* Analiza datos registrados en el primer año del mecanismo que incluyó a 40 municipios
* 60 % de la violencia feminicida se concentra en tres de las ocho regiones.
Irma Lorena Márquez Torres
SemMéxico, Oaxaca, 29 agosto 2019.- El 65 por ciento de los 125 asesinatos violentos contra niñas y mujeres cometidos en el periodo que comprende el primer año de la Alerta de Violencia de Género en Oaxaca se cometieron en municipios con alerta, señala el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer).
En un comunicado, hacen un cuestionamiento al “mecanismo que busca generar una reacción-acción-inmediata, articulada en los tres niveles de gobierno y los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, a fin de implementar un plan de intervención y fomentar una política de gobierno” basadas en sus registros hemerográficos.
Señalan que además 35 por cento de los asesinatos violentos de mujeres y niñas, sucedieron en municipios que no cuentan con la Alerta por violencia de género y 60 % de la violencia feminicida se concentra en tres de las ocho regiones.
Como organización de la sociedad civil consideramos importante recalcar que aunque se declararon 40 municipios en todo el estado con alerta por violencia de género, como un mecanismo de acción-reacción-inmedita, ésta es una estrategia complementaria y, por lo tanto, es urgente seguir implementando y fortaleciendo el plan estatal de prevención, atención sanción y erradicación de la violencia de género y contra las mujeres.
En su análisis por región, identifican, por ejemplo, que de los 20 casos ocurridos en Valles Centrales, nueve de ellos sucedieron en municipios con alerta de género y 11 en municipios sin alerta, por citar algunos municipios se encuentran Villa de Etla, Santa María Atzompa y Ejutla de Crespo.
En la región Mixteca, de los 18 casos registrados, nueve ocurrieron en municipios con alerta y los otros nueve en municipios sin alerta, donde causa especial preocupación el municipio de Santiago Juxtlahuaca con cinco casos.
Desde la Declaratoria de Alerta de género, el Istmo es la región con el más alto porcentaje de violencia feminicida, con un 26 %, seguida de la Costa con un 18 % y el Papaloapam con un 16 %, lo que significa que en tres de las ocho regiones del estado se concentró el 60 % de todos los asesinatos violentos de niñas y mujeres.
Ante esta situación hacemos un llamado a las autoridades a realizar un análisis del contexto donde sucede la violencia feminicida, a fin de identificar indicios que pueden predecir el nivel de riesgo de sufrir una muerte violenta, así como realizar una evaluación exhaustiva de las instituciones que se encuentran operando en las zonas, conocer su problemática y sus necesidades para lograr una intervención con calidad, pues urge una actuación profesional, oportuna y estratégica.
Cabe mencionar también que, paralelamente a atender las necesidades del personal que opera en las instituciones, es conveniente dar un seguimiento puntual a su actuación, reconocer los esfuerzos y sancionar a quienes por acciones u omisiones no cumplan con sus responsabilidades, porque de ello depende la integridad y la vida de mujeres y niñas.
Señalan que el 52 % de las víctimas de asesinatos violentos tenían entre 15 y 44 años y 59 % de las niñas y las mujeres fueron asesinadas por armas de fuego.
En la etapa productiva y reproductiva, se dieron los mayores niveles de violencia feminicida, lo que significa que se truncaron oportunidades para el desarrollo de nuestro estado. A estas mujeres y jóvenes se les violentaron sus derechos a la libertad, la seguridad, la integridad y el principal de todos los derechos, el derecho a la vida.
Esta violencia feminicida genera también víctimas indirectas, hasta ahora invisibilizadas, pues se carece de información puntal de la cantidad de niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha arrebatado su derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.
Aun y cuando la ley establece que las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la supervivencia de niñas niños y adolescentes, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida, un 4% de los asesinatos violentos lo sufrieron niñas menores de 15 años, hechos que continúan en la impunidad.
10% de las víctimas de feminicidio eran amas de casa
Dado la limitada información con la que contamos para realizar un análisis de la situación de cada mujer y niña asesinadas de manera violenta, de acuerdo a nuestros registros en el 64 % se desconoce la ocupación de las víctimas, pero el resto y eso es lo más preocupante, se representaron áreas de ocupación diversas, donde el 10 % se dedicaban a labores del hogar, el seis por ciento eran comerciantes, cuatro por ciento estudiantes, le siguen con un dos por ciento agriculturas, empresarias, meseras, profesoras, servidoras públicas y con uno por ciento empleada, enfermera, policía, religiosa, estilista, ganadera, trabajadora de la construcción, es decir, niñas y mujeres con ocupaciones y trabajos que aportaban a la sociedad.
Los retos
La forma extrema de violencia de género contra las mujeres es la violencia feminicida, por ello, si bien es urgente avanzar en el reconocimiento de la problemática, investigando cada caso desde una perspectiva de género, paralelamente se deben reforzar las acciones para la prevención de la violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas tanto en el ámbito privado como público.
La alerta por violencia de género es un mecanismo perfectible, se requiere un análisis puntual para determinar aquellas áreas que requieren atención. Evaluar no solo en términos de cuántas capacitaciones se brindan, sino de valorar si esos esfuerzos se reflejan en la labor de los y las servidoras públicas, en las formas de desempeñar su quehacer institucional, incorporando el enfoque de género en toda las áreas.
Evaluar dónde y cómo se ejercen los recursos, desde la transparencia en la información hasta el impacto que estos recursos tengan en el incremento de la seguridad de las mujeres y las niñas.
Contemplar las características pluriétnicas de nuestro estado es otro de los desafios, tanto en la prevención como en la atención, por los riesgos que implica para la vida de las mujeres.
Es urgente hacer un balance puntual desde un enfoque de género e intercultural de los trabajos que se realizan en los municipios con mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas, considerando la pertinencia cultural, porque los contextos son distintos y a la fecha los esfuerzos por atender la violencia en comunidades indígenas siguen siendo los mecanismos institucionales, que les requieren a las mujeres que viven en situación de violencia, salir de sus comunidades y enfrentar barreras geográficas, económicas, culturales y de discriminación por su condición de ser mujeres, indígenas y de escasos recursos económicos.
Reconocemos que la problemática es compleja, pero una asignación de recursos suficientes y oportunos, una capacitación en perspectiva de género e intercultural y una voluntad política clara, son indispensables para garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las niñas y las mujeres de Oaxaca.
SEM/ilmt/sj
