Tras una gira alrededor de 9 países, activistas contra el abuso empresarial que sufre Latinoamérica denuncian y exigen unas leyes protectoras sobre las empresas que explotan sus terrenos y a sus poblaciones
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 13 de noviembre, 2022.- Este jueves se celebró una rueda de prensa a cargo de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) con el fin de conocer de primera mano a defensoras de los derechos humanos de Brasil y Guatemala, al igual que las consecuencias que sufren las personas, sus comunidades y sus territorios por la falta de responsabilidad y el abuso por parte de empresas transnacionales que operan en sus países.
Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad y moderadora de la mesa, ha dado voz a la necesidad del proyecto de ley de Debida Diligencia en nuestro país. De esta forma, se puede contar con una legislación que acabe con la impunidad de empresas, en algunos casos españolas, que abusan de sus trabajadores en estos países más vulnerables. Durante la mañana han tomado la palabra distintas activistas que luchan por estos derechos humanos.
Tras un pequeño tráiler del documental “La ilusión de la abundancia”, que recoge la experiencia de tres defensoras frente a los impactos y la impunidad de las grandes empresas transnacionales en Latinoamérica, ha tomado la palabra Carolina de Moura, activista medioambiental y representante de las 272 personas que fallecieron en 2019 por el derrumbe de una presa de residuos de la empresa minera VALE, en las minas Gerais en Brumadinho. Ha dado voz a la catástrofe, ha puesto cara y nombre a las víctimas y ha denunciado “la irresponsabilidad y el silencio de la empresa”.
A Carolina le acompaña Danilo Chammas, abogado y defensor de derechos humanos que ha trabajado con los familiares de las víctimas mortales de Brumadinho por su justicia penal, la reparación integral y la garantía de que no vuelva a suceder.
“Que estos mártires sirvan para acabar con la injusticia”
Por otro lado, actualmente en Guatemala están operando tres empresas hidroeléctricas distintas, pero cuya producción va destinada únicamente al extranjero, dejando sus comunidades sin energía, que se ven obligadas a luchar contra apagones, y jugando con amenazas y división de territorios.
Feliciana Herrrera es coordinadora de la Alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil de Nebaj, Guatemala, y defensora activa en la defensa del territorio en esta zona en la que están asentados distintos megaproyectos hidroeléctricos. Su región está muy codiciada por el agua, recurso natural que las empresas internacionales están explotando y, de esta manera, rompiendo completamente el medioambiente, “nosotros queremos defender nuestro territorio y nuestros recursos pero también la vida no solo de los seres humanos, también de todos los elementos de la naturaleza, que están desapareciendo”.
“Estas empresas explotan y violentan a los trabajadores, contaminan el medioambiente y los terrenos propios y violan los derechos humanos y los derechos contra las mujeres”
Francisca Pérez, nombre ficticio debido a su propia seguridad, forma parte del Comité de Unidad Campesina de Coatepeque, en Guatemala. Actualmente se encuentra en un proceso judicial, sufriendo las consecuencias de haberse enfrentado a una empresa española que robó las cuotas para el fondo de Seguridad Social de 270 trabajadores, los cuáles no pueden acceder a su jubilación. Las empresas que están ubicadas en Guatemala condicionan a un abuso extremo a todos sus trabajadores y al entorno natural. No permiten la organización de sindicatos, amenazando con el despido y con dar a conocer esa «rebelión» a otras empresas para que los trabajadores no puedan ser contratados por ellas. También fumigan los campos de cultivo contaminando el medioambiente y haciendo imposible cultivar a particulares, los cuales pierden todas sus cosechas; abusan del agua, dejando grandes sequías en verano y creando inundaciones catastróficas en invierno, y violan los derechos de las mujeres trabajadoras con sueldos mínimos y asesinándolas por denunciar, “nos criminalizan, encarcelan y asesinan. Yo estoy criminalizada por defender los derechos de 300 trabajadores de una empresa que asesina a sus propios trabajadores”.
El evento ha sido cerrado por María Bardolet, responsable de programas con Sector Privado en Oxfam Intermón y ha concluido con las recapitulaciones de Almudena Moreno: “los derechos humanos y el medio ambiente no pueden esperar más, no admitimos más excusas ni que se demore más la aprobación de la ley española. Necesitamos con urgencia una ley que prevenga, mitigue y remedie los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor. El momento es ahora”.
La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por 16 organizaciones españolas de sociedad civil y representa a más de 530 entidades: Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Economistas sin Fronteras, la red Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Mundubat, Observatorio de la RSC, Oxfan Intermón, Setem-Campaña Ropa Limpia y USO.
Fotos: archivo cedidas por Plataforma por Empresas Responsables
