* “Políticos de siempre” se sienten desplazados
* Las violentan durante las elecciones y en funciones
Estrella Pedroza
SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 25 noviembre 2019.- “La Violencia Política de Género va en aumento e incluso ha evolucionado con métodos más sutiles y amenazas, que obligan a las mujeres que ocupan un cargo, a guardar silencio para no recibir más violencia”, coinciden feministas y políticas.
Tras los comicios electorales del 2018, Morelos se convirtió en una de las entidades donde la paridad de género se reflejó de manera tangible.
Hoy en casi todos los puestos de elección popular, hay presencia de mujeres. En el Congreso Local hay 14 diputadas; de 36 municipios, 28 mujeres ocupan la sindicatura y prácticamente en todos los Ayuntamientos hay regidoras.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, debido a que “prevalece el sentimiento, de los políticos de siempre, de que fueron desplazados por las mujeres, quienes fueron impuestas por la paridad de género”, sostiene Ariadna Urbina Ayala, integrante de la asociación civil del Género 33.
Y con ello se han diversificado las formas y medios para violentar a las mujeres y se torna cada vez más complicado probar que se trata de violencia política de género.
Urbina Ayala refiere que por eso es importante entender que “las violencias” han pasado por diversas etapas en cada proceso electoral y periodo en el que han estado en funciones, por ejemplo, en las elecciones del 2014-2015 hubo más violencia a las candidatas recién electas; en el siguiente proceso, 2017-2018 la violencia se presentó durante las campañas previo a las votaciones.
Mientras que ya en funciones la violencia es más silenciosa, por la forma tan creativa y sutil con la que los agresores (en su mayoría personas del sexo masculino) actúan.
En los últimos tres trienios se han documentado casos de Síndicas y Regidoras amenazadas de muerte, ignoradas, invisibilidades, hasta retirarlas de las funciones que establece la propia Ley Organiza de los Municipios.
“Y si hablan o denuncian sobreviene más violencia y todo empeora cuando a pesar de que la violencia política está tipificada en el código penal, pero hay lagunas como la falta de claridad para definir qué y cuándo es violencia política”, destacó.
En marzo del 2017, por unanimidad se aprobó tipificar la violencia política de género, al reformar la ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los códigos Penal y el de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad.
Los agresores (en casi todos los casos hombres) “optan por citar un caso por no pagarles y eso, es difícil probar como violencia política porque en primer lugar es un delito administrativo y de ahí a que ese delito tú lo puedas encuadrar como violencia de género”.
Paola Cruz Torres, ex sindica de Cuautla, enfrento violencia política en el trienio pasado, el edil Raúl Tadeo Nava le suspendió sus prerrogativas por un año, ordenó al personal no dirigirle la palabra, o darle cuenta de los movimientos financieros y administrativos que por ley es una de las responsabilidades de la Sindica.
Ella, inició un procedimiento jurídico que fue un ir y venir ante instancias electorales que fallaron a favor de Cruz Torres, pero un año después de concluido el trienio.
¿Violencia política de género en el Congreso Local?
El 11 de octubre, durante una sesión ordinaria, Blanca Nieves Sánchez Arano, diputada por Nueva Alianza, es removida de la Vicepresidencia de la de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos.
La acusaron de incitar a la violencia a jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que acudieron el 2 de octubre, en el marco de la conmemoración de la matanza estudiantil de 1968, a solicitar recursos para la máxima casa de estudios.
Argumentaron que la diputada Sánchez Arano habría violentado el artículo 34 del Reglamento, que dice lo siguiente: I. Transgredir las disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley o este Reglamento; II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; III. Dejar de asistir sin causa justificada, a las sesiones del Congreso por dos ocasiones consecutivas durante el periodo ordinario de sesiones; IV. Incumplir con las obligaciones que les confiere la Ley y este Reglamento; y V. Las demás que se deriven de la Ley y del presente Reglamento.
Para la diputada de Nueva Alianza, “este acto claramente es violencia política de género y una venganza política por formar parte de un bloque de diputadas que no estamos dispuestas a ceder a negociaciones, destacó.
La también profesora y ex vocera del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), fiel a su historia de lucha, inició un proceso jurídico ante órganos electorales federales, la respuesta fue que en una primera instancia remiten el expediente a una sala regional y esta responde ser incompetente para resolver; la afectada promueve un recurso ante la misma sala preguntado que instancia es la competente para salvadora sus derechos.
Al cierre de esta información, aún está en espera de una respuesta.
Durante esa misma sesión, el diputado José Casas González, que ingreso por Morena y ahora se mantiene como independiente al estar suspendido por su partido, lanzó expresiones misóginas, entre ellas: “eso pasa por sacar a las personas (refiriéndose a sus compañeras) de la cocina y darles un curul”.
