- El costo: 243 niñas y mujeres asesinadas de manera violenta
- Con 458 casos la actual administración se perfila como la de mayor violencia feminicida en la historia reciente de Oaxaca
Redacción
SemMéxico, 31 de agosto, 2020.- En el Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos”, como integrante del movimiento feminista, implementamos un monitoreo de violencia feminicida, como una aportación al análisis de una problemática que requiere atención y contribuir así a crear una sociedad donde se respeten los derechos humanos de las mujeres.
Desafortunadamente lo que se puede constatar es que estamos frente a un Estado fallido, pues la actual administración de Alejandro Murat con poco más de tres años de gobierno, ha acumulado con 458 casos, el 86 por ciento de la cifra más elevada de los últimos cuatro sexenios, 527 registrados en la administración de Gabino Cue, lo que perfila, de mantenerse esta tendencia, como la de mayor violencia feminicida en la historia reciente de Oaxaca.
Con voluntad política y acciones efectivas, ésta realidad podría cambiar, pero se requiere actuar en el presente, definir un rumbo claro, monitorear y evaluar resultados, hacer los cambios que se requieran y sumar esfuerzos y voluntades a favor de la protección de los D.H. de las mujeres.
A dos años de la Declaratoria de Alerta por violencia de Género se mantiene y se extiende la violencia feminicida en Oaxaca
Ante la gravedad de la violencia que enfrentan las niñas y las mujeres oaxaqueñas y la incapacidad de salvaguardar su libertad, integridad y su vida, la Secretaría de Gobernación emitió el 30 de agosto del 2018 la declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios de Oaxaca.
De acuerdo al monitoreo de violencia feminicida del Gesmujer, de los 243 asesinatos violentos de niñas y mujeres, 151 ocurrieron en municipios con alerta de género, lo que representa un 62 por ciento, mientras que un 38 por ciento ocurrieron en municipios sin AVG con 92 casos, lo cual refleja que ante la falta de acciones contundentes por parte de los tres niveles de gobierno, no se ha logrado detener la violencia feminicida y más aún, que ésta se está extendiendo a municipios no considerados en situación de riesgo.
¿Porqué ha fallado la AVG?
Reconocemos que la violencia hacia las mujeres y las niñas es un grave problema estructural, pero también contribuye la suma de omisiones y negligencias en su atención, lo que significa que hay indicios que pueden predecir el nivel de riesgo de sufrir una muerte violenta y es ahí donde urge una actuación profesional, oportuna y estratégica.
Como GESMujer consideramos que es necesario contar con un mapeo que permita identificar los niveles y gravedad de violencia familiar, violencia sexual y de género, de la emisión de órdenes de protección y de los casos de niñas y mujeres desaparecidas.
Ante la falta de resultados en la implementación de la AVG, es urgente hacer un recuento de algunos factores que explican este fracaso y que deben ser atendidos, reconociendo además que como ciudadanía seguiremos demandando acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las niñas y las mujeres.
Desconocimiento de la problemática
243 mujeres y niñas oaxaqueñas han sido asesinadas de manera violenta desde que se decretó la AVG, los números jamás podrán reflejar en dolor de las 243 familias a quienes el Estado les falló, pues a cada una de ellas les fue negado su derecho a la vida y el impacto las alcanzó a ellas, sus hijas e hijos, madres, padres, hermanos, hermanas y a comunidades enteras.
Por ello es urgente que las instituciones encargadas de implementar las políticas públicas orientadas a la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres y las niñas, cuenten con una estrategia coordinada que les permita identificar y atender la problemática.
Durante los dos años de la AVG la violencia feminicida se concentró con un 60 por ciento en tres regiones: Istmo 58 casos; Valles Centrales 45, Papaloapan 41. De acuerdo a los registros del GESMujer “Rosario Castellanos”, si bien han variado a lo largo del período, ubicándose a veces en primero, segundo o tercer lugar, lo que sí ha sido permanente es que éstas tres regiones son las de mayores niveles de violencia.
Ante esta situación es necesario conocer la actuación de las instancias presentes en las regiones. Por citar un ejemplo ¿existe una evaluación de resultados de los Centros de Justicia para las Mujeres en Oaxaca y Juchitán?, ¿cuentan con personal especializado?, ¿identifican claramente los casos de nivel de riesgo feminicida?, ¿qué alternativas ponen en práctica para salvaguardar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres?
Para monitorear y evaluar resutados se requiere hacer una revisión analítica del contexto en el que sucede la violencia. ¿Se han conformado los consejos municipales de atención interinstitucional?, ¿qué tipo de acompañamiento están recibiendo para realizar acciones de prevención y atención?, ¿en los municipios de mayor presencia de población indígenas y afromexicana se implementan acciones con un enfoque intercultural?, ¿se habilita a los cabildos para identificar factores de riesgo feminicida a fin de detenerlos?
Las mujeres jóvenes víctimas de feminicidio en Tuxtepec, que llevó a las familias y a la sociedad a las calles demandando justicia, ejemplifican la gravedad del desconocimiento de un contexto social, todas habían sido reportadas por sus familias como desaparecidas, es decir contaban con carpetas de investigación, sus cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas causando indignación, dolor e impotencia. ¿por qué no se identificó el riesgo para las mujeres estableciendo patrones delictivos en la zona? De las 243 mujeres víctimas de feminicidio durante el período de AVG ¿Alguna habría acudido a buscar apoyo en una institución?,¿alguna solicitaría una certificación de lesiones o una orden de protección?
