Reclaman a la gobernadora, María Eugenia Campos Galván y advierten que volverán a salir a la calle hasta que escuche, atienda y resuelva sus casos
Dora Villalobos
SemMéxico/EcosdeMirabal, Chihuahua, 24 de marzo, 2022.- “No somos raras Señora, estamos indignadas por la indolencia, la impunidad y la injusticia. Así es como amamos a las y los nuestros, sin límites, sin renunciar a la esperanza de volverles a encontrar y con la absoluta claridad de que la búsqueda e investigación es una responsabilidad del Estado, que su Gobierno no está cumpliendo”, señalan 150 familiares de personas desaparecidas en una carta abierta dirigida a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
La carta abierta es en respuesta al comentario que hizo la gobernadora sobre la marcha que realizaron durante cuatro días: “Está medio raro no?, Lucha Castro, Víctor Quintana, otra vez el régimen coralista en todo su apogeo, muchos saludos a doña Lucha Castro, por cierto”
Las y los familiares de personas desaparecidas hicieron la marcha desde Parral hasta la capital del estado, pasando por Valle de Allende, Camargo, Saucillo, Delicias y Meoqui, para exigir atención de Roberto Fierro, fiscal general del Estado y César Jauregui, secretario general de Gobierno.
“Nosotras, las personas que firmamos esta carta, todas tenemos una persona de nuestra familia que se encuentra desaparecida, algunas de nosotras fuimos parte de la comisión que emprendió la jornada realizada el pasado fin de semana Caminando hasta Encontrarles y a la que tuvimos que recurrir por no recibir respuesta de las autoridades sobre cuándo podemos ser escuchadas”, indican.
Y recriminan: “Nos indignan profundamente sus declaraciones de que están raras las marchas de las personas desaparecidas. ¿Así que le parecemos raras? las madres, las esposas, las hijas, los padres, los hijos, hermanos, que caminamos por cuatro días, con la foto en el pecho de las y los nuestros, bajo el sol, con el aire y la tierra, sobre el asfalto caliente de la carretera, deshaciéndonos el corazón y la garganta en el legítimo reclamo de justicia”.
Recuerdan a la gobernadora que juró cumplir con la Constitución y le puntualizan que está obligada a garantizar los derechos humanos de todas y todos.
“Señora, nosotras no tenemos precio ni obedecemos a intereses políticos y que usted lo sugiera, es un verdadero insulto. Exigimos una gobernadora que garantice derechos y no que descalifique a las víctimas a las que no les está cumpliendo”, enfatizan.
Afirman que el dolor por la incertidumbre, la frustración por la injusticia y la impotencia por la negativa de las autoridades a recibirles, amerita una respuesta que se centre en eso y no que reduzca todo a una de las personas que hizo acto de presencia.
“Que no se le haga raro que volvamos a salir a la calle si seguimos sin ser escuchadas porque antes y después de usted, aunque crea que todo se trata de usted, hemos exigido y exigiremos localización con vida y castigo a los culpables… y lo raro, sería no hacerlo”, advierten.
Además de la carta abierta, familiares de personas desaparecidas convocaron a una rueda de prensa donde reclamaron a la gobernadora María Eugenia Campos Galván su comentario y le advirtieron que volverán a salir a la calle hasta que escuche, atienda y resuelva sus casos.
También organizaciones de la sociedad civil publicaron un pronunciamiento en respuesta a la declaración que hizo la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
La prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación de las desapariciones forzadas o involuntarias, es una responsabilidad del Estado que no puede ser evadida; por el contrario, el marco jurídico impone un deber de garantía de estos derechos que implica el máximo de los esfuerzos. Cualquier acción u omisión que se aparte de este deber, va en contra de los derechos humanos, señalan las organizaciones.
Recuerdan que México atraviesa por una verdadera crisis humanitaria que mantiene a casi cien mil personas desaparecidas y el consenso nacional e internacional es que urgen respuestas eficaces de todos los niveles de Gobierno para responder a esta crisis, postura que debe ser asumida por todas las autoridades.
“Las familias de personas desaparecidas tienen el derecho legalmente reconocido a acceder a mecanismos de participación para la implementación de la política pública en materia de búsqueda e investigación”, señala el posicionamiento.
Las organizaciones exhortan a todas las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua a no minimizar ni descalificar ninguna legítima solicitud de los colectivos de víctimas, ni a politizar la exigencia del respeto a derechos humanos.
“Nos unimos a las familias de personas desaparecidas que marcharon este fin de semana en Chihuahua para que puedan ser recibidas y escuchadas colectivamente, tal como lo han solicitado al fiscal general del Estado y al secretario general de Gobierno de esa entidad, para poder abordar no sólo los casos individuales, sino las principales necesidades y obstáculos detectados tanto en la búsqueda e investigación”, puntualizan.
