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Justicia patriarcal, una burla a Themis

Yaneth Angelica Tamayo Avalos

SemMéxico. 23 de enero 2020.- Una de las representaciones que sobre justicia se encuentra en el poder judicial, es la diosa griega Themis quien personifica la ley y el orden, el derecho y la justicia.

Curiosamente se trata de una mujer que mediante sus ojos vendados representa la imparcialidad y la igualdad; en su mano izquierda sostiene una balanza que significa proporcionalidad y equidad y en otra sostiene una espada que representa la capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta.

Bajo sus pies descalzos se encuentra un libro que alude a la justicia sustentada en la ley, la cual debe ser accesible a todas y todos aquellos que la solicite; con su pie izquierdo se encuentra pisando una serpiente que significa que la justicia tiene que imperar sobre todas las injusticias.

Sin embargo, su carga simbólica se encuentra alejada de algunas resoluciones o sentencia que algunos impartidores de justicia han sustentado en contra de mujeres que les solicitaron auxilio. Y no, claro que no se puede generalizar.

En los años que fungí cómo impartidora de justicia, me percaté de las mentes brillantes, progresistas y justas que elaboraban resoluciones con los máximos estándares de protección a los derechos humanos de las personas.

Pero entonces, muchos se han de preguntar ¿Por qué las víctimas de hechos notorios no obtienen justicia? A caso la ley es deficiente o los impartidores de justicia son corruptos.

Estas preguntas, han sido recurrentes cada vez que vemos atrocidades como lo sucedido a la saxofonista, a mujeres víctimas de feminicidios y a otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en donde las decisiones de los jueces han sido controvertidas por su falta de perspectiva de género y de enfoque de derechos humanos; incluso por su falta de racionalidad y su criterio arcaico.

Pero esto se debe a dos circunstancias; la primera, tiene que ver con la estructura cultural de género, en donde se minimiza lo que ocurre en la realidad social (grupos culturalmente vulnerables), siendo la practica jurídica, las instituciones jurídicas, su funcionamiento, la neutralidad y la supuesta objetividad; una forma de decisión y opresión del patriarcado.

En donde la racionalidad y la objetividad tienen principios masculinos que niegan y rechazan la subordinación de las mujeres y de algunas minorías. De ahí que la construcción de los argumentos y la forma en el que el discurso representa los intereses de los particulares, casi siempre tienden a posicionar en un lugar de desventaja a las mujeres y minorías, produciendo desde el ámbito institucional relaciones de poder y desigualdad entre los géneros.

Y la otra, tienen que ver con la actitud individual y personal de algunos operadores jurídicos quienes, ante la creencia de gozar de una condición profesional privilegiada y dada sin el más mínimo esfuerzo; permiten que su cultura de confort y del mínimo esfuerzo, les impida informarse y formarse bajo un criterio garantista y progresista.

La falta de exigencia en la imperatividad de la ley, en la aplicación de los derechos humanos y la perspectiva de género deriva en la vulneración del Estado de derecho.

La interpretación discriminatoria, inestable, confusa y degradante con la que en algunos casos se opera, atenta contra los proyectos de vida elegidos libremente por las personas; ocasionando consecuencias trágicas que deslegitiman al sistema de justicia y crea incertidumbre en las personas.

La única alternativa que la sociedad tiene es, combatir a las instituciones ejerciendo y activando todos los mecanismos y garantías jurídicas que se tienen a la mano. Dar batalla en los procesos judiciales permite limitar el ejercicio del poder y facilita el acceso a la justicia y la obtención de una reparación adecuada.

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