Por ello, el 15 de octubre siete diputadas, que conforman el Frente Democrático de Mujeres, presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su homologo José Casas González por el delito de violencia de género.
La denuncia la presentaron con base en la legislación estatal, en la que se define la violencia política en contra de las mujeres, como cualquier acción o conducta u omisión realizada de forma directa o través de terceros, basada en su género que cause daños a una o varias mujeres con el objeto de menoscabar sus derechos políticos.
Pero también considerando los Pactos Internacionales suscritos por México como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (CEDAW); La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, es que acudimos a la Fiscalía General de la República donde seremos recibidas por el Delegado Federal de esta Dependencia.
En este caso en la FGR aún están realizando investigaciones.
Las diputadas que signaron esa denuncia son: Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Blanca Nieves Sánchez Arano, Keila Celene Figueroa Peralta, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz y Naida Josefina Díaz Roca.
También presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), estos dos órganos aun no resuelven y se han encontrado con la negativa de Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a entregar documentos.
Entre más espacios para la mujer más violencia
Ana Isabel León Trueba, presidenta consejera del Impepac y una de las principales impulsoras de la paridad de género en Morelos desde las instituciones, observa que la violencia política de género va en aumento en la medida de que más mujeres ocupan más espacios de poder.
“En la media que las mujeres acceden apuesto de elección popular o por designación de cargos públicos, las violencia se ha acrecentado y adoptan formas más suites, por esta percepción de los hombres de que las mujeres los han descalzado, y en lugar de asimilarlo han encontrado formas para amedrentar a las mujeres”.
Planteó la situación que se vive en el Congreso “donde son 14 las diputadas, pero aun así han tenido complicaciones”.
León Trueba ubica como uno de los sectores más vulnerables a las políticas de los municipios más alejados de la capital de Morelos y son los propios ediles quienes se dan el lujo de violentarlas sin ninguna reserva.
“Yo creo que las mujeres que están en cargos, en los municipios alejados, están muy vulnerables, no están protegidas, están muy solas para enfrentar la violencia hacia ellas y guardan silencio, entran a la dinámica de es mejor no decir nada porque para evitar ser violentadas aún más, me parece que tendríamos que articularnos y apoyarnos entre todas”, explica.
Añade que los agresores (normalmente hombres) se dan cuenta que si les retiran sus prerrogativas pueden ser sancionados, como ocurrió en el caso de Cuautla, pero también observan que para llegar a ello pueden pasar años.
“Y ante la impunidad pues lo siguen haciendo, pero ahora busca disfrazar cada vez más las formas y por eso es importante primero que en cuanto se denuncie algún tipo de violencia se implemente medidas precautorias y que desde los tribunales y las instituciones jurisdiccionales administrativas revisar qué medidas se puede adoptar para resolver con mayor rapidez”.
El silencio nos ha dejado sin cifras
El trienio pasado (2006-2018) surgió la Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Morelos, fue presidida por Paola Cruz Torres, entonces Sindica del Ayuntamiento de Cuautla, en ese periodo se impulsó para hacer valer los derechos políticos que marca la Ley Organiza Municipal.
De acuerdo a la documentación realizada en ese periodo 16 Síndicas de 27, que lograron un espacio gracias a la paridad de género, eran violentadas de distintas formas.
Actualmente, de los 36 municipios (considerando los cuatro recién creados municipios indígenas) que componen la entidad, en 28 sindicaturas están mujeres al frente.
Hoy la asociación es presidida por la Síndica de Jiutepec, Cira Hortencia Vega Velázquez, y explicó de hasta ahora solo cuatro síndicas, de la zona oriente de la entidad, han logrado romper el silencio y denunciado (ante la asociación) la violencia que enfrentan.
“Pero han preferido mejor guardar silencio y no iniciar algún procedimiento, hay un antecedente, de dos de ellas que hicieron algunas declaraciones públicas donde veladamente ventilaron lo que vivía y les fue peor”, destacó la presidenta de la Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Morelos.
Detalló que como parte de las violencias que enfrentan es que el edil no las convoca a los cabidos, les suspenden sus pagos, les cortan el presupuesto para comisiones, las excluyen de todo trámite e incluso las marginan.
Angélica Sánchez, coordinadora general la organización civil Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL), informó que por ahora solo dos mujeres funcionarias han dado acompañamiento, pero por temor no han querido iniciar ningún procedimiento de denuncia.
Explicó que han conocido de casos pero las mujeres optan por el silenció y por ello cada vez se complica tener cifras que permitan documentar y visibilizar la violencia de genero.
SEM/ep/sj
