Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 13 de julio del 2022.- Hace algunos años, en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (FILEY) asistí a la presentación del libro de José Woldenberg, “Cartas a una joven desencantada con la democracia”.
En el marco de ese evento académico-literario escuché por primera vez el concepto “pedagogía de la democracia”, entendida como su conocimiento para “reconocerla, amarla, vivirla, practicarla, defenderla y exigirla”.
Sin duda, el aprendizaje social es la base de la defensa de las instituciones.
En la parte electoral, pongo el ejemplo del INE, tan atacado por el actual gobierno, que conserva una alta valoración ciudadana, precisamente porque millones de personas participan en la organización de cada proceso electoral, como funcionarios de casilla, representantes de partidos, capacitadores, etc. Y la muy apreciada credencial de electora, elector con fotografía, cuyo uso cotidiano la ha transformado en una cédula de identidad a partir de los 18 años.
En sentido contrario, también existe una “pedagogía de la impunidad”, ese aprendizaje colectivo sobre la falta de sanción por parte de las autoridades responsables cuando se transgrede la ley y se vulnera el estado de Derecho.
El bajo porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público —se considera una pérdida de tiempo cuando se trata, por ejemplo, de robos—, la aún más reducida cifra de ilícitos que merecen la integración de una “carpeta de investigación”; menor número todavía pasa el filtro de los tribunales para dictar las órdenes de presentación (aprehensión) y una ínfima cantidad culmina el proceso judicial en que la persona acusada es declarada culpable o inocente.
Los delincuentes no necesitan ser actuarios o estadígrafos calificados para saber que el riesgo de ser aprehendidos por sus fechorías es muy bajo, que vale correr la aventura porque, lo más probable, es que no les pase nada.
Agudización
El “ambiente de impunidad” no comenzó en el actual sexenio, pero sí se ha agudizado por las severas fallas en la procuración y aplicación de justicia.
Se ha construido una especie de certeza social sobre la falta de castigo a la delincuencia —organizada o no— que se mezcla con una sorda resignación ante los abusos de poder que representa la inacción o la falta de resultados por parte de las autoridades responsables.
La descomposición de la convivencia colectiva que representa la impunidad se ve más acentuada cuando casos notables de corrupción por parte de personajes del gobierno —desde luego, pasados— son presentados con gran escándalo mediático, como si en la semana siguiente fueran a terminar en la cárcel para purgar largas sentencias por presuntos ilícitos cometidos en contra del patrimonio público.
En el tribunal de la “Santa Inquisición” que se haya convertido en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, se han presentado detalladas acusaciones contra diversos imputados. Pasan las semanas, pasan los meses, y nada…El juego del olvido entra en función, hasta que surge un nuevo escándalo que desplaza al anterior.
Se inició el sexenio con graves acusaciones contra un ministro de la Suprema Corte de Justicia que presentó su renuncia en octubre de 2019, justo antes del relevo de su presidente. El ministro Medina Mora refirió “llevar la fiesta en paz” y hacerse a un lado. Las acusaciones en su contra eran tan endebles que ni siquiera llegaron a los tribunales. Analistas y comentócratas entendieron el movimiento político y saldo positivo para el presidente de la República. Pero, ¿y las y los ciudadanos que creyeron realmente que existían presunciones de corrupción en el máximo tribunal del país? ¿Qué sintieron cuando pasaron los meses y la infundada acusación no prosperó?
Este “estilo” de presionar mediante acusaciones penales de toda índole se empleó también contra integrantes de órganos reguladores, principalmente del sector energético, que se negaron a plegarse a las instrucciones del gobierno. La investigación contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se ha transformado en una larga cadena de acusaciones a diestra y siniestra, sin que hasta la fecha haya en la cárcel más que el principal imputado, después de que perdió su reclusión domiciliaria por una cena en elegante restaurante de Las Lomas.
Reclusión
El escándalo de la “Estafa Maestra” pasó al olvido. Sólo Rosario Robles Berlanga se mantiene recluida, desde hace más de dos años, sin sentencia alguna y por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Quien como jefa de gobierno del entonces Distrito Federal vivió la intensa campaña de 2000, que culminó con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y después rompió con él, es posible que esté presa por deslealtad a la causa obradorista, más que por haber cometido los delitos que le imputan.
La semana pasada se anunció con bombo y platillo la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el expresidente Enrique Peña Nieto y diversos familiares. En menos de 10 meses, el 4 de junio, habría elecciones de gobernador, gobernadora en el Estado de México, entidad natal del expresidente y que gobernó también.
Parece una maniobra disuasiva hacia Peña Nieto para inhibir su participación —cualquiera que pueda ser— en un proceso electoral considerado como crucial por el presidente López Obrador para mantener a su movimiento en Palacio Nacional en 2024. Mientras, el escándalo ha sido mayúsculo. Una parte de la sociedad espera condena inmediata; otra, escéptica, denuncia la supuesta impunidad de siempre para los políticos.
¿Sería mucho pedir que hubiesen mantenido la secrecía de la investigación hasta que la Fiscalía General de la República iniciase sus diligencias para llamar a los supuestos imputados? ¿Y una vez que tuvieran las evidencias —“los pelos de la burra en la mano”— dar a conocer los siguientes pasos legales?
Otro tanto ocurre con la investigación contra el actual dirigente del Comité Nacional del PRI y ex gobernador de Campeche. Su sucesora ha enfocado sus baterías mediáticas en su persona. Como radionovela de la década de 1950, cada semana da a conocer un “episodio” nutrido por grabaciones obtenidas ilegalmente. Hasta la fecha, la Fiscalía General de Campeche no ha mencionado cuándo concluirá la carpeta de investigación, si es que pretende presentarla ante la Cámara de Diputados para dar inicio al procedimiento de desafuero. ¿Justicia o venganza? Difícil dilucidarlo cuando las iras se desataron después de la negativa del PRI de votar a favor de la reforma eléctrica presidencial.
El manejo desaseado de las investigaciones; la violación del principio de presunción de inocencia; las sospechas fundadas del uso del aparato legal como medio de presión para obtener beneficios o descalificar a los adversarios políticos son catalizadores que incrementan la percepción de impunidad en México. Ponerle un alto a esa dinámica perversa es indispensable si queremos recuperar a la pedagogía de la democracia.
