Mujeres

No garantizar los derechos de las mujeres es violencia institucional: RFN

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  • Plantean que un gobierno democrático escucha a las mujeres y rompe el pacto patriarcal
  • Exponen problemáticas y ofrecen alternativas

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 10 de marzo, 2021.- Indignación profunda por el incumplimiento de tratados y acuerdos internacionales, leyes nacionales y estatales sobre los Derechos Humanos de las Mujeres que el Estado tiene obligación de cumplir y al ignorarlos y no garantizar nuestros derechos humanos ejerce violencia institucional “no hemos sido ni somos cómplices de ningún gobierno federal, estatal o municipal que los viole”, expusieron las Redes Feministas Nacionales a propósito del 8M de este año.


En un pronunciamiento explican que las feministas siempre han levantado la voz y es gracias a ello que se han logrado avances en los derechos de las mujeres. En cambio, aseguran que los tres poderes y órdenes de gobierno siguen teniendo una deuda pendiente con las mujeres, que han llevado a enfrentar graves situaciones que nos afectan en lo público y lo privado.

Un gobierno democrático escucha a las mujeres y rompe el pacto patriarcal, no las humilla. A las organizaciones de la sociedad civil las apoya, no las extingue. Al sector privado lo regula, no lo denuesta. A la sociedad la concilia, no la divide. Las instituciones democráticas construidas se fortalecen, no se desaparecen. El ejército defiende, no construye infraestructura y equipamiento civil. A los medios los escucha, no los insulta.

El Ejecutivo federal quien ha debilitado el Estado laico, ha aplicado una política macroeconómica que retrasa un avance sostenido de la igualdad social y de género; ha desestimado el aumento de las violencias que vivimos cotidianamente las mujeres de todas las edades, acentuadas por la pandemia; ha reducido y eliminado presupuestos públicos para programas dirigidos a mujeres; no ha destinado recursos para políticas anticrisis ante la pandemia, lo que ha precarizado en mayor medida a las mujeres.

Además, no asigna suficientes recursos para evitar el deterioro ambiental y, por el contrario, propuso una reforma eléctrica en sentido inverso a lo que sucede en el mundo; ha menguado el contrapeso de los diferentes poderes y órdenes de gobierno; ha desterrado el diálogo, al más alto nivel, con distintos sectores sociales y políticos para una toma de decisiones con un sentido igualitario, transversal y con perspectiva de género.

El resultado de esas acciones de gobierno dan como resultado otras problemáticas, las Redes Feministas Nacionales señalan ocho:

1.- Las mujeres tenemos mayores impactos debido a la pandemia, al ver deteriorados nuestros ingresos, incrementarse las cargas de trabajo de cuidado, e incrementarse las violencias contra nosotras.


2.-El Estado Mexicano ha incumplido las recomendaciones del Comité de la CEDAW y de otros organismos internacionales, particularmente en cuatro aspectos: feminicidio, desaparición de mujeres y niñas, alerta de violencia de género y el caso Pilar Argüello.


3.-También contraviene los estándares internacionales sobre: discriminación, salud laboral, educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.


4.- Continúa con la aplicación de un modelo económico neoliberal extractivista, que ha provocado el declive de ecosistemas y tejidos sociales, poniendo en riesgo no solo la seguridad alimentaria, sino la vida misma de la especie humana.


5.- Los recursos de los programas presupuestales para la igualdad entre mujeres y hombres son paupérrimos, algunos se han desmantelado o se asignan a programas sin perspectiva de género. No atienden a los principios de progresividad para avanzar en la universalidad de los derechos humanos y la igualdad sustantiva.


6.- No se cumplen los marcos jurídicos federales y estatales, en materia de derechos humanos de las mujeres, lo que impide o retrasa el acceso a la justicia para las mujeres, especialmente evita la erradicación de las violencias de género.


7.- Hay incumplimiento del principio de paridad en todo, pues no es solo paridad en las candidaturas, sino también en los órganos de toma de decisiones.


8.- Tampoco se está cumpliendo con el lineamiento del INE de la iniciativa “3 de 3 contra la violencia de género” para el registro de candidaturas, la cual suscribieron las dirigencias nacionales de todos los partidos políticos.

Y se pronunciaron por 16 acciones:


1. Un proceso electoral libre de violencia política en razón de género, con candidatos que no tengan antecedentes de violencia de género o sean deudores de pensión alimenticia.


2. La distribución del gasto público suficiente y con criterio de transversalidad de género para políticas públicas y programas de atención a las mujeres, sus hijas e hijos y para las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres.


3. La atención a la violencia feminicida y a los homicidios dolosos mediante la instrumentación de políticas públicas de prevención; la asignación de recursos suficientes para atender las causas y el fortalecimiento del mecanismo de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.


4. La participación activa de los Sistemas de Seguridad Pública en la Atención a la violencia en contra de las Mujeres, y el registro e integración eficiente de los expedientes.


5. La homologación del tipo penal de feminicidio y de las sanciones a los feminicidas. Hacer ágil y eficiente la implementación del Protocolo Alba y la Alerta Amber para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.


6. El cese a la persecución de las defensoras de derechos humanos y de las feministas que acompañan a víctimas de diversas violencias.


7. La erradicación de las violencias sexual y de género en todos los niveles del sistema educativo del país, con políticas públicas claras de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y sanción a agresores de las alumnas, docentes y trabajadoras.


8. El cumplimiento en el Poder Judicial del mandato de incorporar los principios de no discriminación, la debida diligencia y juzgar con perspectiva de género, ya contemplados en la legislación, para evitar la revictimización de las mujeres.


9. NO a las leyes que pretenden justificar la dominación y explotación de los cuerpos. Repudiamos la idea de considerar la prostitución como un trabajo. No a su regularización.


10. La despenalización del aborto en todas las entidades del país para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida.


11. La observancia estricta del Estado Laico para la construcción de una ciudadanía con libertades para decidir sobre sí y su entorno.


12. La instrumentación de una macroeconomía soberana de pleno empleo, que erradique las metáforas y falacias neoliberales de no gasto, que despoja a los gobiernos de su papel rector en materia económica.


13. La adopción de un Nuevo Pacto Verde con perspectiva de género y políticas integrales anticrisis con perspectiva de género, de derechos humanos y enfoque intercultural para enfrentar la pandemia, que considere y reduzca la intensificación del trabajo de cuidado de las mujeres, otorgue un ingreso mínimo vital digno y recursos digitales necesarios.


14. La suspensión temporal del pago de la deuda pública externa, para fortalecer sectores afectados y deprimidos como la salud, el rediseño de las viviendas que son ahora escuela y oficina, la atención y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de las violencias en la emergencia de COVID19.


15. La instrumentación de programas de defensa del medio ambiente y los recursos naturales, y el impulso a la generación de recursos económicos y alimentarios locales sostenibles y sustentables que empoderen a las mujeres.


16. La erradicación de las formas de explotación del patrimonio natural que se han traducido en destrucción de ecosistemas y tejidos sociales, y han puesto en riesgo la vida humana y los ecosistemas, en donde las mujeres, por su condición de género se ven más impactadas que los hombres.

El pronunciamiento dirigido al presidente de México, gobernadores, presidentes municipales, a los poderes Judicial y Legislativo, a los partidos políticos, la ciudadanía mexicana fue firmado por el Frente Feminista Nacional, las Constituyentes MX Feministas, MIRA Pensadoras Urbanas, Nosotras Tenemos Otros Dato, Red Nacional de Alertistas, Red Nacional de Refugios, Red de Género y Medio Ambiente y Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.

SEM/sj

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