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Mujeres y Política| Autonomía en la Fiscalía

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Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 26 de diciembre, 2022.- La autonomía de las fiscalías se estableció para terminar con la estructural impunidad, derivada de la injerencia y en ocasiones la obstaculización por parte del presidente de México en turno, de los y las gobernadoras de las entidades federativas y del funcionariado. Es decir, la “independencia” de las Fiscalías del poder Ejecutivo, federal o estatal, era –cuando se concibió- una rendija de oportunidad para investigar y perseguir delitos e infractores y por tanto terminar con la lacerante impunidad, el pantano en que se ha convertido el sistema judicial mexicano y que ahoga a las víctimas.

A menos de un decenio en lo federal y un quinquenio en lo local, al menos en el caso de Oaxaca, estamos a años luz de terminar con la injerencia del Ejecutivo en la búsqueda de justicia, y por tanto de alcanzar la llevada y traída autonomía de las fiscalías. La cual, por cierto, es utilizada solo para fines de conveniencia.

Ello que ha dado, entre otras cosas, origen a la impunidad estructural, al entrampamiento de miles de casos sin resolver y, por tanto, la negación del derecho a la justicia y a la verdad histórica de los hechos que terminan la vida de seres humanos en este país, que no dejó de ser un México Bárbaro, parafraseando el título del libro de John Kenneth Turner, publicado en 1911.

Es sabido que la renuncia del fiscal general de Oaxaca, aceptada este lunes en una fugaz sesión extraordinaria del Congreso local, se forjó desde la titularidad del poder Ejecutivo, lo que no es una novedad, así ha sido el uso y la costumbre. Se olvidan por tanto que la Fiscalía no es parte más del gabinete de gobierno, bueno al menos así se entiende en la ley.

Desde que Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, ganó las elecciones en el pasado proceso electoral, hace unos seis meses, el propio Arturo Peimbert reconoció que se tenía que ir, que en cualquier momento le pedirían la renuncia, debido a “diferencias irreconciliables” entre ambos personajes. La fecha se cumplió, el pasado viernes, el fiscal acudió al Congreso de Oaxaca a presentar su renuncia.

La injerencia en otras áreas no es el verdadero pecado de un gobernante, que envestido como tal, empieza a fungir como el amo y señor de todas las cosas a su alcance y las que no alcanza con la mano, se las arriman. Así funcionan, ha sido un modo y estilo perpetrado por todos y cada uno de los ex gobernantes, aquí y en casi todos los rincones de este país. No hay límite. Es una deformación en el hacer y dejar de hacer de quien asume un cargo público de esa magnitud, a pesar de llevar a cuestas las doctrinas políticas del prócer mexicano, de origen oaxaqueño, que todo personaje que se precie de buen político cita, me refiero a Benito Juárez García (1802-1876).

Lo que sabemos y podemos comprobar es que el gobernante en turno decide y ordena a un fiscal a pesar de la autonomía. Con el ex gobernador de Oaxaca se pueden citar varios, muchos de ellos que tienen que ver con temas de distintos tipos violencias contra las mujeres. A 26 días del actual gobernante de Oaxaca las cosas no parecen mejorar. Así que alegando autonomía se puede obstaculizar un caso, inclinar la balanza no siempre a favor de la justicia y también se puede hacer caso omiso en todo sentido. No te ven, no te escuchan y menos te oyen, así de simple.

De ahí que, se hace necesario revisar el cumplimiento de la autonomía de la Fiscalía, desde el propio Congreso local quien como ha sucedido, tendrá que palomear “al o la buena” en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien habría que decirle se enfrentará a un monstruo donde no siempre manda el que la dirige y tendrá que servir a intereses ajenos y muy lejanos a la justicia. O sea, como dicen en el pueblo, se va a echar un trompo a la uña.

Y bueno, ya que andan en esos menesteres, bien haría el Congreso local en revisar la eficiencia de las Fiscalías Especializadas, una en Materia de Combate a la Corrupción y otra en Delitos Electorales, donde nos sobran dedos de la mano para sobre el número de expedientes judicializados y el resto siguen empolvados, guardados en cajas de cartón, para que un día se vayan a la basura.

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