- De 9 entidades donde se avanzó en despenalizar el aborto, sólo 4 eran gobernados por mujeres.
- Aunque 47 por ciento son mujeres en la Administración Pública, ocupan los niveles más bajos, con menos salarios y sin empujar políticas públicas de género.
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 21 de octubre del 2022.- Tener más mujeres en espacios de poder no ha significado mejoras en las condiciones de vida de las mujeres, ni favorece el enfoque de género ni las políticas públicas y aunque éstas representan el 47 por ciento del total de la Administración Pública Federal, su participación se concentra en los niveles más bajos de incidencia y con los menores salarios, concluye un cuadernillo de la empresa Consultoras en Género y Gobierno.
Al hacer un análisis histórico del ascenso de las mujeres mexicanas a partir de 1953 cuando se concretó el derecho pleno de las mujeres a votar y ser votadas, examinaron sobre todo el desempeño y oportunidades en la administración pública, donde se hace gobierno y ahí hay menos mujeres, por ejemplo, en el Ejército y la Marina.
En 69 años diecisiete mujeres han gobernado sus estados; hay paridad en las cámaras de Diputados y Senadores, pero muy pocas leyes para el avance de las mujeres se han logrado, especialmente en esta legislatura en la Cámara de Diputados, donde la mayoría son del partido de estado y las mujeres están rezagadas puesto que no dirigen el Congreso y no hay avance en las políticas públicas, además que se disminuyeron -¿eliminaron?- los presupuestos para programas y acciones específicas para las mujeres.
Considera que, aunque la paridad en las legislaturas ha favorecido la discusión de algunos temas de la agenda de las mujeres, solo algunas de las gobernadoras, legisladoras y funcionarias públicas los han impulsado; en las posiciones de la administración pública, tampoco han incidido para mejorar las condiciones sociales y educativas de las mujeres.
Sólo el 25.9 % de los ayuntamientos son encabezados por mujeres, en 2022 el 74.1 % de las presidencias municipales siguen encabezadas por hombres. La gestión local, a lo largo de 69 años, es la más rezagada en representación femenina.
No obstante, en las legislaturas locales las mujeres son el 53.6 %, mientras que los hombres representan el 46.4 %. Ello debido a los cambios legislativos -paridad electoral y paridad total- y aunque el ascenso ha sido lento, seguramente la participación femenina irá incrementando en los próximos años.
Destaca que, a pesar de estas reformas aprobadas en 2014, que impulsó la paridad en el Congreso, y la de 2019, la paridad total, en México, aún no ha habido una mujer en la Presidencia. Y en 36 años -1982-2018- se han postulado a la presidencia 6 mujeres, ninguna del partido gobernante en su momento.
El documento ¿Cuánto ha avanzado la representación política de las MUJERES EN MÉXICO? sostiene que a pesar de que este sexenio existe la mayor cantidad de mujeres en el gabinete legal y ampliado, con 10 mujeres de 19 puestos, -ahora sólo 8- la presencia de las mujeres predomina en los niveles más bajos, con los menores salarios y más bien se desempeñan en las áreas operativas, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Gobierno Federal 2021 del INEGI.
Es cierto que en la actual administración 14 mujeres han sido nombradas, pero de ellas en realidad 4 han renunciado y ya hubo 3 en la misma secretaría, la de Economía, 2 en la Secretaría de Educación, lo que hace que disminuyó a 8, menos del 50 por ciento que mandata la Ley, como lo analizó el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El cuadernillo nombra a todas las que han sido secretarias y agrega su fotografía, de Olga Sánchez Cordero (SEGOB), que hoy es un hombre; Rosa Ícela Rodríguez (SSPC); María Luisa Albores (BIENESTAR y SEMARNAT); Ariadna Montiel Reyes (BIENESTAR); Josefa González Blanco (SEMARNAT); Rocío Nachole García (SENER); Graciela Márquez Colín (SE); Tatiana Lutier Carrillo (SE); Irma Eréndira Sandoval (SFP) quien renuncio y ahora es un hombre; Delfina Gómez Álvarez (SEP); Leticia Ramírez Amaya (SEP); Luisa María Alcalde (STPS); Alejandra Frausto Guerrero (SC) y Raquel Buenrostro Sánchez (SAT, SE).
De las 19 secretarías de Estado que conforman el gabinete legal del Presidente, actualmente son solo 8 de 19, porque en dos secretarías, la de Gobernación y la de la Función Pública que originalmente eran mujeres quienes encabezaban, al renunciar fueron sustituidas por hombres. Y del número total de trabajadoras de la Administración Pública Federal, el 47 por ciento son mujeres y 53 por ciento hombres, lo que parece equilibrado, sin embargo, la presencia de las mujeres predomina en los niveles más bajos y con salarios de 15 mil pesos.
Sostiene el cuadernillo que, aunque la paridad en las legislaturas ha favorecido la discusión de algunos temas de la agenda de las mujeres, solo algunas de las gobernadoras, legisladoras y funcionarias públicas los han impulsado, lo que marca un déficit.
Antecedentes
El 17 de octubre de 1953 se concretó el derecho pleno de las mujeres a votar y ser votadas. A partir de entonces, los espacios políticos se han abierto paulatinamente para las mujeres, logrando la paridad en el Congreso de la Unión y aumentar significativamente el número de gobernadoras.
Fue hasta 26 años después de la promulgación del derecho al voto femenino que Colima eligió a su primera gobernadora, Griselda Álvarez. Desde entonces, diecisiete mujeres han gobernado sus estados. Este número irá incrementando en los próximos años debido a las reformas aprobadas en 2014, que impulsó la paridad en el Congreso, y en 2019, la paridad en las candidaturas para todos los cargos. En México, aún no ha habido una mujer en la Presidencia.
