Grisel Muñiz Rodríguez
SemMéxico, Querétaro, 15 de noviembre del 2022.- El día de hoy nuestro país atraviesa tiempos políticos y sociales nunca vistos, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada por el titular de la Presidencia de la República ha causado efectos que socialmente no esperábamos. No es la primera de la que se tiene registro, han existido reformas electorales trascendentales en México, pero en 45 años una iniciativa de reforma político-electoral no había generado una movilización ciudadana como la que recién acabamos de ver. Esta vez, al contrario de las ocasiones anteriores era la sociedad civil quienes promovían e impulsaban las reformas necesarias con las que se pretendía una pluralidad política, equidad en la contienda, autoridades electorales confiables e independientes que protegieran los derechos electorales de las y los mexicanos.
Desde finales del mes de abril de 2022 a la fecha, hemos tenido la oportunidad de escuchar posturas a favor y en contra a través de los “Foros del Parlamento Abiertos de la Reforma Electoral”, foros especializados que enriquecieron el debate público en torno a la iniciativa presentada. Este artículo no desacredita ninguna propuesta, por el contrario, la discusión en torno al mejoramiento del sistema electoral no solo es deseable, sino posible, sin embargo, los cambios propuestos no atienden a la realidad ni al momento en el que se encuentra nuestra democracia.
Al respecto, mencionaré algunos puntos sobre los cuales valdría la pena profundizar, en primer término, hago alusión a la lucha histórica que hace más de 30 años logró impedir a quienes estaban en el poder la posibilidad de eternizarse debido al dominio que tenían del árbitro electoral. Hoy contamos con autoridades electorales garantes de que el único medio para la transmisión pacífica del poder político es a través de las urnas. Datos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubica al Instituto Nacional Electoral (INE) como la tercera institución con más confianza a nivel nacional. Lo anterior ha sido posible gracias a los resultados, índices de alternancia, pero sobre todo a la autonomía e independencia en el actuar del otrora Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.
La plena autonomía se logró a partir de que el gobierno dejó de intervenir en las decisiones de índole electoral, autonomía con la que cuenta el resto de las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunales Electorales Locales y Órganos Públicos Locales Electorales). Autoridades que al colaborar de la mano de la ciudadanía constituyen una cadena de seguridad y confianza garantes de la imparcialidad, certeza y paz social.
Una muestra de la profesionalización y autonomía es el procedimiento para la designación de las consejerías electorales que hoy en día integran al INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de los 31 Estados y la Ciudad de México. La selección se realiza mediante un concurso público abierto a la ciudadanía en general, el cual permite evaluar a las y los participantes a lo largo de las 4 etapas que lo integran; este proceso de selección esta auxiliado por instituciones de prestigio en el país como el CENEVAL y el COLMEX, lo que garantiza que las personas seleccionas cuenten con la experiencia y conocimiento necesario en materia electoral.
Una de las propuestas de la reforma plateada que más difusión ha tenido con la ciudadanía es que la selección de consejerías y magistraturas electorales que integran a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia, serán elegidas a través del voto popular. Es necesario que la difusión de esta propuesta sea de manera cuidadosa y detallada, pues se ha omitido dar a conocer que la población solo podrá votar una lista integrada por personas propuestas por diversas autoridades entre ellas el Presidente de la República. Debemos comprender que el perfil de las y los consejeros electorales es y debe ser un perfil técnico que conozca y garantice la aplicación de la normatividad electoral, por estas razones puedo asegurar que el actual procedimiento de designación cuenta con los filtros necesarios para que sean designadas personas con la capacidad necesaria para garantizar procesos electorales democráticos en nuestro país.
Hoy México atraviesa un momento transcendental en su sistema electoral en donde las autoridades responsables de garantizar procesos democráticos, así como el respeto al voto, corren el riesgo de perder parte de su autonomía. En los Estados el camino no ha sido una tarea fácil, los trabajos de los OPLES para contar con una normatividad que refleje las necesidades y las particularidades interculturales de una población ha requerido evaluar y reconocer las áreas de oportunidad que se presentan proceso tras proceso, como lo son la modificación y creación de la normatividad electoral que refleje las necesidades de una población en específico, acciones afirmativas para garantizar los derechos de los diversos grupos prioritarios, entre muchas otras que han sido construidas desde lo local.
