- Avisan de la penetración de la doctrina que promueve eliminar el “sexo” como categoría jurídica y como principal elemento a considerar en las políticas contra la más extendida de las desigualdades: la desigualdad entre los sexos.
- Denuncian las maniobras de quienes tratan de usar a la ONU para inducir a los Estados a una ficción general del sexo registral de las personas
Por Alejandro Sánchez Moreno
SemMéxico/AmecoPress/ElComun. Madrid, España. 31 de marzo 2021.- Organizaciones feministas, nacionales e internacionales, han INICIADO ACCIONES para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las maniobras de quienes tratan de usar a la ONU para inducir a los Estados a una ficción general del sexo registral de las personas.
Entre las acciones se encuentra una misiva a Michelle Bachelet, denunciando las maniobras de Víctor Madrigal-Borloz, uno de los promotores de los Principios de Yogyakarta, para introducir la doctrina que promueve eliminar el “sexo” como categoría jurídica y como principal elemento a considerar en las políticas contra la más extendida de las desigualdades: la desigualdad entre los sexos.
Las organizaciones de mujeres denuncian el sesgo del documento presentado por Madrigal-Borloz en formato de INSUMO para recoger contribuciones a su informe sobre “Género, orientación sexual e identidad de género” por parte de los Estados, los gobiernos regionales y locales, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, los órganos de igualdad, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas.
Tras analizar dicho cuestionario, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, en colaboración con otras plataformas y organizaciones, detectó una manifiesta voluntad por parte de Madrigal-Borloz de orientar las respuestas con la pretensión de edificar toda una nueva concepción del Derecho sobre la base de categorías tan imprecisas y acientíficas como la ‘identidad de género’, concepto que promueve junto a otros significados lobistas, reunidos en torno a los conocidos como Principios de Yogyakarta.
La redacción del cuestionario que ha provocado la reacción de las asociaciones de mujeres parte de la premisa infundada de que existe el derecho a considerar el género como una identidad humana enmarcando dicha aspiración como ‘un derecho de la población LGBT’.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres considera que dicha propuesta implica establecer un “Derecho especial” de contenido impreciso que prevalecería, por ejemplo, frente a la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) o la Convención de los Derechos del Niño. También sobre los ordenamientos constitucionales de los Estados.
En alguna de las preguntas del cuestionario la formulación sesgada da un paso más para pervertir incluso la redacción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que se ignoren los derechos de las mujeres y las niñas para priorizar los “nuevos” y “especiales” derechos que reclaman algunos colectivos LGTBQ en materia de eliminación de la categoría jurídica “sexo”.
En la carta dirigida a Michelle Bachelet, las organizaciones señalan que, con ese Insumo, lo que está haciendo el Experto Independiente Madrigal-Borloz es manipular y pervertir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para introducir falsos enunciados de esos Objetivos. Esa manipulación es una traición a los cometidos que tiene encomendados y desprecia las obligaciones formales adoptadas por los Estados en el marco de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) o la Convención sobre los Derechos del Niño, y tantos otros instrumentos jurídicos internacionales.
Las organizaciones de mujeres señalan a Bachelet que la gravedad de estos hechos “requeriría no sólo la inmediata retirada del llamado a contribuciones por parte de la Alta Comisionada y la urgente evaluación sobre la ética, competencias e intereses a los que responde el trabajo del Experto independiente, Sr. Víctor Madrigal-Borloz, a la hora de impulsar esta convocatoria que tal como está formulada compromete no solamente la credibilidad de la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, sino lo que es más importante, la dignidad de todas las mujeres y de la infancia”.
Los ejemplos señalados en la carta a Bachelet ponen de manifiesto la intencionalidad del informe que, lejos de avanzar en los legítimos derechos de las personas LGTBI, parece perseguir un alineamiento de Naciones Unidas con los postulados y estrategias de quienes pretenden imponer en las legislaciones nacionales e internacionales la noción subjetiva de “identidad de género”, siendo esta incompatible con el concepto “sexo” como categoría jurídica verificable y reconocida y como elemento en que se basa la principal y más extendida de las desigualdades, la basada en la discriminación “por razón de sexo”.
Las asociaciones de mujeres insisten en recordar que Víctor Madrigal-Borloz es uno de los signatarios de los llamados Principios de Yogyakarta, elaborados por los grupos de presión del generismo queer para introducir la doctrina de la autodeterminación del sexo registral en las legislaciones nacionales e internacionales. Dichos Principios, (que son una mera declaración de un grupo de personas independientes y que no son un convenio ni un tratado internacional ni cuentan con reconocimiento de Naciones Unidas), son habitualmente mencionados por cargos públicos del actual Ministerio de Igualdad en su intento de impulsar las leyes de autodeterminación del sexo registral.
Fuentes de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, han anunciado que buscarán canales para explicar a Bachelet, a otros dirigentes de organismos internacionales y a los Estados miembros, cuáles son las consecuencias que tiene, particularmente para las mujeres, el reconocimiento de la subjetividad que construye la jerarquía sexual, como categoría jurídica aceptable, aunque no pueda ser verificable.
Igualmente han denunciado que se utilicen las legítimas aspiraciones de igualdad de derechos de las personas LGTBI como parapeto para introducir reformas legales que nada tienen que ver con esas aspiraciones, pero que cuestionan incluso el conocimiento científico de la realidad.
En esa medida, las organizaciones piden la retirada del informe cuyos resultados son previsibles de antemano ya que el formulario está enfocado a conseguir que un documento de Naciones Unidas asuma pronunciamientos estratégicos perniciosos para las mujeres del mundo.
