Yaneth Angélica Tamayo
SemMéxico. 18 de septiembre de 2020.- A partir del 16 de diciembre de 1998, el Estado mexicano ante los graves acontecimientos y la huella dolorosa que suscitaron las excesivas violaciones a derechos humanos, decidió incorporar disposiciones jurídicas internacionales y reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Obligándose a acatar las disposiciones de la Corte, desde el llamamiento para el sometimiento del caso por parte de la Comisión hasta las obligaciones que se derivan de las sentencias.
No obstante, el caso particular de México resulta un poco contradictorio, en el sentido de que el Estado en 8 ocasiones ha sido sentenciado por la Corte, en las cuales se ha evidenciado las graves violaciones a derechos humanos en las que incurrió el Estado.
Sin embargo, aun y cuando ha cumplido en algunos casos de forma parcial implementando mecanismos internos y legislativos para evitar la repetición de actos, resulta desafortunado el hecho de que el Estado cuente con una estadística del 2006 al 2019 con 7,062 peticiones por graves violaciones a derechos humanos.
En el historial del Estado mexicano, la Corte IDH se ha pronunciado a través de sentencia respecto de 8 casos, de los cuales 4 se caracterizan por la comisión de tortura, desaparición forzosa, violencia sexual y feminicidios cometidos en contra de mujeres.
Entre las cuales destaca la sentencia nombrada “González y Otras (Campo Algodonero vs. México”; en la cual por primera vez la Corte IDH adoptó el término de feminicidio y de forma clara le señaló al Estado Mexicano cuál era el problema y como debía resolverlo.
Esta sentencia es una de las más dolorosas para el Estado mexicano, en el sentido que ante la Corte IDH se evidenció un problema generalizado en el país y en el cual el Estado minimizó los feminicidios y la invisibilidad de la mujer que aún existe en el país, pues se demostró que el Estado en sus tres niveles de gobierno no aplicaba la perspectiva de género.
Por el cual el Estado incurrió en omisiones dentro del proceso de sus recursos judiciales para poder resolver sobre casos de homicidios contra mujeres por razones de género.
Los principales argumentos que evidenciaron la misoginia que existe en el Estado y que se ejerce y ejecuta tanto por ciudadanos como por las propias autoridades, tiene que ver con tres factores.
El primero, la modificación de los “roles tradicionales” en la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, junto con la independencia económica y las nuevas oportunidades que estas tuvieron para formarse, situaciones que propiciaron un choque cultural, con el cual el género masculino se vio apartado de la visión estereotipada del papel que socialmente se le atribuía; la pérdida de poder y jerarquía produjo conflictos al interior de las familias, lo cual se replicó al exterior de estas.
Segundo, los motivos de los homicidios de mujeres, están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad.
Tercero, la cultura de discriminación con la cual actuaban las autoridades, propició que los feminicidios no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante que requerían acciones inmediatas y contundentes, situación que trajo como consecuencia impunidad y restricciones al derecho que las mujeres tienen a acceder a la justicia.
Factores que en su conjunto enviaron el mensaje de que la violencia contra las mujeres era tolerada, lo que favoreció su perpetuación y aceptación social.
Motivos por los cuales desde el 2009, el Estado Mexicano ha estado obligado a modificar tal situación y garantizar que la violencia contra las mujeres en razón de género no se siga repitiendo, máxime que ya se tienen señalado los factores que se deben modificar. ¿Pero qué avances a tenido el Estado en este sentido?
A once años de ser sentenciado, si bien el Estado Mexicano ha incorporado legislación para combatir la violencia por razón de género, lo cierto es que las autoridades empezando por el actual Presidente de la República, no han tenido la voluntad de cambiar la situación estructural social y cultural que han servido de base para la discriminación y desigualdad basada en género.
La violencia generada por estos factores ha ocasionado que la cifra en desaparición de mujeres y feminicidios haya aumentado en los últimos 5 años, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2019 a enero de 2020 se reportaron 2.825 asesinatos a mujeres en todo el país.
Además, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo en el 2019 y lo que va del 2020, entre Tlaxcala, Aguascalientes y Mérida 29,904 mujeres y niñas fueron víctimas de abuso sexual; sin contar al 99.7% de mujeres que por desconfianza y miedo no denunciaron.
Ambas agresiones que se han dado en un contexto de total impunidad ya que, el 99% de las víctimas directas o indirectas han sido afectadas en su derecho al acceso de la justicia.
Lo cual ha contribuido a que la violencia contra las niñas y mujeres sea cada vez más extrema y más evidente, de ahí que actualmente estemos atestiguando diversas movilizaciones de organizaciones sociales exigiendo al Estado su responsabilidad y su intervención en las agresiones contra las mujeres.
Hecho que el Estado sigue minimizando e invisibilizando, pues aun cuando cuentan con datos que revelan la situación de las mujeres, este sigue siendo omiso a una obligación estatal e internacional; lo cual, además evidencia su falta de capacidad para actuar y juzgar con perspectiva de género y bajo criterios de derechos humanos.
Es de entender que tal situación no se puede cambiar de la noche a la mañana, el cambio de patrones culturales es una tarea difícil para cualquier gobierno, pero no aporta en nada, negar las cifras ni revictimizar y descalificar a las víctimas, pues eso solo demuestra la indolencia del Estado y su falta de capacidad para gobernar con igualdad y justicia.
El Estado debe entender que México atraviesa un fenómeno social y cultural enraizado en costumbres y mentalidades que propician violencia sistemática y que, mientras no actúe y acepte su responsabilidad, la misoginia se seguirá expresando bajo formas extremas de violencia contra niñas y mujeres por el solo hecho de serlo en una sociedad que las subordina.
