Opinión| Rafael Galván Maldonado

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Saúl Escobar Toledo

SemMéxico, Ciudad de México, 23 de febrero del 2023.- Hace pocos días, el Presidente de la república, al inaugurar la primera etapa de la central de energía solar fotovoltaica ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, según las notas de la prensa, “evocó a Rafael Galván y su Tendencia Democrática… y propuso que la planta lleve el nombre de ese dirigente sindical”. Y argumentó: “tenemos que recordar a quienes luchan por la justicia, la democracia, por las y los trabajadores de manera auténtica…”

Conviene entonces repasar, aunque sea brevemente, la historia del movimiento electricista democrático al que aludió AMLO. En 1960, el presidente López Mateos decretaba la nacionalización de la industria eléctrica, poniendo fin a la operación de las últimas compañías extranjeras que prestaban el servicio en el país. Así nació el STERM (Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana). Los orígenes de este último, a su vez, se remontan a 1943 cuando surgió la Federación Nacional Electricista y luego a 1952 cuando se creó la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE), las cuales agrupaban a los sindicatos que tenían un contrato colectivo con las empresas privadas que aún prestaban el servicio eléctrico en México, después de que, durante el cardenismo, en 1937, se había creado la CFE (Comisión Federal de Electricidad). Tanto la Federación como el STERM fueron dirigidas por Rafael Galván (n. 1919 en Uruapan, Michoacán).

El STERM, gracias al liderazgo de este michoacano, mantuvo una relativa autonomía frente al control gubernamental y la corriente dominante durante esas décadas, la de la CTM, con Fidel Velázquez a la cabeza. Uno de sus protegidos, Francisco Pérez Ríos, fungía como dirigente del Sindicato Nacional que tenía un contrato firmado con la CFE. Las relaciones entre el STERM y el Nacional (y la CTM) nunca fueron cordiales. En 1970, de manera inusitada, se expulsó al STERM del Congreso del Trabajo. Esta decisión se apresuró debido a que se acercaba la disputa por la administración del contrato colectivo de la CFE, fijado por el gobierno para ese año, pues esta empresa pública mantenía relaciones contractuales con dos sindicatos diferentes, el de Galván y el cetemista.

El conflicto entre ambas organizaciones se recrudeció. Los dirigentes del Nacional desataron una serie de agresiones, con grupos de sicarios, en contra de las y los trabajadores del STERM. Las y los electricistas democráticos de Galván, por su parte, respondieron con marchas de protestas en todas las ciudades importantes del país, convocando a la solidaridad del pueblo mexicano.

El gobierno, presionado por esas movilizaciones, convocó a un Pacto de Unidad entre ambos sindicatos, lo que dio origen al SUTERM en noviembre de 1972. La convivencia duró poco tiempo pues las y los dirigentes del Nacional decidieron expulsar en 1975 a todas y todos los representantes del antiguo STERM, incluyendo a Galván. Las y los electricistas volvieron otra vez a las calles y formaron la Tendencia Democrática del SUTERM. El gobierno decidió respaldar al grupo de Pérez Ríos: para ello, primero ignoró los reclamos y después optó por la represión.

Acosados por la violencia de los esquiroles y el gobierno, la Tendencia Democrática decidió estallar un paro de labores poco después de los comicios presidenciales, el 16 de julio de 1976. Sin embargo, en la madrugada de ese día, el Ejército tomó las instalaciones de la Compañía Federal de Electricidad y del INEN (Instituto Nacional de Energía Nuclear) donde laboraban las y los trabajadores que simpatizaban con la Tendencia Democrática del SUTERM. La intervención del ejército impidió que las y los electricistas “bajaran el switch”. A pesar de que la resistencia se mantuvo varios meses, miles de trabajadoras y trabajadores fueron despedidos, otras y otros jubilados por la fuerza y el movimiento fue liquidado. El 15 de septiembre de 1978 la Tendencia Democrática anunciaba su disolución. Rafael Galván fallecía poco después, el 3 de julio de 1980.

