*México entre los países de mayor desigualdad, mujeres discriminadas en todos los
niveles.
Se necesitaran 30 años décadas para alcanzar la paridad dice informe de PNUD, mientras caída de empleo informal y aumento de violencia en familia
Elda Montiel 3ª. y última parte
SemMéxico, Cd. de México, 26 de junio 2021.- La región de América Latina se encuentra en una trampa de desarrollo persistentemente de desigualdad alta y baja productividad. México, Brasil y Chile, son los países con la concentración del ingreso más alta, y, por lo tanto, de mayor desigualdad, de acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El informe dado a conocer esta semana, asevera que el subcontinente está inmerso en un círculo vicioso alimentado por la concentración de poder, la violencia y las políticas de protección social deficientes, tres factores que se retroalimentan.
Comprender lo que la gente piensa sobre la desigualdad en la región es particularmente crucial en el momento actual, dada la ola de malestar social que azotó la región a fines de 2019 y principios de 2020. Si bien las protestas fueron impulsadas por una variedad de preocupaciones específicas de cada país, las quejas de la gente sobre la desigualdad fueron uno de los denominadores comunes más grandes.
Existe un acuerdo abrumador entre la población latinoamericana de que sus países son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos. En 2020, el 77 por ciento de la población de la región creía que esto era así, y la proporción alcanzó el 95 por ciento en Paraguay y el 91 por ciento en Chile y Costa Rica.
A pesar del ideal de la igualdad de oportunidades independiente de las circunstancias al nacer y del principio de no discriminación con base en características individuales como el género, el 64 por ciento de los latinoamericanos no cree que la igualdad de oportunidades está garantizada y el 57 por ciento no cree que la igualdad entre mujeres y hombres lo está.
Hay cierta variación con respecto a esta última percepción. Una mayor proporción de las mujeres (61 por ciento), que de los hombres (el 52 por ciento) cree que la igualdad de género no está garantizada.
La percepción popular considera que la democracia está en crisis y gran parte del malestar social en 2019, antes de la pandemia, es muestra de ello. El 40 por ciento de la gente de América Latina y el Caribe comparte la percepción de que la democracia no funciona bien; el 13 por ciento señala incluso que la forma de gobierno en sus países no es una democracia y el 12 por ciento afirma no comprender el significado de la palabra democracia. s d
Efectos de la pandemia del COVID 19
En las crisis anteriores el empleo informal actuaba como amortiguador dada la ausencia en la mayoría de los países de un seguro del desempleo. En esta crisis parece haber ocurrido lo contrario. Las tasas de participación en la fuerza de trabajo cayeron bruscamente y esa caída fue proporcionalmente mayor entre los trabajadores informales.
Aunque se señala que es demasiado pronto para estar seguros de los efectos de la pandemia en las brechas de género en los mercados de trabajo, inesperadamente los cambios en la informalidad parecen haber favorecido a las mujeres. En general, las mujeres fueron menos informales que los hombres en 2020 que en 2019.
Por otra parte, la violencia doméstica se hizo evidente por el gran aumento de las llamadas de emergencia a las líneas de ayuda para mujeres. Durante los confinamientos nacionales hubo una mayor intensidad de búsquedas en línea sobre temas relacionados con la violencia doméstica en varios países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
En México, se registró un aumento de las llamadas que denuncian el maltrato doméstico y solicitan servicios psicológicos, así como una disminución de las llamadas que solicitan asistencia jurídica, tal vez por temor a las represalias.
Algunas economías de la región han suspendido recientemente las medidas de confinamiento obligatorio, pero el trabajo desde el hogar ha seguido aumentando la exposición y las tensiones entre las parejas.
El Rastreador Global de Respuestas de Genero al COVID-19 del PNUD ha documentado cerca de 177 iniciativas gubernamentales en 29 países destinadas a abordar la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia. La mayoría de ellas se centran en el fortalecimiento de los servicios de atención (el 64 por ciento) y el despliegue de campañas de sensibilización (el 23 por ciento).
Entre tanto, los gobiernos de la región no han aplicado medidas destinadas a reconocer, reducir o distribuir las actividades de cuidado. La mitad de las medidas relevantes se pusieron en práctica en Argentina y Costa Rica. Las campañas de sensibilización han sido la principal herramienta utilizada por los gobiernos para enfrentar el trabajo de cuidado no remunerado, pero sus efectos son inciertos.
