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Mujeres y Política| Indignante criminalización de periodistas en México

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Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Cd. de México, 10 de mayo, 2022.- México es un país lleno de impunidad y cuando un crimen no se castiga, se repite.

En cuatro meses y 10 días de este año, 12 periodistas -nueve hombres y tres mujeres- han sido asesinadas. 59 hombres y mujeres a los que les han arrebatado la vida en solo tres años, cuatro meses, nueve días, el mismo tiempo de la actual administración pública federal.

Artículo 19, hasta el asesinato de Armando Linares López ocurrido el 15 de marzo pasado, y sin contar el crimen de Marco Antonio Islas Flores del 6 de febrero, contabilizaba 153 periodistas asesinados.

Este mes de mayo ocurrió de nuevo en la persona de Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo “embolsado” fue localizado el 5 de mayo, cuatro días después, ayer lunes, nos enteramos de los feminicidios de Yesenia Mollinero Falconi y Johana García Olvera, con lo que suman –contando a Marco Antonio Islas Flores- un total de 157 entre el año 2000 y lo que va de este 2022.

El problema es la impunidad, una que va de mano con la criminalización de los y las periodistas, al imputarse a boca de jarro, implicaciones de otros (presuntos) delitos, como sucede hoy en Veracruz con los recientes crímenes de la directora del portal de noticias El Veraz y su camarógrafa, por parte de otros “periodistas”. Por cierto, estos dos últimos hechos ocurridos en el estado más letal del país para quienes ejercen el periodismo.

Esa criminalización solo ha servido para desviar la atención de los asesinatos, ensuciar la memoria de las víctimas, sino que también abona a la impunidad y buscan “justificar” un acto repudiable y artero que enluta a las familias de las víctimas.

Opiniones van y vienen en las redes sociales y hasta en alguno que otro “medio” que se dicen serios, a pesar de tratarse de “filtraciones” en las que se afirma que las periodistas asesinadas en Cosoleacaque estaban “metidas en asuntos de drogas”.

El crimen se cometió poco después de las 15 horas. Las “investigaciones” apenas se iniciaban y a las 16.47 horas empezaron a aparecer en redes sociales afirmaciones como el hecho de que se habían encontrado objetos que se utilizan para el consumo de estupefacientes en el vehículo de una de las víctimas.

Luego se circuló un supuesto audio de una conversación de una de las víctimas con un hombre, una que el mismo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, apuntó que se investigaría, lo da por hecho. En el periódico Regeneración –que se atribuye al vocero presidencia Jesús Ramírez- transcriben la supuesta conversación. No es raro, considerando lo que pasa en todos los días desde eso que llaman el púlpito del presidente.

Quienes conocieron a Yolanda, dijeron que esa no era su voz. Y por si algo faltara se corrió la versión de una extorsión, por lo que ella buscaba el número telefónico del Tercer Batallón de Minatitlán para denunciar y hubo quienes las desconocieron como periodistas, este dato, sería contrario a audio que publican hoy. Todo tiene el mismo fin: minimizar dos arteros asesinatos, justificar lo injustificable y criminalizar a las víctimas. Se llama, bien dicen, fabricación de pruebas.

Hacer periodismo no es tarea fácil. El resultado está a la vista de todos, 157 periodistas, 143 hombres y 14 mujeres asesinadas en solo 22 años. Casi un ocho por ciento de ese dramático total de víctimas ocurrió en los primeros meses de este año. La mayoría sigue sin ser esclarecido y cuando digo la mayoría es la mayoría.

El periodismo es una tarea profesional mal pagada, además de insegura y, peor todavía, se menosprecia desde el propio poder político -desde el Presidente, algunos gobernadores y gobernadoras y presidentes municipales- y desde los otros poderes no institucionalizados, pasamos de los caciques de horca y cuchillo, a los sicarios mandados por el crimen organizado. Todos ven en la actividad periodística a sus enemigos.

México es un país donde nadie investiga, por tanto, no hay responsables, persiste la impunidad para autores intelectuales y materiales. Un permiso para matar. Esa es una responsabilidad de las Fiscalías del país. Veremos si en este caso harán lo propio, que no es otra cosa que procurar justicia y castigar a los responsables y también a los pregoneros –de funcionarios corruptos o delincuentes confesos- que desvían la atención de un hecho cruel y cobarde y del que nunca dejaremos de indignarnos.

SEM/sj

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