En mi particular punto de vista, considero un desacierto la extinción de la estructura operativa de las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel Nacional y Estatal, ya que implicaría la incapacidad de cumplir con las atribuciones establecidas en nuestra Constitución Federal. Estoy segura de que prescindir del trabajo de los Tribunales Electorales Locales afectaría el acceso a la justicia de toda la ciudadanía al dejar en estado de indefensión a personas en alguna situación de vulnerabilidad.
Por mencionar un ejemplo de lo anterior y de los efectos de la iniciativa comentada, podríamos mencionar las dificultades a las que se enfrentaría una mujer de zona rural que es víctima de violencia política por razón de género y quiere interponer su denuncia ante la autoridad administrativa correspondiente, para tener acceso a iniciar su proceso debería trasladarse a las oficinas del INE ubicadas en la CDMX, así como asistir las veces que fueran necesarias para dar continuidad al mismo. Podemos observar que dicha iniciativa en muchas de sus propuestas vulnera los principios consagrados en el artículo primero de nuestra carta magna y eso es algo que considero tenemos que analizar y evaluar como ciudadanía.
Debemos abogar por una reforma que privilegie el federalismo electoral, pues como expresa nuestra Constitución, somos una República federal pluricultural. Apostemos por un cambio que nos permita salvaguardar todos los principios de la función electoral y ¿por qué no? incorporar en nuestro marco normativo el principio de austeridad, sin detrimento de la calidad de las elecciones y demás funciones sustantivas. Una de las propuestas que podríamos discutir ampliamente también, sería el control y estandarización de costos vinculados a la materia electoral tales como los costos de la impresión de las boletas y material electoral, al desarrollo de urnas electrónicas por parte de instituciones de ciencia y tecnología, entre otros rubros.
Respecto a la reducción de costos mencionada en la iniciativa comentada debemos considerar que el presupuesto que se otorga a las autoridades administrativas para su funcionamiento y la organización de las elecciones es en su mayor parte destinada al financiamiento público de partidos políticos para el desarrollo de sus actividades.
Creo firmemente que como ciudadanía tenemos que confiar en nuestro sistema electoral, en las autoridades electorales y en cada una de las y los ciudadanos que el día de la jornada electoral se encargan de organizar y verificar que nuestros procesos sea confiables, esa confianza, se traduciría en una disminución de costos de operación para la organización de las elecciones ya que nos permitiría pasar a la implementación de nuevas formas de emitir el voto como lo es el voto electrónico, el voto por internet etc.
La democracia siempre será perfectible, construyamos las condiciones para que la democracia siga siendo la opción de gobierno preferida. Es menester, que invirtamos en nuestras democracias locales para que el asunto del presupuesto no sea un pretexto para debilitar a las instituciones; transitemos a la independencia financiera de las instituciones electorales, estandarizando salarios, así como el presupuesto que garantice el cumplimiento de nuestros fines institucionales.
Un acierto de nuestro sistema ha sido la profesionalización del servicio público a través del Sistema Profesional Electoral Nacional (SPEN), el cual podemos catalogar como de los mejores del país, ya que permite afianzar un capital humano con años de experiencia y capacidad probada. La profesionalización del funcionariado ha permeado en los OPLES en donde existe personal adscrito a dicho sistema el cual es integrado con perspectiva de género, pues como medida afirmativa se han emitido convocatorias nacionales y locales dirigidas exclusivamente a mujeres, debo resaltar que para el caso de Querétaro la convocatoria más reciente fue exclusiva para mujeres.
La desaparición de los OPLES implicaría una carga laboral para un INE en la actualidad ya desfavorecido en el presupuesto federal, recurso que no es suficiente para realizar las elecciones ordinarias a nivel local, y en su caso las extraordinarias y todas las actividades que ello implica tal como se estipula en la normatividad como lo son por mencionar algunas, el diseño e impresión de material y documentación electoral, la conformación de consejos ciudadanos locales encargados del cómputo de las elecciones locales, la asistencia electoral local para la organización de las elecciones, la oficialía electoral, la implementación de debates públicos, así como el fortalecimiento de la cultura democrática de cada una de las entidades a través la promoción de los derechos políticos electorales con enfoque intercultural, incluyente con perspectiva de género y paridad, entre otras actividades.
Quisiera finalizar señalando que, cada reforma electoral ha atendido a una realidad política específica en nuestro devenir histórico. En la actualidad, la iniciativa presentada por el Poder ejecutivo no parece indicar que la solución para los problemas de representatividad se resuelva con una reforma que busca controlar al árbitro, centralizar las elecciones y evitar la pluralidad.