Brechas de género en liderazgo empresarial
Se señala en el informe que las mujeres siguen estando sistemática e insuficientemente representadas en las posiciones directivas de las empresas. Una minoría de empresas es dirigida por mujeres; el número de puestos directivos ocupados por mujeres disminuye con el tamaño de la empresa y las mujeres están subrepresentadas en la composición de las juntas directivas.
Al igual que en otras regiones del mundo, los latinoamericanos siguen luchando contra construcciones sociales profundamente arraigadas en relación con los estereotipos de género que ven el liderazgo de mujeres con escepticismo.
Entre las diversas iniciativas que han intentado equilibrar la composición del liderazgo de las empresas entre hombres y mujeres, las cuotas obligatorias se han vuelto cada vez más populares en todo el mundo. Aunque han producido resultados positivos en la política, pueden provocar efectos no deseados en el sector privado.
Democracia paritaria como horizonte político para la recuperación.
América Latina y el Caribe en las últimas tres décadas ha presenciado logros significativos en el ejercicio del derecho de las mujeres a la participación política pero todavía falta mucho para alcanzar la paridad de género.
Si todos los países mantuvieran la misma dinámica de aumento en la representación de genero sin retrocesos, aun se requerirían unos 30 años más para alcanzar un escenario de paridad parlamentaria.
Los países de la región han privilegiado las reformas jurídicas como motor de cambio, sin embargo, la legislación sobre medidas temporales de acción afirmativa no siempre ha podido garantizar la igualdad sustantiva ya sea por deficiente diseño de políticas, los sistemas políticos y electorales, y la resistencia a las iniciativas por parte de agentes políticos.
Ante estas limitaciones, los nuevos enfoques han avanzado progresivamente hacia un nuevo paradigma: la democracia paritaria.
La democracia paritaria opera en la región como un horizonte político, expresado en compromisos políticos regionales inscritos en un marco normativo internacional que reconoce la necesidad de alcanzar la igualdad sustantiva.
Los nuevos enfoques han fomentado novedosas legislaciones orientada a promover la paridad política y electoral a nivel nacional, trayendo consigo consecuencias sin precedentes en el acceso de las mujeres a los parlamentos.
Aunque decisivas, estas iniciativas aún no han abordado las brechas étnico-raciales. Por ende, no se han observado impactos similares en el caso de la representación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes simultáneamente se enfrentan a barreras estructurales más apremiantes.
En América Latina, seis mujeres fueron elegidas democráticamente como presidentas, aunque ninguna mujer ocupa actualmente este cargo. Desde la década de 1990, el liderazgo de las mujeres en la esfera pública ha aumentado rápidamente. La participación de las mujeres en gabinetes ministeriales, parlamentos y ayuntamientos, se ha duplicado o triplicado, de acuerdo a datos del 2019.
Los cambios recientes en la participación política de las mujeres en la región se han caracterizado por:
- Son pocos los países que han introducido medidas diseñadas para que la paridad de género tenga un impacto generalizado en los cuerpos de decisión de elección popular.
- Avances notables en el poder legislativo: la paridad (53,1 por ciento en Bolivia) o casi paridad (48,2 por ciento en México) en las cámaras bajas contrasta con los aun inquebrantables techos de cristal que persisten en las ramas judiciales y electorales de toda la region.
- En el poder ejecutivo se reflejan las complejidades inherentes al cambio: el porcentaje promedio de mujeres en posiciones de liderazgo en la región puede haberse triplicado, pero las dirigentes mujeres continúan estando relegadas a puestos de menor impacto político.
- Amplias brechas a distintos niveles de gobierno: retrocesos en la paridad de género en los gobiernos locales ilustran el hecho de que las mujeres se enfrentan a los mayores obstáculos en el acceso a nombramientos directos.
- El ritmo lento de los cambios en la dinámica de acceso al poder al interior de las organizaciones políticas.
- La persistencia de prácticas nocivas, normas sociales discriminatorias, estereotipos de género y violencia política, que limitan la realización plena de los derechos políticos de las mujeres; oposición dentro de los partidos políticos hacia la igualdad de género; y la existencia de condiciones desiguales en el posicionamiento de las mujeres lideres y su acceso a la financiación de campanas (ONU Mujeres, 2021).
