Esta yuxtaposición de la violencia contra las mujeres y sus derechos, por un lado, y su extrema marginación y exclusión, por otro, sigue siendo el eje de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en 2021
Redacción
SemMéxico. Madrid. 28 oct. 21. Amecopress.- Este 31 de octubre se cumplen 21 años de la Resolución 1325, un hito en el reconocimiento del papel fundamental que tienen mujeres y niñas en la construcción de la paz. Pese a ello, en 2020, las mujeres representaban solo el 23 % de las delegaciones que formaban parte de procesos de paz dirigidos o codirigidos por las Naciones Unidas (y si las Naciones Unidas no hubieran tomado esas medidas, esta cifra habría sido aún inferior), ninguno de los acuerdos de alto el fuego concertados entre 2018 y 2020 incluía disposiciones de género y hasta el 31 de diciembre de 2020, eran mujeres solo el 5,2 % del personal militar que sirve en operaciones de paz, según datos del informe “Mujeres, paz y seguridad” del Secretario General de la ONU presentado este año.
La Resolución 1325 fue un reconocimiento por parte de la comunidad internacional del papel que mujeres y niñas juegan en la construcción de paz y también de que el conflicto tiene un impacto diferente en mujeres y niñas. El texto, aprobado en el año 2000 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, insta a incrementar la participación y representación de las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos, y a garantizar la protección de mujeres y niñas en estos contextos, particularmente contra la violencia sexual en conflictos armados.
Las mujeres representan solamente el 25% de los integrantes de los grupos de trabajo contra la COVID-19 en 36 países que están en conflicto o bien que ya lo han atravesado
En los últimos dos años una pandemia mundial se ha convertido en el conflicto común al que el mundo al completo ha tenido que hacer frente. Los países, con situaciones diversas y desigualdades estructurales, con conflictos bélicos o sin ellos, se han visto obligados a pensar e implementar medidas para no solo resistir la muerte y la enfermedad, sino resolver la crisis económica y sanitaria derivada o muchas veces retratada enfáticamente, por la pandemia. Pues bien, tampoco se ha contado con las mujeres para afrontar semejante desafío. Las mujeres siguen teniendo una representación muy baja en la respuesta contra la COVID-19 y en otros foros de toma de decisión, si bien el trabajo de las mujeres -tanto remunerado como no remunerado- y su liderazgo en las comunidades mantiene el curso de las familias y las naciones. Las mujeres representan solamente el 25% de los integrantes de los grupos de trabajo contra la COVID-19 en 36 países que están en conflicto o bien que ya lo han atravesado.
Las repercusiones de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) tanto en la paz y la seguridad internacionales como en la igualdad de género son devastadoras. Por ejemplo, hay 100 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria a causa de los conflictos, frente a los 77 millones del año anterior. A finales de 2020, el número de personas desplazadas por la fuerza a causa de conflictos, crisis humanitarias, persecución, violencia y violaciones de los derechos humanos había aumentado a 82,4 millones, la cifra más alta de la que se tiene constancia y más del doble que hace un decenio. Entretanto, aunque la respuesta a la pandemia de COVID-19 demostró una vez más la eficacia de las mujeres en los niveles más altos de liderazgo, las mujeres siguieron teniendo una representación insuficiente en esa respuesta y en otros foros decisorios, fueron expulsadas de la fuerza laboral y la violencia contra ellas aumentó en todo el mundo en cuanto se instituyeron los confinamientos y las cuarentenas. Esta marginación tiene repercusiones negativas en la prevención y la recuperación de las crisis, así como en la paz y la seguridad internacionales en general.
Afganistán
La reciente toma del Afganistán por los talibanes ha atraído gran parte de la atención mundial. No obstante, en los meses previos, las Naciones Unidas ya habían documentado un número sin precedentes de asesinatos de mujeres afganas en 2020, entre los que se contaron los de activistas de la sociedad civil y periodistas, así como atentados contra académicas, vacunadoras e incluso juezas del Tribunal Supremo. Sin embargo, no hubo mujeres entre las personas encargadas de negociar con los talibanes en 2020. Cuando los delegados que representaban a los talibanes y al Gobierno del Afganistán se reunieron en Moscú en marzo de 2021 para negociar la paz, solo una mujer participó en las negociaciones.
Esta yuxtaposición de la violencia contra las mujeres y sus derechos, por un lado, y su extrema marginación y exclusión, por otro, sigue siendo el eje de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en 2021.
La perspectiva de género no solo es incluir a más mujeres, sino cuestionar las estructuras existentes
De algún modo, la Resolución 1325, aprobada hace 21 años, constituyó un hito importante en el reconocimiento de la participación de las mujeres en la resolución de conflictos, no como víctimas, sino como sujetos activos , y puso encima de la mesa la perspectiva de género como un elemento fundamental para la paz y la seguridad internacionales. Pero hoy sigue siendo necesario incluso revisar el significado de paz, como algo dinámico, y cuestionar estructuralmente el sistema que nutre los conflictos y se empeña por expulsar a las mujeres.
