Mujer y PoderNatalia Vidales

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Reacción de mujeres  frena derogación del feminicidio

Natalia Vidales

SemMéxico. Sonora. 12 de febrero de 2020.- La Ley de la física de Newton,   de que a toda acción corresponde siempre una reacción igual pero en sentido contrario, tuvo en esta ocasión su mejor expresión en el ámbito político respecto de la inmediata respuesta del  feminismo en México para que la pretensión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de derogar al delito  de Feminicidio fuera a parar al cesto de la basura.

La semana pasada, el Fiscal  sugirió la conveniencia de tal derogación  “por las dificultades que los ministerios públicos encontraban para probar el “machismo” como móvil del Feminicidio y que, en consecuencia,  no se estaban dando resultados en la lucha contra ese delito”. Así que lo conveniente era, según él,  volver a las figuras ordinarias del homicidio (simple, intencional o agravado).

En realidad no es el “machismo”, así, en general,  el agravante en el asesinato de una mujer, sino circunstancias del crimen de género perfectamente establecidas en la ley (artículo 325 del Código Penal Federal), como por ejemplo que la víctima presente signos de violencia sexual; actos de necrofilia; exposición de la occisa en un lugar público; y otras, con cualquiera de las cuales se acredita la  infamia. 

Así, de inmediato se le aclaró a Gertz Manero por parte de un sinnúmero  de activistas de los derechos de las mujeres, de académicos, y de diversas ONG´s defensoras de los derechos humanos y demás, los años que se había trabajado para establecer el tipo penal especial del Feminicidio para que ahora se saliera con que las dificultades ( que en realidad son incompetencias ministeriales y revictimización de las afectadas ) para acreditarlo hacían necesaria su abolición.  

Al día siguiente el Fiscal dio marcha atrás y se dispuso a trabajar para hacer posible el éxito de las actuaciones en esos casos,  y   su ocurrencia no solo se contuvo,  sino que  — en una especie de que no hay mal que por bien no venga–   despertó la alerta para procurar la efectividad en la prosecución de ese delito, generando,  al menos,  las siguientes  tres reacciones adicionales:

Una, la iniciativa de ley que se  formulará  para imponer castigos ejemplares a los agentes de los ministerios públicos y a los jueces que desatiendan las denuncias por casos de violencia en contra de las mujeres ( porque ese es en gran parte el motivo de la impunidad en los  expedientes).

Dos, este martes se pasó, durante una reunión con el propio Fiscal y un grupo de legisladoras  encabezadas por la presidenta de la Cámara de Diputad@s, Laura Rojas,   de la mera discusión sobre el tipo penal del Feminicidio, a la construcción de una política de prevención y de perspectiva de género en  todas las dependencias de seguridad pública  ( y  que aunque disque ya existe, lo cierto es que no opera en la realidad y ahora  será fiscalizada). En esa reunión, por cierto, Gertz Manero “confesó” que “México es un país de víctimas donde se cometen 33  millones de delitos al año y con una tasa de impunidad del 99%”, y que la ineficiencia era particularmente grave en el caso de los delitos de género, “a los cuales se avocaría la Fiscalía de manera preferente”. Pareciera como si al Fiscal  –con la reacción provocada–  se le hubieran   limpiado los ojos para advertir la dimensión del problema y de que no es posible marcha atrás alguna. 

Ah, y tres: también este martes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que se modificará el estatuto universitario para considerar “una causa especialmente grave de responsabilidad , tanto la agresión de cualquier clase a las estudiantes,  como a las autoridades o maestros  que protejan a los agresores”.

Si bien esto último se da dentro del conflicto  que tiene paralizados a once planteles de la Universidad  — precisamente por ataques de  diversos tipos a las estudiantes,  y por la protección escolar a los responsables —   coincide afortunadamente con los avances que  en este  tema se está dando  luego del despropósito inicial del Fiscal General de la República.

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