En el feminicidio hay dos responsables; el que mata y el que omite y desdeña el delito.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 16 de octubre de 2019.- Tipificar la violencia institucional para combatir el feminicidio con sanciones penales es la propuesta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) al incluir un Artículo 109 Bis al Código Nacional Penal, que actualmente solo prevé sanciones administrativas para los servidores del área jurídica que incumplen con su deber en contra de los derechos de las mujeres.
Consideran que esta propuesta además de fortalecer el derecho de las mujeres puede poner un freno a la involución jurídica que significaría la “eliminación o sustitución” de la Alerta de Violencia de Genero (AVG) por estimar que no sirve, como lo ha declarado recientemente la Secretaria de Gobernación.
Destacaron la importancia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la AVG, que es uno de los aportes históricos realizados por el movimiento feminista y de organismos de defensa de los derechos de las mujeres, quienes,mediante un estudio realizado en 10 entidades del país, se logró que el Congreso de la Unión la aprobara en el año 2007.
La violencia contra las mujeres evidencia la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el país, cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos municipios del Estado, y a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza.
Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y existe un contexto de impunidad o permisibilidad social. Los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas.
La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las mujeres asesinadas son objeto de violencia institucional en el ámbito del acceso a la justicia. Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia.
Ni las desapariciones ni los asesinatos ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad.
Eliminar la violencia feminicida y todas las formas de violencia contra las mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado.
La CIDHM considera que la violencia feminicidaproviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social y representan la materialización de la violencia institucional.
Señalan que en el feminicidio existen dos responsables el que comete la muerte violenta, que muchas veces va más allá con la desaparición del cadáver y su exposición en un lugar público, con las consecuencias de agravio a la dignidad de las personas.
Segundo, el que es menos visible quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia y definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hicieron permisible el delito, normalmente es un ministerio público, juez, policía, perito, legislador que, con su acción deliberada, omisión y desdén incurrieron en violencia institucional.
La CIDHM cito lo artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenciapara precisar como el feminicidio representa una Violencia Institucional y los servidores públicos del área de impartición de justicia incumplen con sus responsabilidades.
En el Foro sobre los alcances de la AVG, convocado por la CNDH, la CIDHM, UNAM, Museo de la Mujer y la Federación de Mujeres Universitarias, realizado en Morelos, este miércoles.
