El riesgo de ser periodista e informar con la verdad
* María Elena Ferral Fernández había avisado de las amenazas
Yaneth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, 2 de abril, 2020.- En México la actividad periodística enfrenta graves violaciones a derechos humanos; entre los que destacan los asesinatos cometidos en contra de periodistas y los actos violentos que se ejercen en contra de particulares que difunden información, ideas y opiniones de interés social.
Estos riesgos particularmente son más evidentes en el ámbito local, para quienes cubren temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, seguridad pública y otros asuntos de interés para la sociedad; sin embargo, esta labor se ve entorpecida por el hostigamiento que se ejerce en contra de los periodistas y los medios de comunicación, para silenciar su crítica y censurar la información que se dirige a la ciudadanía.
Tan solo del 2017 a la fecha, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, ha registrado 51 ejecuciones cometidas contra periodistas y comunicadores sociales, que han informado en su mayoría investigaciones sobre delincuencia organizada y narcotráfico.
Situación que se sigue incrementando debido a la falta de voluntad de las autoridades por investigar; en un primer término, las denuncias que resultan del trabajo emitido por las y los periodistas y; segundo, por la falta de investigación a los crímenes ejecutados en contra de dichos profesionistas.
Pero también, por la falta de preocupación de la ciudadanía quienes no exigen la protección de los periodistas y medios de comunicación, ni el esclarecimiento de las agresiones cometidas en contra de ellos, dejándolos solos al momento de lidiar con la censura y la violencia.
En este sentido pareciera que a las autoridades y a la sociedad se les ha olvidado que el trabajo realizado por los periodistas y comunicadores, es un mecanismo democrático que involucra el derecho que tienen las personas a estar informadas de forma oportuna, veraz y confiable, respecto de las actuaciones de los encargados que administran el Estado y que de cierta forman impactan en nuestra forma de vida.
Esta situación ha propiciado que se deje de ver a la libertad de prensa como un equilibrio que contribuye a la construcción de una cultura de derechos humanos y de un Estado más democrático.
Pues la permisión de agresiones, la inhibición a la libertad de expresión y la intromisión de poderes fácticos; ha vulnerado los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática; pero además le abierto las puertas a la delincuencia organizada para participar en las decisiones que solo le competen al Estado.
Mientras esta situación continúe, las agresiones en contra de quienes investigan y difunden información, será una constante.
Y prueba de ello, es lo sucedido hace un par de días, con la periodista María Elena Ferral Fernández, quien fue violentamente asesinada a consecuencia de la falta de diligencia e impunidad con la que se dio tratamiento a las denuncias sobre amenazas de muerte, que previamente había hecho de conocimiento a la autoridad y a los medios de comunicación; amenazas que surgieron de su labor como periodista.
Esta falta de garantía por parte del Estado pone en peligro no solo la vida de los periodistas y personas que emiten opiniones, sino que priva a la ciudadanía de conocer la verdad de manera oportuna y veraz.
Es por lo anterior que el Estado se debe comprometer a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el cual los periodistas y ciudadanos puedan expresarse sin el peligro de ser expuestos a severos castigos, por emitir críticas sobre cuestiones políticas, críticas a funcionarios, al gobierno, al régimen, al orden socio económico y a la ideología prevaleciente.
La libertad de expresión, debe ser vista como un aporte en la generación de conocimiento y conciencia, que dote a la sociedad de criterio para opinar acerca de la vida social, política y de la rendición de cuentas de quienes participan en la administración del Estado; ya que solo esto posibilitará no solo tomar decisiones, sino que, habilitará a las personas a ejercer responsablemente su ciudadanía.
Lo anterior solo podrá ser real si se garantiza la protección a las y los periodistas y de más persona que emiten información.
