Congreso

Necesaria intervención de Sedatu y gobierno de Guerrero

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Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 4 julio 2017.-Al menos mil 500 mujeres víctimas de violencia de la región de la Montaña, podrían dejar de ser atendidas de no haber una certeza en el funcionamiento del Centro Ciudad de las Mujeres, advirtió la diputada local Yuridia Melchor Sánchez.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló lo anterior durante su intervención en la que propuso un decreto de Creación del Centro “Ciudad Mujer” o “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort. 
La legisladora llamó a los poderes Ejecutivos, Federal y Estatal, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 consideren partidas específicas destinadas a los centros de justicia para mujeres.
Incluso propuso que el Presidente Enrique Peña Nieto emita un Decreto de Creación del Centro y establezca qué Secretaría será la responsable de su administración.
Melchor Sánchez consideró necesario exhortar a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y al propio gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el marco de sus atribuciones coadyuven en la solución de este conflicto, el cual pone en riesgo el derecho de acceso a la justicia de más mil 500 mujeres indígenas, que son atendidas cada mes.
Durante la sesión de este martes, la diputada local perredista, llevó a tribuna, el conflicto que enfrenta el personal –en su mayoría mujeres-, que laboran en el Centro Ciudad de las Mujeres, a quienes les adeudan cuatro meses de salario, y pesa una amenaza de despido de la mitad del personal, aunado a un descuento del 50 por ciento a sus sueldos a las que conserven el empleo.
El objetivo principal de dicho centro, ubicado en Tlapa de Comonfort, es el de garantizar los derechos humanos y sociales de las mujeres mediante la prestación de servicios especializados en diversas materias, como salud, educación, autonomía económica, atención integral a la violencia, atención infantil, a mujeres víctimas de violencia, con un modelo de atención interinstitucional enfocado a las zonas indígenas y los municipios contemplados dentro de la Cruzada contra el Hambre.
El proyecto inició como un modelo en procuración de justicia a las mujeres, con una inversión de 121 millones de pesos en beneficio de 189 mil mujeres, de los 19 municipios de la región Montaña, que en su mayoría está constituida por población indígena y hablantes lenguas originarias. 
Sin embargo, debido a situaciones administrativas ha enfrentado diversas problemáticas por la falta de solvencia presupuestaria, señaló la diputada.
Además de que no existe certeza bajo qué lineamientos, programas y partida presupuestal debe operar, ya que en un principio dependía de la Secretaría de Desarrollo Social y ahora a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La propuesta fue apoyada en lo particular por los diputados Ociel Hugar Trujillo y María Luisa Vargas Mejía, y aprobada por unanimidad por el pleno.

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