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Once organizaciones denuncian que el gobierno redujo un millón cada día al presupuesto de salud para las mujeres

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*En 2020 un millón 171 mil embarazos no deseados y 25 mil en adolescentes, 300 mil mujeres sin anticonceptivos


A cambio aumentó en 93 por ciento el presupuesto para las obras emblemáticas del Gobierno
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México 2021.- En 2020 podrían haber sucedido un millón 171 mil embarazos no deseados, de ellos más de 25 mil en adolescentes puesto que la atención al aborto, legal y espontáneo cayó en 39 por ciento, hubo falta de anticonceptivos que afectó a 300 mil mujeres, según un diagnóstico de los efectos de la a pandemia hecho por 11 organizaciones civiles agrupadas en el Observatorio Género y Covid.

En esta crisis sanitaria, donde los embarazos no fueron de atención prioritaria, como se ofreció, 3 de cada 10 mujeres sufrieron violencia obstétrica y las mujeres que acudían al aborto legal en la Ciudad de México, de otras entidades, cayó en 47 por ciento. Revelan que cerca de 7 mil mujeres indígenas se infectaron con Covid 19.

En el observatorio se hizo el diagnóstico con datos oficiales, y estadísticas internacionales sostenidas con los reportes de la secretaría de Salud, sostiene el diagnóstico que se agravaron todos los rubros de la salud sexual y reproductivas, y que no hubo recursos adicionales para atender la emergencia sanitaria y por el contrario las mujeres no fueron antendids durante meses.
En el observatorio participan instituciones feministas y de investigación de larga data, con recursos para hacer sus estudios desde hace al menos para algunas hace 30 años, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE, Population Council y Equis, Justicia para las Mujeres entre otras.

Ellas denunciaron, que además de las condiciones extraordinarias que viven las mujeres en confinamiento, su salud se vio quebrada porque los recursos asignados a la salud de las mujeres se redujo en 400 millones de pesos respecto del año anterior, 400 millones es más de un millón al día. El presupuesto para programas de salud en 2021 fue de 2 mil 44 millones. En 2020, de más de 2 mil 450 millones, también disminuido respecto a 2019. Ello es la política del actual gobierno. Austeridad y Salud, según México Evalúa el más castigado antes de la crisis.

Además, en los hospitales, la falta de servicios y la tensión por la pandemia, una de cada 10 en el 2020 el pesupuesto fue de 2 mil, 448 millones de pesos.

Mientas gobierno federal incrementó este año 93 por ciento los recursos a los cinco proyectos emblemáticos de esta administración (Tren Maya, que absorbe casi todo el presupuesto de la Secretaría de Turismo, Corredor Transístmico, refinería Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucía y el tren México-Toluca).

En el Diagnostico “Nos cayó el 20”, organizaciones civiles, algunas con instituciones hace años, analizaron las principales consecuencias en la salud de las mujeres a causa de la pandemia; cómo ello impactó al aborto, la muerte materna, el acceso a anticonceptivos, la violencia obstétrica y los obstáculos de las mujeres con discapacidad para acceder a la salud.
Analizaron la salud de las migrantes, las indígenas, las afromexicanas, las privadas de la libertad y las mujeres con VIH.
Expresan que con este diagnóstico esperan “les caiga el 20” a quienes antes, durante y después de la pandemia tienen el poder de cambiar esta realidad.

Se estiman en 21 mil 575 los embarazos adolescentes no deseados

De acuerdo con proyecciones estimadas para el 2020 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), habría 145 mil 719 embarazos –de los cuales 21 mil 575 serán embarazos de adolescentes – adicionales al promedio de los esperados en el país debido a la pandemia de coronavirus. Esto puede deberse al incremento de la violencia sexual durante la pandemia y a que la población dejó de acudir a los servicios de salud sexual y planificación familiar por temor a contraer COVID-19.

ILE en Cd. de México redujo 39 por ciento menos en 2020
Con la contingencia sanitaria, se profundizaron las brechas que ya existían para el acceso a servicios de aborto legal. La falta de información y personal sanitario y la conversión de los servicios contrajeron citas médicas pospuestas, canceladas o referidas a donde no tenían capacidad de atenderlas.

