- Su hijo fue sustraído por el papá, aun así, se le concedió la custodia provisional
- Una funcionaria del DIF Municipal la hizo firmar un documento sin la presencia de un abogado
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 5 de agosto, 2020.- La justicia está lejos de las mujeres, sostiene Irma Haydée Trejo Ángeles, víctima de la sustracción de su hijo por parte de su ex pareja Luis Alberto R.R., y quien tiene ya más de año y medio sin ver a su pequeño.
Después de enfrentar un embarazo difícil, además de todos los tipos de violencia –de acuerdo con un dictamen elaborado por personal especializado del Inmujeres de la Ciudad de México- por parte de su ex pareja y la familia de éste, hoy enfrenta el lento proceso de la justicia, suspendido durante meses por el aislamiento sanitario del Covid 19.
El pequeño, de poco más de dos años, fue sustraído por su papá Luis Alberto R.R., de su domicilio en la ciudad de México para ser trasladado a la lejana población de Santo Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec, por lo que Irma Trejo Ángeles tiene poco más de año y medio sin ver a su pequeño hijo, sufre amenazas por parte de la familia de su ex pareja y, por si fuera poco, hasta de hechos de corrupción tanto de su ex abogada como de las instituciones.
El problema fundamental, explica a SemMéxico, es que su expareja, un hombre violento en extremo, por lo que ella ha interpuesto una denuncia, cuenta con un diagnóstico de trastorno de bipolaridad, por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz ubicado en la Ciudad de México, lo que pone en riesgo la vida y la salud de su pequeño e incluso de ella misma.
Del trastorno de bipolaridad supo mucho tiempo después de su convivencia en pareja y Luis Alberto R.R. le aseguró que tomaba vitaminas, pero siendo ella entonces una estudiante de veterinaria sabía que las pastillas no eran vitaminas, cuando tanto la madre de Luis Alberto como él mismo le informaron del padecimiento estaba ya casi por nacer el niño.
Incluso, afirma, las agresiones encontraron entonces un nicho de justificación permanente, pues las reacciones violentas contra ella se debían al trastorno bipolar, le decía él para justificarse. Incluso, Irma Haydée se enteró más adelante que Luis Alberto tuvo que ser internado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, una primera vez, porque agredió físicamente a su propia hermana, hecho que se ocultó en la familia.
Durante el séptimo mes de embarazo, presentó oligohidramnios, es decir, un volumen deficiente de líquido amniótico, por lo que se le recomendó tomar precauciones y más cuidados por parte del personal médico. En tanto, Luis Alberto la presionó para que se fueran a vivir a su casa. Pese a su condición recibió malos tratos de la madre de su pareja y decidió salir de ese círculo de violencia cuando el niño tenía poco más de dos años, para regresar a su casa familiar que compartía con su abuela.
El niño fue sustraído de la casa familiar de Haydée mientras ella asistía al trabajo y a su servicio social. Aunque de manera inmediata buscó a su hijo se encontró con la desagradable noticia de que se lo habían llevado de la ciudad de México, se trasladó sola y con pocos recursos a Santo Domingo Ingenio. Estuvo con su hijo bajo supervisión permanente. En una ocasión su expareja la golpeó de nueva cuenta y pretendió abusar de ella. Por lo que llamó a una patrulla. Fue conducida a una oficina del Dif municipal de esa localidad, le hicieron valoración psicológica y le atendieron las lesiones. Para interponer la denuncia por violencia, tenía que ser trasladada a Juchitán de Zaragoza, pero no le permitieron llevarse al niño, aduciendo que se encontraba delicado del estómago, pero le aseguraron que no habría problema.
La titular del DIF, Cintia Nashiely Gómez Morales le hizo firmar una carta, donde también estaban las firmas de los abuelos del niño y de su ex pareja. En el documento se asienta entre otras cosas “que al no tener la madre un techo seguro se estima conveniente que el menor quede al cuidado de los abuelos, HASTA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE DICTAMINE LO PROCEDENTE, sin que estos (el abuelo y la abuela) impidan la convivencia del menor y su madre…”. Sin embargo, eso no pasó.
Por el contrario, no le permitieron ver más a su hijo. El padre del niño promovió un juicio para solicitar la guarda y custodia, del que Irma Haydée nunca se enteró, no fue llamada a juicio y se decretó una guarda y custodia provisional a favor de Luis Alberto R.R. Una acción indebida, sostiene la madre del menor, quien también había interpuesto una demanda de esa misma naturaleza, con diferencia de un mes, en este caso Luis Alberto R.R., si fue debidamente notificado. El padre del menor presentó un amparo por conexidad.
Cabe señalar que de igual manera, ella interpuso una denuncia por violencia familiar, misma que quedó establecida en la carpeta de investigación 1025/FISCJUCHITAN/2019, que fue ofrecida como prueba en el juicio 217/2019, expediente que lleva el CAAMI, Centro de Ayuda a la Mujer Istmeña, del Grupo de Mujeres “8 de Marzo”.
Las irregularidades de la abogada
Trejo Ángeles refiere con un dejo de tristeza que tuvo que contratar a una abogada, de nombre “Rosa Isela S.M.”, a quien pagaba puntualmente sus honorarios y que de acuerdo con personal del juzgado habría dejado de promover actuaciones para recuperar al niño.
De igual forma pudo constatar otras malas prácticas por parte de personal de instancias responsables de procuración de justicia, quienes –presume- habrían sido compradas por la familia de su ex pareja y violentador.
Durante más de año y medio, ha viajado en diversas ocasiones desde la ciudad de México hasta Juchitán para tratar de recuperar a su hijo a quien asegura se le han violentado sus derechos humanos de manera reiterada, con acciones improcedentes de algunas autoridades, como la titular del DIF Municipal de Santo Domingo Ingenio que la hizo firmar un documento sin la presencia de un abogado, a pesar de que ella lo pidió de manera reiterada y a lo que accedió porque fue presionada y convencida de que no habría problema alguno, que podría regresar por su hijo.
En ese mismo lapso ha sufrido diversas amenazas, incluso de muerte, por parte de la familia de su ex pareja, quienes le han pedido de manera reiterada que deje de molestar y que el niño no les será devuelto nunca.
Ha tenido que dormir en refugios de la sociedad civil o de una iglesia cristiana para poder avanzar en el caso y lamenta que el supuesto poder económico de la familia de su ex pareja, quien debido a su problema psiquiátrico nunca ha trabajado, siga siendo un factor determinante para obstruir la justicia.
SEM/sj
