Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, 10 de agosto, 2020.- Hay casos emblemáticos de violencia contra las mujeres que hablan de un fenómeno común: la impunidad total o de procesos lentos en busca de justicia o justicia a medias. Algo a lo que cada día más mujeres se niegan a aceptar. Esta terrible historia está asentada en la negación sistemática del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia por parte de un sistema misógino y además corrupto.
Por ello cada día es mayor el movimiento de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio que desde muchas trincheras exigen justicia para sus hijas. Un movimiento de protesta frente a lo que explicaba arriba, la falta de respuesta, el rechazo a la impunidad y a la corrupción. Un ejemplo son las madres que desde hace cinco semanas esperan en las afueras del Palacio Nacional de la Ciudad de México que sea el Presidente de la República, y nadie más, quien al menos las vea y las escuche. Y, ahí seguirán hasta que don Andrés Manuel López Obrador las mire y como en cinco semanas no las ha visto, le pintaron una cruz color rosa de más de 30 metros a ver si así la ve, baja y habla con ellas.
Los largos procesos de supuesta investigación, de investigación real cuando los hay, los trámites incansables ante la burocracia, la designación de fechas para audiencias esperando que la Fiscalía no falle, las interminables vueltas, la búsqueda de verdad por parte de las familias…se suman a un proceso desgastante en todo sentido.
La respuesta desde la autoridad es simple: “Estamos trabajando”, “seguimos investigando…”, pero para las familias no son sino actos de omisión encaminadas a perpetrar la impunidad. Muchas familias optarán por dejar los casos, por abandonarlos, por cansancio emocional, por enfermedad, por falta de dinero, por amenazas frecuentes…
Pero como lo muestran las mujeres que esperan a un costado del Zócalo y que ven pasar los días en medio de lluvias torrenciales o aguaceros soportables, en medio del frío o el calor, mientras personal esmerado coloca la iluminación por las próximas “fiestas Patrias” sin importar su presencia, su dolor… ellas ahí seguirán, porque no quieren ir más a Gobernación a escuchar las propuestas de Olga Sánchez Cordero ni de nadie más… Y entre más días pasen más aún se evidencia la insensibilidad del gobernante en turno sobre la que ha sido considerada una emergencia nacional. No hay que olvidar que, durante la campaña política para ser Presidente, sí las recibió.
En Oaxaca, todos los días vemos cómo organismos de la sociedad civil como Consorcio Oaxaca o el GESMujer llevan el recuento del día a día de los feminicidios, desde hace ya más de una década. Salvo casos concretos, en el resto la justicia no llega. Y cuando llega parece no terminar, como sucede en el feminicidio de Dafne, una joven asesinada por su ex pareja hace más de siete años. En ese caso el responsable fue detenido, después de algunos años fue sentenciado y, a pesar de ello, hoy el litigio no termina. Incluso, el año pasado, Zoila Benogoecha, la madre de Dafne, tuvo que viajar a Coahuila para dar seguimiento a un amparo interpuesto por el responsable del crimen. ¿Será eso justo?
Y hay otras violencias. Esta semana dimos cuenta del caso de una joven madre, cuyo hijo fue sustraído por el padre, robado, sería la palabra más adecuada, quien se lo llevó de la Ciudad de México hasta una población en la región del Istmo de Tehuantepec. El padre, de acuerdo con un expediente clínico, presenta trastorno bipolar, además de haber violentado –en siete tipos distintos- a la madre. La pregunta es entonces, ¿por qué una madre tiene que vivir este calvario durante casi dos años sin que le devuelvan a su hijo?
Si de violencia comunitaria hablamos, qué tal lo sucedido en contra de una trabajadora del municipio de San Pablo Guelatao, en la Sierra oaxaqueña. Donde un ciudadano la agrede y no es detenido, ¿por qué? a bueno, las muy consideradas autoridades municipales se comparecieron del agresor porque no tiene como explicar a su esposa que debe ir a la cárcel (por algunas horas) y pagar una multa. El ejemplo, muestra que también en los sistemas internos la justicia sigue siendo patriarcal y está deforme.
Y si de violencia política en razón de género se trata, está el caso de Rosita Aguilar Antonio, quien hoy denuncia que se han cumplido un año y ocho meses sin poder ejercer su cargo como Regidora en el municipio de Reforma de Pineda. Esto pese a dos resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Esa también es impunidad, esta vez para la presidenta municipal del municipio istmeño de extracción priista, que socarronamente le dio a la ex presidenta municipal independiente la “regiduría de ornato”. Un acto sexista, misógino y patriarcal y claro con un dejo de revanchismo político.
La verdad es que algo tendrá que hacer el TEEO para que sus sentencian se cumplan, porque esta no es la primera vez que se las ignoran. Recordemos que, a más de un año tampoco se ha cumplido, por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Alejandro Murat, la multa en contra del regidor juchiteco Hageo Montero López, por emplear recursos públicos en su campaña política en las elecciones de 2018 en busca de la presidencia municipal. La sentencia de marzo de 2019 sigue incompleta en tanto no se cumpla. Murat también debe cumplir con la sanción a Francisco Montero López, por el mismo delito electoral que su hermano, pero ¿qué creen? Tampoco lo ha hecho. Como se llama eso. Sí es verdad: ¡Impunidad! Amén del feminicidio de María del Sol y la denuncia de tipo penal en materia electoral que hay sobre los Montero López, protegidos por el sistema muratista.
Así las cosas. La violencia contra las mujeres tiene cada día más víctimas. El presidente desde su palacio hace caso omiso a las demandas, pero ojo, en especial si estas demandas vienen de las mujeres. Muestra de ello son las cinco semanas que muchas madres llevan en un plantón cerca del Palacio Nacional. Y en Oaxaca, Murat destina tiempo a solicitar al Senado, con otros gobernadores, una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, quizá sea bueno, pero nada cambiará si no limpian la casa de los malos servidores públicos que como se ve, pululan en todas partes. Se llama impunidad y se construye con corrupción.
