otra parte, durante esta primera reunión, efectuada el 2 de agosto, las diputadas, académicas y servidoras del área jurídica del país se refirieron a las fallas del instrumento de la Alertas, como la simulación y resistencia en los tres niveles de gobierno, no aplicar sanciones a los infractores, impunidad y falta de voluntad para atender esta violencia. 

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera, de Morena, destacó que el estado con mayor índice de feminicidio es Veracruz, con 387 casos desde 2015, por lo que pidió que se analice, porque con todos los recursos, las acciones, las políticas públicas y la legislación, la tendencia de la violencia en contra de las mujeres ha ido al alza.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y secretaria de la Comisión, expresó que la simulación se da en todos los estados de la República, lo que impide funcionar las alertas.

Ana María Flores, de la Fundación IUS-Género, AC, planteó no otorgar prórrogas para detener la violencia feminicida, y sugirió que las solicitantes de la AVGM estén involucradas en todo el proceso.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Clementina Marta Dekker Gómez, puntualizó que en Chiapas las mujeres han vivido distintos tipos de violencia y no ha habido sanciones. En las elecciones de 2018, unas 30 mujeres electas estaban siendo obligadas a renunciar, pero tampoco se castigó a quienes las hostigaban, reclamó.

La subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género, de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Edna Liliana Sánchez Cortés, expresó que en su entidad existen resistencias en la aplicación de las medidas de emergencia derivadas de la alerta, dado que hay imprecisiones en el mecanismo.

Alejandra Soriano Ruiz, representante de la Red por la Paridad Efectiva de Chiapas, se manifestó por la incorporación de la modalidad de la violencia política, porque “el tema ha quedado en la congeladora”. Abarcaría a todas las mujeres que están en un cargo de elección popular o en la administración pública, en los partidos políticos y en el Poder Judicial.

Marisela Meza Enríquez, vicefiscal jurídica de San Luis Potosí, subrayó que la ley debe ser vinculante en el momento de ejecutarla si se quiere evitar simulaciones. Propuso que haya articulación entre la recabación de la información y las alertas, lo cual necesita ser en un máximo de tres meses, para que dé resultados.

Advirtió que “el gran patio de los feminicidios son los delitos sexuales, las desapariciones y la falta de anotación durante la operatividad; todo lo que les falta a las fiscalías”.

Por su parte, Selene Olvera Nieto, de Mujeres Transformando, destacó que “Hay impunidad y una falta de voluntad para atender esta violencia generalizada. Las mujeres reclamamos respeto y una alerta; no queremos medidas estructurales ni un sistema de capacitación general, sino que se detenga y erradique la violencia y los feminicidios”.

Esta fue la primera de tres reuniones que efectuarán con la Comisión de Igualdad y la Conavim para consensuar los cambios en la AVGM.

Las propuestas sobre dictamen de Reforma a la LGAMVLV

Las reformas se harán a la LGAMVLV, donde se establece la AVGM, y a su reglamento.

La diputada Wendy Briseño calificó de una emergencia nacional el registro de número de mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas a nivel municipal, estatal y nacional. Declaró: “Dejaron de ser un hecho aislado, si es que alguna vez lo fueron, y se acercan, y lo sabemos bien, a una violencia estructural en todas las entidades”.

Las legisladoras plantean incluir la violencia estructural como un tipo de AVGM, para no atender únicamente, cuando se presente, la violencia más extrema contra las mujeres: el feminicidio, sino también otros tipos de violencias.

Se determinó en la iniciativa para la AVGM que toda muerte violenta de mujer deberá investigarse desde un inicio como feminicidio, incluyendo aparentes suicidios, para descartar que no existan razones de género al cometerlo.

En las propuestas, se plantea que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reciba las peticiones de las alertas, las cuales pueden ser presentadas por organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos. Se propone ahora que la Conavim y el Inmujeres puedan solicitarlas, cuando conozcan contextos de violencia extrema contra las mujeres.

Se busca crear un cuerpo técnico con independencia, que tenga representantes de la Conavim, el Inmujeres, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, una académica de alguna institución universitaria y una persona de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La propuesta también plantea que exista rendición de cuentas y transparencia por parte de los gobiernos locales, y será la Secretaria de Gobernación la que revisaría cada tres meses los avances en el cumplimiento de las alertas, a partir de los informes que presenten los gobiernos locales.

La Secretaría de Gobernación propondrá a los congresos locales, la redacción de las normativas con el fin de que beneficien a las mujeres, en el caso por agravio comparado. Sin embargo, en el estado de Veracruz está activa una AVGM por agravio comparado, y aunque se solicitó al congreso local despenalizar el aborto hasta los 12 meses de gestación, no se ha cumplido.  

Por otra parte, la comisionada Candelaria Ochoa explicó que buscarán crear las contralorías para la AVGM, integradas por un representante de la sociedad civil por estado, y que lo ideal es que no fuera una integrante de la organización peticionaria de la alerta, para evitar conflictos de interés. De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil que habían exigido formar parte de los grupos de investigación quedarían fuera del proceso.

Consultan estudios de la Unión Europea sobre desafíos en violencia de género  

Las legisladoras también integrarán, además de las reuniones, fallas detectadas por organizaciones civiles e, incluso, por un estudio de la Unión Europea sobre la incorporación de la perspectiva de género en políticas públicas para lograr la igualdad de género.

Siempre partiendo de las demandas y necesidades específicas de los países, son fundamentalmente aquellas materias directamente relacionadas con la atención a la ciudadanía o la promoción de derechos a personas en situación de vulnerabilidad, las que han conseguido logros más concretos en el acompañamiento a políticas específicas para la mejora de la situación de las mujeres.

En el estudio se establece que en las cuestiones más relevantes en materia de género son fácilmente detectables y abordables desde un enfoque intersectorial y las problemáticas específicas, como la violencia de género, tienen un recorrido que va más allá de las instituciones de justicia.

La acción “Violencia de género: investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional” es una línea de trabajo de coordinación interinstitucional en la investigación de delitos y atención a víctimas de violencia de género que apoya el desarrollo de herramientas de coordinación de los cuerpos policiales y fiscales en la fase investigativa, y al resto de actores implicados en la atención directa y reparación de las víctimas.

Se trata de una ambiciosa iniciativa que aborda tanto a nivel regional como nacional un marco de coordinación interinstitucional en el que están involucrados los órganos jurisdiccionales, los cuerpos policiales, los servicios sociales (salud, atención social, empleo), los entes rectores de políticas de la mujer, las autoridades locales, etcétera.

Como resultado de los trabajos realizados en este ámbito, cabe destacar la aprobación e implantación de protocolos regionales y nacionales. A nivel regional se han elaborado tres que han permitido el desarrollo de documentos rectores con los lineamientos y prioridades comunes entre varios países.

Los protocolos abordan la investigación de delitos de violencia de género, la atención a víctimas de violencia de género y la coordinación entre fiscalías, ministerios públicos y ministerios de justicia. Los países firmantes que participan son Brasil, Panamá, Paraguay, Nicaragua y Costa Rica.

A nivel nacional se han desarrollado, implantado y puesto en marcha protocolos nacionales en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Honduras y Ecuador sobre investigación de delitos de violencia de género y sobre coordinación policial en la materia.

SEM/em/gl

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