* Mayoría sobre violencia contra las mujeres, igualdad laboral y aborto
* Impostergable legislación para la igualdad en materia electoral en el 2020
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 3 de febrero 2020.- Este miércoles al inicio del segundo año de sesiones del Congreso, las y los legisladores tendrán que resolver un rezago de 150 iniciativas sobre violencia contra las mujeres, igualdad laboral, cambios a la legislación secundaria para la paridad total, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la reasignación presupuestaria a las entidades del país para que operen los programas de erradicación de la violencia de género.
Ello se manifestó por diputadas y senadoras durante las discusiones de los grupos parlamentarios para definir la agenda legislativa de los próximos cuatro meses, según se verificó en las gacetas parlamentarias, el Instituto Belisario Domínguez del Senado y los planes de las comisiones de igualdad del Senado y la Cámara de Diputados.
Entre las iniciativas pendientes, quedan sin dictamen las relativas al aborto y los derechos sexuales y reproductivos, que si están en el programa de trabajo de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados que impulsó en 2019 más de 23 foros en todo el país.
El reto, afirman las legisladoras, es hacer efectivas las políticas públicas de género en la administración pública, salir de sólo legislar para dar paso a una comisión bicameral que dé seguimiento a las políticas públicas de atención a la violencia contra niñas y mujeres, resuelva la brecha salarial, termine con el acoso sexual y la salud para la mitad de la población.
Sólo para atender la violencia contra las mujeres se propondrá la creación de una comisión bicameral que dé seguimiento a las políticas públicas en materia de feminicidio, porque “legislar no es suficiente” y abrir la discusión con la sociedad y sus organizaciones para revertir la cultura patriarcal desde la familia hasta las relaciones laborales y evitar que las leyes sean letra muerta.
En materia de justicia, la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa ofreció vigilar que se haga con perspectiva de género, así como el tema del outsourcing, que forma parte de las prioridades. La legisladora anunció que el 12 de febrero para la discusión de leyes con asuntos complicados, se trabajará en parlamento abierto y consultas populares.
Diputadas y Senadoras, igualmente se disponen, en los planes de trabajo de las comisiones de igualdad de ambas cámaras, a entrar a fondo en reasignaciones presupuestaria que “asegure que haya dinero, para los programas de erradicación de la violencia en todas las entidades federativas y en el gobierno federal.
Al rezago de 52 iniciativas en el Senado y 98 en la Cámara de Diputados, se suma la modificación a la legislación secundaria para hacer posible el cambio constitucional para la paridad total, acordada en mayo de 2019 y que significa la armonización de unas 40, como dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado de la República, Martha Lucía Micher Camarena.
En la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briseño Zuloaga anunció que además de insistir en los derechos sexuales y reproductivos, se dará prioridad a legislar sobre el sistema nacional de cuidados.
Comisión Bicamaral
La senadora priista Claudia Ruiz Massieu luego de la discusión en su grupo parlamentario anunció que propondrán la creación de una comisión bicameral, que dé seguimiento a las políticas públicas en materia de feminicidio y de violencia contra niñas y mujeres. Porque “legislar no es suficiente” y conviene asegurar que haya dinero, presupuesto para los programas en todas las entidades federativas y a nivel federal, para atender este problema. Y, además, proponer una legislación específica “para combatir este terrible tema”. Es decir, que se ejerzan todas las facultades que tiene el Congreso de la Unión, la legislativa, la de control de gestión y la presupuestal para que “terminemos con la violencia de género”.
Sostuvo que en México, más del 66 por ciento de las mujeres han sufrido algún incidente de violencia. Más de ocho millones y medio de mujeres han tenido violencia física o sexual en el ámbito escolar. Más de tres millones y medio lo han sufrido en el ámbito laboral.
Más de 15 millones en el ámbito comunitario y, más de un millón y medio en el ámbito familiar. “Esto no es aceptable”.
Ella misma dijo que es fundamental verificar el cumplimiento de igualdad salarial entre hombres y mujeres porque persisten relaciones laborales que no respetan este principio constitucional y anunció que promueve una iniciativa que sancione a quien incumpla esta norma con una sanción de 250 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización, para el patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo.
Consideró indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para que los inspectores laborales verifiquen el cumplimiento de las normas relativas a la igualdad salarial entre trabajadores que desempeñen un puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, sin distinción de género”.
Violencia y derechos sexuales y reproductivos
En la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados para este periodo ordinario de sesiones, se trabajará en iniciativas en materia de derechos sexuales y reproductivos, tanto como la disminución de la brecha salarial, además de la elaboración de un sistema nacional de cuidados.