Falta de capacidad para brindar atención a niñas y mujeres en situación de violencia
En reiteradas ocasiones la inconformidad de las mujeres que buscan apoyo para salir de relaciones de violencia, es qué si no llegan con graves lesiones físicas ante una autoridad, no son escuchadas, o bien se les desalienta a levantar la denuncia, se les sugiere regresar a su casa para “tratar de solucionar la situación” o se les dice “qué piensen en sus hijos” por citar solo algunos ejemplos, lo cual es grave, pero más aún si los casos ocurren en instancias especializadas de atención a las mujeres.
Públicamente se afirma que es de alta prioridad la atención a la violencia hacia las mujeres, pero en los hechos hay serias limitantes. Negar el acceso a servicios especializados en atención a la violencia desde que ésta inicia, significa no comprender que la violencia se agrava si no se atiende a tiempo, llegando incluso a la violencia feminicida, por ello para evitar re-victimizar es urgente:
Servicios de primer contacto para la atención a la violencia de mujeres y niñas
1.- La aplicación de la perspectiva de género en el servicio de atención, sin minimizar, cuestionar, ni sugerir o aconsejar a las mujeres con base a criterios personales, los cuales obstaculizan el acceso a un servicio de atención profesional.
2.- Evitar el condicionamiento de una denuncia penal para acceder a servicios. La denuncia es un derecho, pero no debe ser un obstáculo para recibir orientación y asesoría para definir un plan de seguridad y tomar decisiones informadas.
3.- Aplicar el protocolo de identificación del nivel de riesgo de la usuaria y que se le informe sobre sus opciones basadas en sus derechos.
4.- Que se asigne personal permanente para realizar peritajes médicos y psicológicos en las propias instalaciones, para evitar traslados a diferentes instancias, pues en cada trámite adicional se corre el riesgo de que la mujer abandone el proceso y por lo tanto se incremente el riesgo para su integridad y su vida.
5.- Realizar un trabajo intenso con el personal que atiende la violencia basada en el género, considerado también a la policía, que incluya capacitación, pero de inicio un diagnóstico que permita reconocer a aquellos varones que tienen mayores dificultades para manejar su violencia, pues es peligroso que sean quienes atiendan a las llamadas de emergencia por violencia hacia las mujeres.
6.- Evitar que las mujeres tengan que recorrer varias instancias para conseguir una orden de protección. Las mujeres deben acceder de manera sencilla, con información clara y precisa a las órdenes de protección, independientemente de que exista o no una denuncia penal.
7.- Que en todos los casos de violencia se identifique la pertinencia de una orden de protección, que se le explique a la usuaria sus alcances y limitaciones como parte del Protocolo de Atención
8.- Que se haga un seguimiento puntual a las mujeres que han solicitado órdenes de protección y se les haya otorgado, ya que se encuentran en riesgo. El seguimiento es posible debido a que las ordenes deben quedar en el expediente único de víctimas, registradas en el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia hacia las mujeres.
Impunidad
Carpetas de investigación integradas de manera deficiente, personal de investigación, médico y de psicología que carecen de una capacitación adecuada en la perspectiva de género, que en sus acciones evidencian una visión misógina de la violencia, incrementan el riesgo de que las personas agresoras queden impunes. En el caso de juezas y jueces argumentan que carecen de elementos para sancionar y de esta manera se perpetúa la re victimización.
Es urgente: Realizar una evaluación de resultados sobre el nivel de desempeño del funcionariado, de manera que se puedan fincar responsabilidades ante omisiones y negligencias.
Durante la AVG, es decir en el período se estableció como alta prioridad la protección de mujeres y niñas, 243 fueron asesinadas de manera violencia. Lamentablemente con los elevados niveles de impunidad, los casos de violencia por razón de género, incluyendo la violencia feminicida es una violación más a sus derechos humanos, pues se les niega el derecho de acceso a la justicia.
Tenemos derecho a vivir libres de todas las formas de violencia
La violencia que enfrentan las niñas y las mujeres es un problema estructural, la COVID-19 visibilizó el riesgo de su incremento de ahí la importancia de proveer servicios de emergencia coordinados, con personal sensibilizado, capacitado para realizar intervenciones desde una perspectiva de género, de manera oportuna y eficiente.
Por ello hacemos un llamado a las instituciones a identificar sus áreas de oportunidad, estamos conscientes de que atender a cientos o miles de mujeres es un desafío, pero las mujeres están tomando conciencia de sus derechos, lo cual es un gran avance, están empezando a confiar en que las instituciones harán lo que por ley les corresponde, por lo mismo urge atender profesionalmente su demanda pues será un aprendizaje para otras mujeres, ya que si encuentran justicia alentará a otras a buscar alternativas, pero si la experiencia es negativa, se quedarán en sus casas, con el consecuente riesgo para su vida.
Hoy más que nunca es tiempo de seguir generando sinergias, entre las mujeres, las asociaciones, organizaciones feministas, colectivas, medios sociales de comunicación, para lograr generar una voluntad política que haga efectivos los cambios que se necesitan para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, incluyendo la violencia feminicida.
La AVG es un mecanismo que permitió visibilizar en la esfera pública, los elevados niveles de violencia hacia las mujeres y las niñas, pero también hizo visibles las graves carencias institucionales para su prevención, atención y sanción. Realizar acciones para subsanar esas carencias, harán la diferencia, un plan de acción claro, coordinación interinstitucional y voluntad política es la demanda que la sociedad hace a esta administración. Tenemos derecho a vivir libres de toda forma de violencia. Alto a la Impunidad.
SEM/sj