Desde 1982, cuando se postuló la primera candidata, sólo cinco más han contendido por este cargo hasta 2018.
Para 2024, el contexto legal favorecerá que haya más candidatas a la Presidencia de la República.
En la Administración Pública Federal ha aumentado el número de mujeres encabezando las Secretarías de Estado, sin embargo, esto no se ha visto reflejado ni nada significa que sea un área de oportunidad para la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Por ello sostiene el análisis que tener más mujeres en espacios de poder aún no ha expandido a todo el país mejoras en las condiciones de vida, y tampoco desde las legislaturas que, si bien han favorecido la discusión de algunos temas de la agenda de las mujeres, solo algunas de las gobernadoras, legisladoras y funcionarias públicas los han impulsado.
Reconoce que incluir a más mujeres en el poder ha impulsado el enfoque de género en la discusión de diversos temas como el reconocimiento del feminicidio en el Código Penal Federal el 14 de junio de 2012; la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2017; la reforma del Código Civil Federal que prohíbe el matrimonio infantil, aprobada en 2017; o la exención de IVA en productos de gestión menstrual, aprobada en el presupuesto para 2022.
En lo local, se han generado avances como la despenalización del aborto, el castigo a las personas que difundan imágenes de víctimas de agresiones; y el reconocimiento de la violencia digital como un delito.
La participación de las mujeres en la Cámara de Diputados pasó de ser 23.3 % en 2005, a 50 por ciento en 2021. En el Senado, pasó de 21.1 % al 50 por ciento en las mismas fechas.
Lo peor la administración pública
De acuerdo con el INEGI, en 2021 hubo 305 titulares de área en la Administración Pública Federal, de las cuales sólo 20 por ciento fueron mujeres. El promedio de edad de los hombres titulares fue de 60.1 años y en las mujeres fue de 57.3 años; y 46.9 % de hombres y 39.4 % de mujeres contó con estudios de licenciatura.
Para simplificación del análisis, Consultoras en Género y Gobierno dividieron los puestos de trabajo en niveles operativos, los que perciben sueldo de 1 a 15,000 pesos mensuales; los mandos medios, entre 15,001 y 45,000 pesos mensuales; y los mandos altos, que perciben sueldos entre 45,000 y más de 70,000 pesos. Las mujeres participan, principalmente, en los mandos medios y operativos de la estructura, y menos en niveles entre dirección y titular de área.
La Secretaría de la Defensa Nacional es la dependencia con menor porcentaje de mujeres tiene dentro de sus filas con sólo 5.6 %, seguida por la Guardia Nacional con 24.8 % y la Secretaría de Marina con 33.8 %. Por el contrario, las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, Bienestar y Economía son las que más participación de mujeres tienen, con 55.7 %, 55.8 % y 55.2 % respectivamente.
La Secretaría de Educación Pública es la dependencia que tiene más mujeres en mandos medios y niveles operativos; la Secretaría de Cultura es la que tiene más mujeres en los mandos superiores. La falta de más funcionarias en los cargos más altos de las dependencias dificulta eliminar la brecha salarial, ya que la mayoría de las mujeres perciben menores ingresos.
En lo local, las brechas en el acceso al poder político son mayores. De acuerdo con Inmujeres, en 2022, el 74.1% de las presidencias municipales son encabezadas por hombres y el 25.9 % para mujeres 10. Asimismo, en las legislaturas locales son el 53.6 % mientras que los hombres representan el 46.4 %.
Principio de Paridad
El principio de paridad de género es el criterio que se utiliza para garantizar igual acceso a los puestos de representación política y asegurar equidad entre mujeres y hombres en las candidaturas en los Congresos de los Estados y el Congreso de la Unión, siguiendo los criterios de cada partido político.
En 1993 se hicieron recomendaciones a los partidos políticos para no superar el 70 por ciento de candidatos de un solo sexo, a lo que siguieron reformas de Ley para incluir cuotas de género, hasta las reformas constitucionales de 2014, con la que se logró la paridad legislativa, y en 2019, la paridad total.
El Congreso de la Unión pasó de tener cuatro diputadas y dos senadoras en 1955, a tener una LXV legislatura integrada paritariamente. Aunque se han incluido en la agenda legislativa algunos de los temas como derechos sexuales y reproductivos, patrimoniales y de seguridad de las mujeres, las comisiones más técnicas, como las de Hacienda o Economía, siguen lideradas por hombres.
Destaca que llama la atención que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, integrada por las coordinaciones parlamentarias y que constituye el principal órgano de decisiones políticas, no tiene a una sola representante mujer.
En el Senado, apenas dos de las ocho coordinaciones, y cuatro de once posiciones en la JUCOPO, son ocupadas por mujeres.
De ahí que concluya que la presencia de más mujeres gobernadoras y funcionarias públicas encabezando dependencias, no necesariamente ha generado más políticas públicas para las mujeres ni la aprobación de medidas en favor de los derechos sexuales y reproductivos.
Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana de gestación ha sido aprobada sólo en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur. De estos estados, solamente Ciudad de México, Colima, Guerrero y Baja California han sido gobernados por mujeres, y la iniciativa no ha sido impulsada por sus gobernadoras.
La presencia de las mujeres en los espacios de poder no implica aún mejores condiciones de vida, justicia y mayores oportunidades para las mujeres. Estas mejoras sólo se han logrado en algunos estados y en ciertos temas, por lo que un análisis a profundidad de estos avances será materia de un documento posterior.
Las consultoras que elaboraron el análisis se definen como un equipo de expertas comprometidas con el desarrollo político y social de México con especial énfasis en alcanzar soluciones equitativas, eficientes y de justicia de género.