Entre 1971 y 1976 las y los trabajadores electricistas encabezaron la protesta obrera más importante de las últimas décadas y lograron atraer a otros contingentes. Cientos de organizaciones y miles de trabajadoras y trabajadores salieron a las calles, hicieron huelgas, paros, y acciones de protesta dentro y fuera de las empresas repudiando al sindicalismo charro, es decir a los dirigentes impuestos que manejaban a su antojo los contratos colectivos, las cuotas sindicales y los beneficios otorgados a las organizaciones gremiales por las empresas o el gobierno. A este periodo, que tuvo como demandas fundamentales, la democracia y la independencia de los sindicatos, se le conoce como los años de la “insurgencia sindical”.

Sin duda, la TD jugó un papel central en esa etapa: organizando y convocando a marchas y mítines y, al mismo tiempo, ofreciendo solidaridad y cobertura para muchos pequeños, medianos y grandes grupos de trabajadoras y trabajadores inconformes que surgieron en ese lapso.

Además, la corriente democrática de los electricistas hizo aportaciones programáticas muy importantes, mismas que se vertieron en la “Declaración de Guadalajara” dada a conocer el 5 de abril de 1975 en la Plaza de la Liberación de la capital jalisciense, en un mitin que ocurrió en el momento en que habían reunido un enrome apoyo dentro y fuera de su gremio sindical.

En dicho documento, la TD explica los objetivos fundamentales de sus movilizaciones. En primer lugar, la democracia sindical entendida como: la elección democrática de los dirigentes, asambleas donde se expresen libremente las y los trabajadores, revocabilidad del mandato, manejo honrado del patrimonio sindical, rendición de cuentas, y reuniones periódicas y elección de representantes en grupos seccionales o departamentales para evitar la concentración del poder en una sola persona. Subraya, además, que la democracia exige la independencia plena de los sindicatos respecto del gobierno, de los patrones y de toda fuerza ajena al movimiento obrero.

Las propuestas contenidas en el documento son extensas y numerosas. Pero destaca, también su preocupación por “la reorientación social y el desarrollo planificado” del sector estatal de la economía. Para ello, dice la Declaración, habrá que combatir la corrupción, transparentar el manejo de sus recursos, y asegurar que su manejo sirva para construir una economía en beneficio de las mexicanas y mexicanos y no de los grandes intereses nacionales y trasnacionales.

La propuesta del presidente, hecha pública el 17 de febrero pasado merece ser respaldada. No sólo para rescatar la memoria de la lucha electricista y el liderazgo de Galván, las cuales llenaron las plazas públicas del país hace ya cincuenta años, sino también para reflexionar acerca de la vigencia de sus principales banderas: democracia sindical y reorientación y saneamiento de las empresas públicas. Las reformas legales de 2017 y 2019 a la Constitución y la LFT son, apenas, el inicio de un proceso que no se agota en lo indispensable, la elección por voto secreto y directo de las y los dirigentes. Una nueva cultura debe surgir entre las y los trabajadores, para construir sindicatos con una vida asamblearia permanente, en la que se rinda cuentas de manera constante, y donde las y los trabajadores puedan participar con plena libertad. Un sindicalismo construido desde la base, como fue el STERM.

Por otro lado, el saneamiento de la empresa pública sigue siendo, igualmente, una causa vigente. Recordar a Galván debe llevarnos a traer, de nuevo a cuenta, ideas como las que se encuentran en uno de los párrafos finales de la Declaración de Guadalajara:

“La reorientación del sector estatal de la economía (resulta) imposible con… medidas administrativas o burocráticas. No basta nombrar a funcionarias y funcionarios honestos ni multiplicar los inspectores. Es imprescindible la participación democrática de las y los propios trabajadores en el control sobre los administradores: controlar gastos, nóminas, contratos, planes de desarrollo…”

saulescobar.blogspot.com

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