Angélica de la Peña*
SemMéxico/ElSoldeMéxico, Ciudad de México, 16 de enero del 2023.- La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se publicó hace 5 años, el 17 de noviembre de 2017. Con esta Ley se inició una nueva etapa de lucha de las familias que tenían, muchas de ellas, años buscando a sus seres queridos: una nueva esperanza iluminaba el terrible camino hacia encontrarles, saber la verdad sobre su paradero, o su suerte; castigar a los culpables. Recordemos 2010 y 2011 fueron años de terror para miles de familias, porque en ese lapso la desaparición de hombres y mujeres fue tan alta, que obligó a Calderón reconocer como “daños colaterales” los estragos de la guerra contra las drogas que emprendió usando al ejército.
La desaparición de personas se originó por la impunidad de los cárteles, contra civiles que nada tenían que ver, por la consecuencia de delitos como la trata de personas, la tortura y de las ejecuciones extrajudiciales; por la corrupción y la impunidad en las corporaciones policiacas en los tres órdenes de gobierno y de procuración de justicia; se agravó por la presencia del ejército y la marina en las calles, a quienes se les encomendó funciones de seguridad pública para las que no están capacitados/as. Todo esto fue una tormenta perfecta que dio como consecuencia que muchísimas personas de todas las clases sociales desaparezcan, y México viviera, y siga viviendo, el terror.
A Peña se le exigió una legislación para reparar los daños a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a víctimas de delitos. También se exigió la revisión desde un enfoque jurisdiccional y de derechos humanos del delito de desaparición forzada, atendiendo la recomendación de organismos internacionales de derechos humanos. Surge la necesidad de la creación de un sistema nacional de búsqueda como responsabilidad del Estado que buscase con vida a quienes desaparecen, y que ordenara genéticamente el desastre de los restos humanos de miles de fosas clandestinas que se fueron encontrando por todo el país. Detener y castigar este grave delito como una responsabilidad de Estado.
Años de discusión con las familias de personas desaparecidas para lograr la Ley en esta materia, para dar esperanzas a decenas de miles de madres buscadoras. Sin embargo la desaparición de mujeres y hombres, incluso menores de edad, no se ha detenido.
A 5 años de vigencia de la ley, el 2022 cerró con más de 109,000 personas desaparecidas según cifras oficiales. Este es el marco de Conmemoración de la entrada en vigor de la Ley General convocado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Museo de Memoria y Tolerancia que se realizará hoy lunes 16 de enero. En este acto espero el subsecretario de SEGOB Alejandro Encinas explique porqué cada día desaparecen más de 15 personas y marcadamente crecen las cifras de mujeres y niñas y niños. Debe responder al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y esperamos no le eche la culpa a una herencia pasada cuando tienen en funciones más de 4 años y tienen un marco jurídico para la investigación, sanción, búsqueda y prevención de este delito.
El mensaje del Comité contra Desaparición Forzada de ONU seguro será contundente: el Estado incumple la Convención. ¿La Ley? ahí la tienen, guardadita en la repisa de curiosidades.
*Mujer política de izquierda. Por convicción, defensora de los derechos humanos, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres. Actualmente presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores.
