Mujer y PoderNatalia Vidales

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Amenazas  del Gobierno de Bonilla

Natalia Vidales Rodríguez

SemMéxico. 12 de mayo de 2020.- Solo en dos estados del país (Baja California y la Ciudad de México) se ha amenazado expresamente  a los patrones con sancionarlos en caso de dejar de pagarle los salarios a sus trabajadores, así sea que no tengan con qué  hacerlo si los negocios están cerrados o  no se tienen ingresos.  Es decir que están obligados a lo imposible y lo cual, desde luego, es absurdo.

En la mayoría de los estados, por el contrario, se  están encontrando fórmulas (de manera tripartita  entre los gobiernos, los trabajadores y los empresarios) para sortear la crisis económica devenida por la pandemia del Covid-19, pero sin  intentar empeorar la situación con amagos de multas iguales de imposibles de cubrir.

Particularmente en Baja California se está divulgando un cartel donde se advierte a los empleadores,  que dejar de pagar los salarios les puede merecer una multa hasta de 434 mil pesos, con fundamento, dice el cartelón,  en diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.

En vez de intentar armonizar los intereses de los trabajadores y de los patrones para sortear la actual   crisis económica, el gobierno de Baja California, le atiza al conflicto amenazando con multas a los patrones que dejen  — como si fuera su intención–  de pagar los salarios a sus empleados.  Ante la ausencia de apoyos federales, la solución obrero-patronal debe ser consensuada, no unilateral y, menos aún, con distorsión de la ley para ajustarla a lo imposible por parte del gobierno de Jaime Bonilla.   ¨Si no ayuda…que no estorbe¨, dicen los bajacalifornianos.

Pero si alguien se toma la molestia de leer esos artículos no encontrará el motivo para aplicar esas sanciones y, por el contrario, advertirá que lo que la ley sí dice es que el salario “es la cantidad que el patrón le paga  al trabajador por hacer su trabajo”.  Y ante una circunstancia en que el trabajo no puede realizarse, ni el salario cubrirse  por causa de fuerza mayor, entonces nadie, ni uno ni otro incurre en responsabilidad.

Los artículos en que pretende fundamentarse la amenaza de multas se refieren a situaciones distintas a las que hoy ocurren por la emergencia sanitaria. Por ejemplo,  cuando el patrón no le paga el aguinaldo, o les niega las vacaciones a sus trabajadores, no los inscribe en el IMSS,  etcétera, pero  para todos los casos  se requiere de dolo o mala intencionalidad de los patrones, lo cual, desde luego, no ocurre  en la situación actual donde,  por el contrario, trabajadores y empleadores se están solidarizando y haciendo un frente común contra el gobierno que pretende mantenerse al margen de la crisis y… actuar solo para perjudicar aún más.

Al pie del cartelón a que nos referims -y que incluimos en este mismo espacio-  se lee el eslogan de Gobierno en Marcha, Una forma nueva de gobernar, pero con esos desafíos del mandatario Jaime  Bonilla, solo puede haber retroceso. Lo correcto es, como en un pequeño  renglón del propio cartel dice, “impulsar acuerdos salomónicos con sus trabajadores”, lo cual significa, precisamente, que la solución debe ser consensuada, no unilateral y, menos aún, con distorsionar la ley para ajustarla a lo imposible por parte del gobierno.

Afortunadamente la  “anti-ley Bonilla” que le permitiría al Gobernador mantenerse en el cargo por cinco años en vez de por un año ocho meses, por los que fue votado, fue declarada esta semana inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que esa “nueva forma de gobernar” (con cartelones amenazantes y ajena a  la lamentable  situación actual de los trabajadores y de las empresas) no llegó para quedarse.

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