Durante el 2020, la atención por aborto –espontáneo o inducido– en hospitales públicos, se redujo 32 por ciento en comparación con el año anterior según datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). En estos destaca que la mayor disminución ocurrió en el segundo semestre (46 por ciento) del año, cuando fueron incrementando los casos de COVID-19 en el país.

De modo similar, el Programa de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México registró 39 por ciento menos procedimientos entre abril y septiembre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019.
Además, en dicho lapso, el programa atendió a 47 por ciento menos mujeres provenientes de otras entidades que las recibidas en esos meses de 2019, esto de acuerdo con Datos Abiertos del gobierno de la Ciudad de México.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran necesario que el Estado mexicano despenalice el aborto en todo el país, y que institucionalice los procedimientos de aborto como un servicio más de la salud reproductiva que pueden acceder de forma segura, las mujeres y personas gestantes en todo México.

3 de cada 10 mujeres han sufrido violencia obstétrica
Durante el primer año de la pandemia, ha aumentado drásticamente la razón de muerte materna en el país. Tres de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica en México que tiene como consecuencia la muerte materna o puerperio
La atención prioritaria a pacientes positivos de COVID-19 provoco que las personas con enfermedades no contagiosas no reciban la atención que requieren, situación que afecta a quienes necesitan recibir atención obstétrica.

Las organizaciones de la sociedad civil proponen que se implemente de manera correcta el “Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida”.
Así como se asegure del conocimiento y capacidad técnica de su personal para garantizar la provisión de servicios de aborto seguro bajo los casos previstos por ley y garantice el abasto de medicamentos, como misoprostol y mifepristona, en los servicios médicos donde estén obligados a realizar abortos por violación y otras causales.

Anticoncepción y planificación familiar
Si bien hay abasto suficiente de métodos anticonceptivos para 2021 en las unidades públicas de salud de todo el país, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) estima que la necesidad insatisfecha de anticonceptivos en el caso mexicano incrementará de 11 por ciento a 18 por ciento , lo que significa un aumento de casi seis puntos porcentuales en tan solo tres años.
También, calcula que alrededor de 300 mil mujeres dejarán de acudir por anticonceptivos a los servicios de salud públicos. Esto podría significar alrededor de 1 millón, 171 mil embarazos no deseados entre 2020 y 2021, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Aún sigue pendiente la publicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2019-2024, el cual debería indicar las líneas programáticas y presupuestales a seguir por el Centro Nacional de Equidad de Género.
Mujeres con discapacidad, migrantes, indígenas, afromexicanas, privadas de la libertad y mujeres con VIH
Las mujeres con discapacidad, las migrantes, las indígenas, las afromexicanas, las privadas de libertad y las mujeres con VIH han enfrentado obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud debido a sus identidades.
Aproximadamente en nuestro país, 36 mil mujeres viven con VIH y, aunque este número ha incrementado rápidamente en los últimos años, muchas mujeres no quieren ser visibilizadas debido al conflicto moral que les representa su estado serológico ante una sociedad que discrimina.

A diferencia de la comunidad homosexual, los grupos de mujeres no se han organizado de la misma manera en la lucha por los derechos de quienes viven con VIH, salvo algunas excepciones como ciertos grupos feministas o de mujeres trans y algunas asociaciones civiles que han empezado a ver al VIH como una prioridad en sus agendas.

417 mujeres con discapacidad institucionalizadas
Respecto a las mujeres con discapacidad solo se obtuvo información de 14 instituciones psiquiátricas que dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas de las cuales 417 son mujeres. De la población total, 134 personas han sido infectadas de COVID-19 y sólo se han documentado dos muertes. Dentro de estas personas también tienen otra comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad o VIH.
De las catorce instituciones psiquiátricas que enviaron información, sólo cinco reportaron haber recibido financiamiento adicional para abordar el estado de emergencia ante la COVID-19. Tres mencionaron haber recibido apoyo en especie.

