- No veta la reforma “retrógrada” de la paridad en sistemas normativos indígenas como se lo pidieron.
- La incorporación de las mujeres a la vida política en 417 municipios de Oaxaca será “gradual”.
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 27 de octubre del 2022.- Mientras se encontraba viajando al Vaticano, donde obsequió una Virgen de Juquila al Papa Francisco y a 35 días de concluir su gobierno, Alejandro Murat Hinojosa ignora las múltiples peticiones para vetar la aprobación a la modificación del artículo transitorio tercero del decreto 1511 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, considerando un retroceso a los derechos políticos de las mujeres que son electas en 417 municipios regidos por el principio de sistemas normativos indígenas.
Con fecha del 25 de octubre, el Periódico Oficial publicó la reforma, misma que fue aprobada el pasado 29 de septiembre por la diputación de Morena, PT y PVEM de la LXV Legislatura, cuyo efecto -desde las voces diversas- representa un retroceso, ya que posterga la paridad en los gobiernos municipales, al eliminar la igualdad numérica entre hombres y mujeres a partir de las elecciones del año 2023.
Sin embargo, la reforma que elimina el plazo establecido en la modificación legislativa de mayo del 2020 y que había sido considerada como uno de los más importantes avances para la incorporación de mujeres a la vida pública en comunidades indígenas, fue sustituida por una incorporación “gradual”.
En cartas por separado, diversos grupos de oaxaqueñas pidieron al ejecutivo vetar la reforma, que habría sido inicialmente propuesta por mujeres de 25 municipios zapotecos y chinantecos, dejando fuera la opinión de mujeres de otros 392 municipios con sistemas normativos indígenas y de 14 grupos étnicos más, revelaron las voces inconformes.
También habrían realizado llamados al gobernante funcionarias públicas de su gabinete, legisladoras locales y federal del PRI, para solicitar el veto a la reforma por retrógrada al avance político de las mujeres.
Una de las cartas públicas fue firmada por 250 mujeres de comunidades indígenas oaxaqueñas a principios de octubre. Dicho documento estaba suscrito por unas 50 autoridades municipales, lideresas comunitarias y mujeres organizadas, quienes advertían sobre “el grave retroceso a los derechos políticos de las mujeres indígenas en Oaxaca”.
En su documento señalaron que esa reforma representaba una violación a los derechos humanos de las mujeres indígenas e implica un retroceso a los espacios ya ganados y advertían que dicha acción no reduciría la violencia política en razón de género contra las mujeres.
En su carta condenaron que las diputadas locales que fijaron postura para defender esta reforma “retrograda” lo hagan desde un discurso racista y clasista, que nos consideren como mujeres incapaces, ya que según ellas las mujeres que somos autoridades en nuestras comunidades, no tenemos “capacidad de decisión”, pues sólo obedecemos lo que nos dicen los “asesores” o porque no nos dejan participar en las asamblea, nos siguen mirando como personas incapaces, como si necesitamos tutelaje y protección especial, es la misma mirada colonialista que no se termina de erradicar, señalan en un documento publicado el 4 de octubre pasado.
Dos días antes de la carta de mujeres autoridades indígenas, feministas oaxaqueñas también suscribieron un documento público dirigido a Alejandro Murat para que vetara la reforma al artículo transitorio tercero del decreto 1511 y que coloca a las mujeres de 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, en un estado de excepción, al postergar la paridad y mantener la subordinación de las mujeres indefinidamente.
La carta pública fue firmada por más de 150 feministas explicaron cómo la reforma política orquestada en el Congreso local favorece los privilegios de los hombres y erosionan la democracia y advertían que los derechos humanos no se consultan y no se sujetan a plazos, sino se reconocen y garantizan.
“Somos conscientes que no habrá justicia si se continúa estableciendo y atendiendo jerarquías entre quienes luchamos por eliminar cualquier tipo de discriminación; este sentido, insistimos en que es el mismo valor el que se persigue cuando se lucha por eliminar la opresión hacia los Pueblos originarios o la opresión de las mujeres o, las desigualdades económicas entre el Norte y el Sur del mundo”.
“Contra las múltiples voces reaccionarias que reclaman tiempo indefinido para reconocer la paridad como un derecho constitucional de las mujeres en los municipios que se rigen por el Sistema Normativo Indígena, proclamamos el consenso planetario que existe para lograr la igualdad”, señalaba la carta que no fue leída por Murat Hinojosa.
En el mismo septiembre y tras la aprobación de la propuesta presentada por tres legisladoras morenistas Yesenia Nolasco Ramírez, Haydeé Irma Reyes Soto y Nancy Natalia Benítez Zárate, que hicieron suya la propuesta de la Unión Liberal del Ayuntamiento del distrito de Ixtlán, otras autoridades municipales mostraron que había una equivocación en su apreciación.
Las Mujeres Autoridades explicaron que con datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) en 100 municipios donde se eligieron autoridades por sistemas normativos indígenas este año 2022, solo en ocho no se había cumplido la medida.
Por ello, advertían que la reforma“revertiría los avances que se tienen en los municipios donde ya se vienen ejerciendo y se han nombrado a las nuevas autoridades bajo criterios de paridad. Para nosotras el hecho de que la ley garantice nuestra participación, es una herramienta, como la pala cuando limpias la maleza del campo”.
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