Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 18 de julio del 2022.- Este domingo se cumplieron 42 años desde que México suscribió la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), lo que ocurrió un 17 de julio de 1980 y nueve meses después fue ratificada un 23 de marzo de 1981.
Tras la reforma constitucional de 2011, instrumentos como la CEDAW, un tratado internacional de derechos humanos de las mujeres, adquiere un nivel jerárquico igual que los derechos contenidos en la Constitución, por lo que el Estado Mexicano obligado a cumplir.
CEDAW reconoce las distintas formas de discriminación contra las mujeres, la desigualdad persistente; establece parámetros, líneas de acción, para que los Estados emprendan políticas públicas, y mejor aún, permite a las mujeres reclamar derechos, mediante un mecanismo de denuncias. La vigilancia al cumplimiento de la responsabilidad de cada Estado está en manos de 23 expertas que conforman un Comité CEDAW.
EN 2019, Gloria Ramírez, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en un análisis señaló que México ha recibido 201 recomendaciones por parte del Comité CEDAW.
Y este tipo de justicia que se busca fuera del país, es lo que yo llamo la “última puerta” que se deja a las víctimas directas e indirectas de las diversas formas de hechos derivados de la discriminación y desigualdad en el que sobreviven las mujeres o la mayoría de ellas en un país que no les garantiza sus derechos humanos.
CEDAW establece como forma de discriminación la violencia de género contra las mujeres, un asunto que en México no disminuye sino crece de forma sistemática. En 2018, se emitieron diversas recomendaciones al respecto y visto desde este lugar, está claro no han sido cumplidas por el Estado Mexicano.
Una de ellas fue reforzar la estrategia de seguridad para luchar contra la delincuencia organizada. La otra campañas y actividades públicas para el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres; capacitación a jueces, fiscales y otros trabajadores de áreas afines en materia de derechos humanos e igualdad de género; estrategias contra el machismo y los estereotipos discriminatorios, y medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres.
¡Sorpresa! Poco o nada se ha hecho para resarcir el daño y sí mucha “política de simulación”. La CEDAW está ahí, tenemos que tomarla, porque es la última puerta y tenemos que hacer que las recomendaciones se cumplan de verdad.
