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Combate a la pobreza; transferencias directas de efectivo

Yaneth Angélica Tamayo 

SemMéxico. Cd. de México. 18 de septiembre de 2019.- Uno de los temas más controversiales en la administración de Andrés Manuel López Obrador, son las transferencias directas de efectivo las cuales se reparten a todas aquellas personas que se suscriben a los programas federales destinados al combate de la pobreza.

En donde una parte de la población considera que la entrega de dichos recursos beneficia de forma directa a las personas y contribuye a la disminución de pobreza; otro sector, considera que tales medidas son descabelladas porque no se tiene la certeza de que el efectivo se entrega a personas que realmente se encuentran en condiciones de pobreza; y otro sector de la población, considera que dichos recursos no contribuyen a la disminución de la pobreza, porque los beneficiados no destinan el apoyo económico para sus necesidades básicas.

Tales consideraciones, han generado que la sociedad mexicana se encuentre en una discusión constante que algunos actores políticos aprovechan para politizar la pobreza; sin embargo, aunque parezca absurdo, todas las consideraciones antes mencionadas están en lo cierto.

Explico, en la actualidad y en gobiernos económicamente estabilizados, los programas de transferencia de efectivo, son una forma de política social y eficaz que contribuye a reducir desigualdades económicas y a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Las cuales, parte de una serie de estrategias que ayudan a combatir la pobreza a corto plazo, enfocándose en obtener un impacto directo sobre la realización de los derechos humanos de las familias pobres, especialmente las que se encuentran en pobreza extrema y que pertenecen a grupos vulnerables.

Estas transferencias directas de efectivo proporcionan los medios financieros para facilitar el acceso de las personas más vulnerables a bienes básicos como la alimentación, la vivienda o la educación. 

Sin embargo, estas transferencias funcionan, mediante la implementación de obligaciones, en la cual las personas beneficiarias están obligadas a destinar ese recurso, única y exclusivamente a la educación infantil, prestación de servicios alimentarios o sanitarios y empoderamiento de la mujer.  

Lo que les permite a las personas pobres una base digna para acceder progresivamente a sistemas educativos y servicios de atención sanitaria y elevar su nivel de vida. 

No obstante, estas trasferencias son temporales, ya que no están diseñadas para funcionar autónomamente, pues no pueden reemplazar a los servicios públicos ni a las políticas públicas específicas. Por ello, estas transferencias están acompañadas de programas de protección social que transversalizan género y derechos humanos; con el fin de proporcionar a las personas vulnerables una base común e igualitaria para el disfrute de sus derechos.

Con lo anterior, se puede decir que las entregas directas de recursos económicos no son una mala idea, de hecho, la UNESCO las ha reconocido por su gran eficacia en la erradicación de la pobreza; el problema en sí, radica en la forma en la que se entregan y el objeto que pretenden cubrir,pues están erróneamente aplicados.

Si bien, el Estado ha decidido implementar estas transferencias directas de efectivo, estas no están acompañadas de programas de inclusión social, ni mucho menos existe un sistema que les permita vigilar el destino del apoyo económico que se le brinda a la ciudadanía, por lo que no hay certeza que dichos apoyos cumplan el fin. 

Además, estos apoyos no están dirigidos a erradicar la pobreza desde el origen, pues parten de una idea generalizada de satisfacer las necesidades de la población; cuando lo primero que se debe atacar son las condiciones de extrema pobreza, especialmente en los grupos vulnerables, para después ir escalando progresivamente.

El Estado debe entender que el éxito para disminuir paulatinamente la pobreza, depende en gran medida de la voluntad política, la capacidad administrativa, la disponibilidad de recursos financieros; pero, sobre todo, se requiere la seguridad de garantizarle a la ciudadanía todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, que les permita alcanzar un nivel de vida adecuado.

Ya que la pobreza siempre va encontrar su origen en la violación a los derechos humanos de las personas; la pobreza no es solo la falta de recursos económicos, sino también, el nulo o limitado acceso de recursos básicos que le impide a las personas el disfrute total de sus derechos.

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