Juego de PalabrasYaneth Tamayo Ávalos

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Primero los pobres, ¿Cuál es la realidad?       

Yaneth Angelica Tamayo Avalos

SemMéxico. Cd. de México. 11 de septiembre de 2019.- Una de las frases más usadas por Andrés Manuel López Obrador en su administración, es “Primero los pobres”, la cual forma parte del discurso popular con el que se dirige a la ciudadanía y la cual al parecer es la base de las acciones que emprende en su administración.

Es de destacar que al año que va de su administración, la pobreza en México ha disminuido un 3% según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

Sin embargo, esta cifra no es del tanto convincente, debido a la existente medida de austeridad que el gobierno federal ha implementado en algunos sectores; tal vez más de alguno pensara, “que tiene que ver la medida de austeridad, si esta abona al ahorro de la economía del Estado”.

A lo que responderé; que la austeridad en los sectores que garantizan los derechos sociales, impacta directamente en el bolsillo de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

Por ello, exploremos un poco la idea y tomemos en cuenta los siguientes datos: según el CONEVAL desde el 2018 en México el 78.1% de las personas viven en condición de pobreza; en donde el 34.5% se encuentra pobreza moderada; el 29.3% son grupos vulnerables que viven en pobreza por carencias sociales; el 7.4% vive en situación de pobreza extrema; y el 6.9% son grupos vulnerables que viven en pobreza por ingresos. 

Además, como datos extras el mismo CONEVAL afirma que la mitad de los mexicanos en situación de pobreza no tienen ingresos suficientes para comprar productos de la canasta básica, sin contar que se encuentran limitados a acceder a los servicios de salud y educación; y yo le agregaría a la justicia.

En lo referente a las medidas de austeridad implementadas por el Estado, aventuradamente se puede decir que estas surgieron con el objetivo de tener prudencia con el gasto público, para evitar los gastos superfluos e irracionales que se venía dando en las anteriores administraciones; cuya finalidad es ajustar la economía entorno al alza de los precios, combustibles y situaciones que pudieran comprometer económicamente al país.

Sin embargo, estas medidas sacrificaron algunos beneficios palpables en los servicios públicos y programas sociales, como los destinados a la protección de grupos vulnerables (refugios para mujeres, guarderías, comedores alimenticios, abasto de medicamentos, entre otros).

Ahora bien, con la información obtenida resulta más fácil visibilizar y analizar las situaciones que se han derivado de estas medidas, en donde las personas mayormente afectadas son los grupos susceptibles de ser vulnerados -mujeres, infantes, adultos mayores y de más grupos-.

Un ejercicio con el cual podemos contextualizar lo anterior; es el desabasto de medicamentos que se ha dado en el sector salud; si bien, desde administraciones pasadas el servicio era deficiente, este ha empeorado debido al recorte presupuestal de la Secretaría de Salud, -fundado en la detección de gastos innecesarios y arbitrarios en las administraciones pasadas-, por lo cual las instituciones médicas sean visto incapacitadas para cumplir con el servicio.

Debiendo sortear dos problemas; el primero, solicitar presupuesto para el abasto de medicamentos y equipo médico, el cual debe ser aprobado por a la Secretaría de Hacienda -que desconoce las necesidades del sector salud y la prontitud con la que se debe actuar-; y el segundo, el sector salud debe otorgar un servicio de calidad con un presupuesto disminuido -austero-.

Esto es, ante la falta de un presupuesto suficiente que alcance para cubrir todas las necesidades del sector salud y la falta de gestión para comprar lo necesario, se genera un servicio de salud deficiente para una población de por si empobrecida que, además ante una circunstancia medica tienen que proveer de su bolsillo, los medicamentos y/o procedimientos con los que no cuenta el sector salud.

Lo que trae consigo que del 78.1% de las personas que viven en condición de pobreza y que necesitan acceder a dicho servicio, se vean disminuidas no solo en salud sino en su economía, pues las personas pobres se tienen que empobrecer más para obtener atención médica; y esto en el caso de que cuenten con algo de recurso económico, porque de no ser así, corren el riesgo de perecer; de ahí que sea burlesco decir que tales acciones están encaminadas a reducir la pobreza.

La actual administración está olvidando, que la pobreza es una condición humana que se caracteriza por la privación continua de los recursos, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado, en donde la pobreza constituye una negación de los derechos humanos.

Se debe estar consciente que, la pobreza no va a disminuir entregando unos cuantos pesos a las personas y menos si eso implica reducir el presupuesto de instituciones que les pueden brindar una mejor calidad de vida; el dinero que se les entrega no será suficiente cuando tengan que costear una enfermedad o un medicamento que no pueda cubrir el sector salud por falta de presupuesto.

Como conclusión, basta decir que las medidas de austeridad por sí solas no son malas, el problema radica en que son aplicadas de manera irracional; habrá sectores en donde estas medidas económicamente impacten y se cumpla el objetivo de ahorro; sin embargo, estas no deben ser aplicadas a los sectores sociales que están destinados a garantizar una vida digna y de calidad.

Una estrategia de erradicación de la pobreza, debe estar centrada en los grupos sociales vulnerables, ya que, en el papel histórico y estructural en el que se encuentran dentro de la sociedad, son estos los que más recienten las condiciones pobreza, a consecuencia de ser marginados y discriminados.

Se debe reorientar las acciones que se están llevando a cabo para permitir que todas las personas, especialmente aquellas pobres y marginadas, se beneficien de las mejoras. Lo cual solo será posible, si garantiza la igualdad de oportunidad y se transversaliza el principio de no discriminación en las estrategias de inclusión social.

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