Mujeres migrantes
En el caso de las mujeres migrantes se registró un repunte del 20 al 40 por ciento en los flujos migratorios que llegaron en octubre del 2018 y todo el 2019. Para el 2020 fueron el 22 por ciento, y de las mujeres que solicitan asilo que es el 38 por ciento sus edades van de 15 a 44 años.

Las mujeres migrantes muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas.
Es común que el personal de salud les niegue el servicio incluso si están embarazadas supeditándolo a su estatus migratorio o documentación, ya sea por falta de sensibilidad, desconocimiento o xenofobia. Se ha documentado que las migrantes embarazadas han recurrido a las parteras, no obstante, autoridades de salud se niegan a que éstas las atiendan y emitan certificados de nacimiento.

Sin embargo, en coordinación con la academia, redes de organizaciones y algunas voluntades gubernamentales. Para revertir los actos del gobierno que criminalizan a la población migrante y las coloca en condiciones de vulnerabilidad, se realizaron diversas acciones como la promoción de juicios de amparo para frenar las detenciones migratorias, liberar a todas las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias y garantizar el acceso a la salud (ver Amparo 426/2020).

Mujeres privadas de la libertad
Se desconoce la cifra de mujeres contagiadas o fallecidas por Covid 19 privadas de su libertad, de acuerdo con el Monitor Nacional por COVID-19 en Centros Penitenciarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se reportaba un acumulado de 3,169 personas privadas de la libertad contagiada y 245 decesos.

Con la información preliminar de entrevistas con mujeres que lideran colectivas de personas liberadas, se ha registrado que las familias no tienen conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión. Que las personas reclusas tienen miedo de ir a los servicios médicos y de reportar síntomas. Esto a causa de la desinformación y, por otra parte, porque las guardias imponen cuarentenas por celdas, en lugar de forma individual. Las medidas implementadas por los gobiernos se han centrado en la restricción o prohibición de visitas.

Distintas colectivas de personas liberadas, como Artículo 20, Mujeres Unidas X la Libertad y Mujeres Libres, han organizado colectas de insumos para personas privadas de la libertad. Sin embargo, la restricción o prohibición de visitas en centros penitenciarios han impedido que familiares, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil puedan tener contacto con las personas recluidas, así como entregarles víveres o medicinas. Este obstáculo se le suma a la imperante opacidad del sistema penitenciario.

Mujeres indígenas y afromexicanas
En el diagnóstico “Nos cayó el 20” señalan como los tres millones 783 mil 447 mujeres indígenas y un millón 297 mil 617 mujeres que se auto reconocen afromexicanas, negra o afrodescendiente de acuerdo al Censo de Población 2020 carecen de acceso a servicios médicos no sólo por carecer de clínicas y hospitales sino porque los Hospitales Regionales como el de Pinotepa Nacional en Oaxaca y Ometepec en Guerrero, convertidos a hospitales COVID-19, están rebasados y no cuentan con los insumos necesarios para atender enfermedades cotidianas.

Así señalan que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), actualizado al 21 de enero de 2020, en México hay 14 mil 738 casos positivos COVID-19 en población que se reconoce indígena, de las cuales 6 mil 680 son mujeres.
Las integrantes de Mujeres afromexicana (MUAFRO) han estado en cuarentena ante un posible contagio de COVID-19. Esto ha tenido efectos negativos en el proceso organizativo y la promoción de derechos queda pausada, ya que las tareas de cuidados restan tiempo al activismo.

El Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir trabajaba de manera territorial con mujeres indígenas y afromexicanas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, aunado a fortalecimientos de liderazgos a nivel nacional de diferentes Estados del país.

Garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones para las mujeres privadas de su libertad, migrantes e indígenas, afromexicanas, así como capacitar al personal médico y administrativo de los hospitales y centros de salud sobre el marco jurídico que protege a las personas migrantes, con perspectiva de género, es de las principales recomendaciones.

Las organizaciones que integran el “Observatorio Género y Covid” está integrado por Balance; Ipas CAM; Disability Rights International; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) A.C.; Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.; Mexfam; Population Council; Equis, Justicia para las mujeres y el Instituto para las Mujeres en la Migración.

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