Efectivamente hoy día sigue estando vigente el reto de pasar de una economía de guerra y de un concepto de seguridad del Estado basado en las armas a una economía de paz y un concepto de seguridad basado en los derechos humanos. Los obstáculos principales de la agenda mujeres, paz y seguridad, según Manuela Mesa, directora de CEIPAZ, se deben a la falta de voluntad política por parte de los Gobiernos y la escasa dotación financiera. “Es importante comprender que la perspectiva de género no solo es incluir a más mujeres, sino cuestionar las estructuras existentes”, asegura Manuela Mesa, tocando el núcleo de la resistencia a la incorporación de esta perspectiva que cuestiona el concepto de seguridad y la militarización creciente.
Revertir la trayectoria ascendente en el nivel de gasto militar es una prioridad para el movimiento de mujeres para la paz y un compromiso clave de las Naciones Unidas
La reducción del gasto militar ha sido uno de los principales objetivos estratégicos del movimiento de mujeres por la paz y un compromiso fundamental de las Naciones Unidas desde su fundación. Este objetivo tiene una resonancia especial en la actualidad, cuando la vida y la seguridad de las personas se ven amenazadas por las enfermedades, el desplazamiento forzado, el hambre, el racismo, la misoginia violenta y la crisis climática. Los compromisos de reducir el gasto militar y controlar la disponibilidad de armamento ya se habían incluido en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y fueron reafirmados más recientemente en el Foro Generación Igualdad 2021. Una investigación reciente encargada por ONU-Mujeres, que utilizó datos de 153 países recopilados entre 1990 y 2019, revela una relación evidente entre la militarización y la desigualdad de género, que es más estrecha en los países que tienen un ingreso más bajo o un grado de democracia menor.
El informe del Secretario General sobre las mujeres, la paz y la seguridad del año 2021 emite un llamado urgente a la acción para reducir el gasto militar y para aumentar las inversiones en la consolidación de la paz, la educación, la salud y otros programas públicos. Revertir la trayectoria ascendente en el nivel de gasto militar es una prioridad para el movimiento de mujeres para la paz y un compromiso clave de las Naciones Unidas.
Es necesario seguir investigando para entender los contextos y las políticas que ayudan a reducir el gasto militar y aumentar el gasto social en beneficio de las mujeres y las niñas. Por ejemplo, un nuevo estudio ha revelado que el gasto militar más alto guarda una relación con el bajo índice de igualdad que padecen las mujeres en términos de elección, autonomía y participación en los procesos decisorios, tanto durante los conflictos como una vez que estos finalizan, y que las operaciones de paz de las Naciones Unidas pueden ayudar a que no se renueve la militarización en las sociedades que están en una situación de posconflicto y a mejorar la igualdad de género en un período de cinco a diez años.
A pesar de todos estos datos y del activismo de los grupos de mujeres en los países que se encuentran en una situación de conflicto, no se ha prestado atención al gasto militar en los marcos normativos sobre las mujeres y la paz y la seguridad, ni en la esfera mundial ni en la nacional.
No cabe duda de que la participación de las mujeres en la dirigencia política, la paz y la seguridad sigue siendo insuficiente y estando estancada, al igual que su acceso a los recursos económicos y los procesos decisorios. Es fundamental promover medidas positivas que aumenten la participación de las mujeres en los procesos de paz y en las transiciones políticas para velar por la igualdad de hecho, contribuir a los objetivos ambiciosos del Secretario General sobre las mujeres y la paz y la seguridad para la década y su llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y repensar los procesos para que sean más inclusivos y sostenibles a largo plazo.
Defender los derechos de las mujeres
Naciones Unidas ha anunciado que el informe del año próximo estará dedicado a otro de los cinco objetivos de la década: convertir la defensa incondicional de los derechos de las mujeres en uno de los marcadores más visibles e identificables de la labor de las Naciones Unidas en materia de paz y seguridad. El informe deberá incluir recomendaciones para mejorar la protección de las defensoras de los derechos humanos y contra todo tipo de violencia política en la vida pública, así como la experiencia adquirida de los últimos acontecimientos, como el del Afganistán y la evacuación o el intento de evacuación de las mujeres que se encuentran en peligro.
En los últimos años han proliferado las orientaciones e iniciativas para frenar la oleada de violencia contra las activistas y dirigentes. Sin embargo, siguen siendo escasas las medidas eficaces que ofrecen protección a las personas que están en una situación de riesgo inmediato o vinculan la participación a las necesidades de protección, además de que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger a las defensoras de los derechos humanos carecen de fondos suficientes. Los Estados Miembros deben considerar, por ejemplo, agilizar y facilitar la aprobación de las solicitudes de asilo, reubicación temporal o estatuto de protección de las personas perseguidas por motivos de género.
