Investigarán tortura contra detenida y sentenciada hace 21 años

* La víctima fue condenada a 30 años de prisión luego de obtener una “confesión” bajo tortura

* Este noviembre iniciarán las diligencias contra políticas

Estrella Pedroza

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 4 noviembre 2019.- Tras 21 años en prisión, María Luisa Villanueva Márquez acusada de secuestro en 1998, consiguió que un juez le otorgara un Amparo para que la Fiscalía General Estatal (FGE) investigue la tortura a la que fue sometida por policías del Grupo Antisecuestros cuando fue detenida. Será este mes de noviembre cuando se inicien las diligencias.

El pasado 27 de agosto, el Juez Sexto de Distrito determinó amparar a María Luisa por considerar que el delito de tortura que denunció no prescribe y ordenó a la FGE que inicie las investigaciones para determinar las condiciones en las que fue detenida y acusada.

El 28 de agosto fue notificada la FEG – a cargo de Uriel Carmona Aranda-  y el pasado 4 de octubre la Fiscalía Regional Sur Poniente –a cargo de Héctor David Pérez- determinó que aún no prescribe el delito de tortura y por ende se ordena iniciar una investigación exhaustiva.

“El delito de tortura no es procedente a la aplicación de las reglas de prescripción, de conformidad con los controles de convencionalidad y constitucionalidad, por ende, se ordena elaborar el desglose debidamente de todas y cada una de las actuaciones que integran la presente indagatoria para continuar con su legal desarrollo por el delito de tortura cometido contra María Luisa Villanueva Márquez y en contra de Armando Martínez Salgado, José Guadalupe Reyes Valentino,  Fernando Paredes Meza y Edgar Chávez Rodríguez y en contra de quien resulte responsable”, así se lee en el ofició de contestación con el número FEG/CGJ-SP/ 1276/2019-10.

Eutiquio Dimían Santiago, abogado de María Luisa Villanueva Márquez desde junio 2014 –periodo en el que se reinició la lucha jurídica, en entrevista exclusiva para SemMéxico, consideró que esta determinación “abre las puertas para por fin demostrar la inocencia de María Luisa”-.

Recordó que esta segunda etapa de lucha jurídica se inició en 2014, cuando María Luisa presentó una denuncia ante la entonces PGJ ahora FGE –a cargo de Rodrigo Dorantes (uno de los funcionarios estatales que atrajo los reflectores por su insensibilidad mostrada al permitir la inhumación clandestina de las fosas de Tetelcingo)- donde se reclamaba el reconocimiento de su inocencia y denunciando la detención ilegal, la tortura y las irregularidades por las pruebas y testigos.

Sin titubeos la PGJ respondió que todo lo reclamado había prescrito.

El defensor legal de María Luisa Villanueva Márquez, se inconformó y presentó un alegato para revisar nuevamente el caso, pero el resultado fue el mismo. Entonces inició un proceso de seis años ante los Tribunales.

Pide al Fiscal investigue y actué con honradez

El pasado 25 de septiembre, durante una conferencia de prensa – que ofrecieron amigos, familiares y su abogado- María Luisa Villanueva Márquez fue enlazada vía telefónica y exigió al fiscal frene la revictimización y violación a derechos humanos, trato al que ha sido sometida por más de dos décadas en la instancia que representa.

“La mayor dificultad que encontré en el camino es la resistencia de la antigua procuraduría, cuyos operadores inferiores han puesto toda suerte de obstáculos, en mi reclamo intenso de lucha se me ha concedido en dos ocasiones un Amparo (…) hoy corresponde a usted atender, de ahí que le pido de forma muy comedida que se agilice la investigación  ya ordenada  por la justicia federal con altura de miras con honradez, rectitud profesionalismo y se garanticé mi derecho legítimo el acceso a la justicia que hasta hoy las autoridades estatales se me han negado”, expresó con una voz firme y paciente.

Durante la breve llamada, María Luisa Villanueva Márquez, recordó que fue detenida, acusada, juzgada y obligada a pagar una condena a 30 años de prisión por un delito que no cometió.

Además, subrayó que todo el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y omisiones.

“Me fabricaron pruebas y testigos y solo puedo darles a ustedes la garantía de mi palabra, tengo las manos limpias no soy culpable y retomando palabras del señor presidente de la República (André Manuel López Obrador) no quiero venganza solo quiero justicia”, destacó ante los medios de comunicación.

Detención irregular y tortura

María Luisa Villanueva Márquez, originaria de la comunidad “El Ocotillo”, ubicada en el municipio de Coyuca en el estado de Guerrero, fue sentenciada a 30 años de prisión y acusada de formar parte de una banda de secuestradores y de haber participado en el secuestro, el 22 de junio de 1997, a la niña “Sara”, así quedó plasmado en la causa penal 06/1998.

La noche del  6 de enero 1998, ella cenaba junto con Catalino Martínez Jiménez – su entonces pareja- en el restaurante “Los Porkys”, situado en la colonia Galeana del municipio de  Zapatepec, cuando irrumpió un grupo de Agentes de la Policía Antisecuestro del Estado de Morelos -entre ellos, según constan en la puesta a disposición iban José Guadalupe Reyes, Fernando Paredes Meza y Edgar Chávez Rodríguez-, quienes llevaban el rostro cubierto con pasamontañas.

Durante cuatro días fue sometida a todo tipo de tortura, golpes, abuso sexual, vejaciones y amenazas.

Después cuatro días fue trasladada junto con otras personas a la entonces Procuraduría General del Estado (PGJ) en los separos nuevamente fueron golpeados y advertidos de decir sí a todo lo que se les preguntara.

Lo siguiente fue un careo llenó de irregularidades donde fue inducida la identificación, luego se aseguró que fue detenida en posesión de con joyas que fueron recuperadas un mes atrás en la detención de un grupo de secuestradores que confesaron haber secuestrado a otro niño y a la niña Sara. 

En esa época la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estaba a cargo de Carlos Peredo Merlo y el Grupo Antisecuestros a cargo de Armando Martínez Salgado, mientras que la Policía Judicial estaba bajo la dirección de Jesús Miyazawa Álvarez, tiempo después se conoció que desde esa instancia se coordinaba secuestros y se torturaban personas para obligarlos a declarar culpables de diversos delitos entre ellos secuestros.

SEM/ep/sj