SemMéxico, Cd. de México, 15 enero 2019.- La estrategia de seguridad debe tener en cuenta cómo impacta la violencia de forma distinta a mujeres y hombres, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga (Morena).
Durante la mesa de diálogo “Guardia Nacional, Mujeres, Seguridad y Paz”, en la que estuvieron presentes la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y la Red de Seguridad y Justicia para las Mujeres, señaló que México tiene una emergencia de años, por el incremento de feminicidios en todos los rangos de edad, pero en especial los infantiles. “Hemos recibido un país en donde hay tortura y violaciones sexuales todos los días”.
Es urgente dar respuesta a las víctimas de los distintos municipios del país “debemos mirarlas de frente y no sacarle la vuelta al problema”.
La diputada Aleida Alavez Ruiz, también de Morena, expresó que después de escuchar diferentes voces, el dictamen de la creación de la Guardia Nacional se modificó y se acordó que su mando sea civil. “Es necesario garantizar a las víctimas que no se repitan actos violentos contra ellas”.
Del mismo partido, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, afirmó que es importante encontrar las condiciones para brindar al país seguridad, justicia y paz.
“Trabajaremos de la mano de las organizaciones para dar la batalla en este tema. No haremos oídos sordos. Revisaremos cuáles son las condiciones para la Guardia Nacional que se implementará porque es uno de los objetivos del Plan de Paz y Seguridad”.
Las diputadas Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Ana Lucía Riojas Martínez (Sin Partido) adelantaron que votarán en contra del dictamen porque no asegura la política de seguridad que el país necesita y porque la militarización no es la salida para la paz.
Por su parte, activistas de Sinaloa, Michoacán y Ciudad Juárez expusieron su testimonio sobre cómo ha sido el proceso de búsqueda de familiares desaparecidos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, y pidieron implementar estrategias que detengan la violencia en el país.
En el análisis de la creación de la Guardia Nacional los legisladores deben tomar en cuenta las voces de las comunidades indígenas, quienes coinciden en que no quieren más militares en la calle porque no brindan confianza, afirmaron.
La consultora internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres, Patricia Olamendi, leyó el manifiesto de las mujeres por la seguridad y paz en el que pidieron analizar nuevamente las reformas propuestas a 13 artículos de la Constitución con el fin de asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, previendo la participación de las Fuerzas Armadas en casos extraordinarios y sustituirlas en el menor tiempo posible.
Esta reforma, agregó, tiene que asegurar el fortalecimiento de las policías y de instancias en investigación del delito; solicitamos que se mandate la inclusión de perspectiva de género y de los derechos humanos.
Garantizar la representación de mujeres en pie de igualdad en todos los niveles de decisiones en las instituciones y mesas de negociación, en la construcción de reformas legales y en la política pública encaminadas a lograr la seguridad, justicia y paz, son elementos a incluirse, sostuvo.
Asimismo que se sancionen todas las conductas de violencia por razones de género que se cometan contra las mujeres por integrantes de la Guardia Nacional, como la tortura sexual. También que se instale el sistema nacional para niñas y mujeres desaparecidas y feminicidios, muchos de ellos perpetrados por y en contexto de la delincuencia organizada.
Agregó que la reforma deber considerar un mecanismo de protección inmediata para niñas y niños víctimas del crimen organizado o que su madre y padre se encuentren en prisión. Las organizaciones de mujeres piden establecer mesas de diálogo permanentes en los procesos de reformas en la materia.
De la organización Humanas Sin Violencia, A.C., Lucero Circe López Río Frío, puntualizó que la Guardia Nacional es una apuesta fundamentalista, patriarcal y bélica para no alcanzar la paz. “El dictamen adolece de la posibilidad de poner en el centro de las políticas de seguridad a las personas”.
Preocupa, agregó, que esta Guardia se centra en una disciplina militar, además justifica la estrategia bélica y armamentista al asociar la guerra con la política.
De la Red por la Paz, la Justicia y la Seguridad, de Ciudad Juárez, Imelda Rufo Nava expresó que en los procesos de seguridad para la paz no se consideró a las mujeres violentadas en sus derechos humanos por militares ni a quienes fueron parte de trata, de mujeres explotadas y en cautiverio.
“Los derechos humanos deben ser el eje fundamental de la Cuarta Transformación porque no puede haber cambios sin la participación de mujeres en los procesos de seguridad, justicia y paz en el país”, agregó.
El director Ejecutivo de la Comisión Mexicana, Defensa y Promoción de Derechos Humanos, José Antonio Guevara, consideró que el dictamen de la Guardia Nacional busca constitucionalizar la militarización del país.
“Lo que este Congreso está por aprobar en materia de seguridad nacional es un cambio de paradigma de las relaciones cívico-militares en México. Es la sustitución de la Constitución del 17 por una de corte autoritario que militariza la seguridad, viola el pacto federal, afecta la división de poderes e implicaría el blindaje jurídico más ambicioso que cualquier régimen militar pudo haber soñado”, afirmó.
Ante ello, dijo que las y los diputados deben rechazar la iniciativa, cancelar la sesión extraordinaria de mañana y abrir la discusión sin prisas, presiones y chantajes para encontrar el mejor modelo de seguridad.
El representante de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Antonino de Leo, consideró que la reforma debe integrar a la policía a nivel federal, estatal y municipal y capacitarlos en materia de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Agregó que es fundamental tomar en cuenta la rendición de cuentas y políticas que generen confianza en las instituciones.
Asistieron la senadora Patricia Mercado (MC) y las diputadas Beatriz Rojas Martínez (Morena) y Martha Tagle Martínez (MC).
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