En esa comisión, el 31 de enero se discutió cómo en la LXIV Legislatura se han avalado reformas a diversas leyes para tipificar la violencia política en razón de género como delito electoral, una de “las más importantes que se votaron” en el 2019.
Igual se aprobó la reforma para incorporar el término de violencia digital, pero falta modificar el Código Penal Federal para que estas acciones violentas sean sancionadas, por lo que ya hay una iniciativa –entre las 98 pendientes- que turnó a la Comisión de Justicia. Esa es la parte más delicada, para que se vuelva un tipo penal realmente aplicable y no se quede en letra muerta.
Se dará seguimiento a las reformas a diversas leyes en materia de violencia digital y obstétrica, aprobadas en la Cámara de Diputados, durante el pasado periodo ordinario de sesiones, hoy pendientes en el Senado de la República.
Se empezará a discutir el sistema nacional de cuidados, para planear otro tipo de organización al interior de los hogares, por la desigual distribución en la asignación del trabajo de cuidados que recae principalmente en las mujeres. Asunto, considera esa Comisión, que se tiene que instrumentar de la mano con el Poder Ejecutivo. Tanto como las diversas iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos que ya están en la comisión.
También la comisión discutió la necesidad de cerrar la pinza en las reformas que están en el Senado y darles seguimiento, para evitar que se queden en el tintero, repitiendo lo que otras legislaturas ya han hecho, por ejemplo, han presentado violencia política, pero se quedó atorada en alguna de las dos cámaras.
Consulta popular
La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, al delinear los trabajos que inician formalmente este miércoles convocó a los legisladores a atender con responsabilidad, el estudio y análisis de las iniciativas y minutas pendientes.
La presidenta dijo que existen grandes retos ya que de todos los temas hay 2 mil 28 iniciativas pendientes de dictamen; 474 minutas; 17 nombramientos pendientes en comisiones, 39 nuevos nombramientos serán remitidos para su atención por los sujetos facultados, y 13 instrumentos internacionales. Lo que exige legislar con seriedad y decisión, y promover reformas más equitativas y modernas.
Explicó que en el caso del outsourcing se hará la discusión en parlamento abierto, incluyente, para escuchar a todas las voces: las de trabajadores, empresarios, “porque lo que queremos es hacer una reforma para el bien de México, no para el bien nada más de unos grupos”. Fue cuando dijo que el 12 de febrero se harán las primeras reuniones de parlamento abierto.
De la urgencia para compaginar Senado y Diputados –eso de comisión bicameral- dijo que las leyes que tienden a proteger los derechos de las mujeres y de las niñas y evitar la violencia, también habrá parlamento abierto. Así se escucharán todas las voces para ver de qué manera la responsabilidad del Congreso, que es hacer la norma, pueda implementarse, tanto los actores institucionales como que la sociedad pueda aplicarla. Insistió: “somos responsables de hacer la norma y, bueno, la aplicación ya es otra cosa”.
“¿Qué vamos a hacer? El trámite normal que se hace entre colegisladoras, entre la Cámara de Diputados, entre la Cámara de Senadores, y –se comprometió– a seguir impulsando, este tema – el de la violencia de género- que es tan delicado y tan sentido por toda la población”.
Adultas mayores y leyes prioritarias de la paridad
Las comisiones del Parlamento abordarán temas como adultas mayores, ciencia y tecnología, comunicación, cultura, derechos humanos, derechos político electorales, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo rural y sustentable, urbanismo, seguridad, violencia y presupuestos con perspectiva de género, aseguró Fernández Balboa.
Con estos cambios, los principios generales quedaron plasmados en la Constitución, el siguiente paso es trabajar en las leyes secundarias para hacerlos operativos. Se hará antes de que arranque formalmente el periodo electoral del año 2021, para que la nueva legislación pueda ser aplicada en ese proceso.
Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, sostiene que son cerca de 40 ordenamientos los que deben modificarse en un tiempo récord para que esta la paridad total tenga operatividad plena y esté lista para el proceso electoral 2021.
Además, impedir que los estados comiencen a ser omisos ante las modificaciones a la Constitución. Para la aprobación de toda la legislación secundaria, la Senadora considera que hay un ambiente propicio en lo político, pues en esta Legislatura se aprobó esta reforma que estuvo en el tintero por casi una década.
También para Kenia López Rabadán, senadora por el PAN e integrante de la Comisión por la Igualdad de Género de la Cámara Alta, lo más urgente es ganarle la carrera al tiempo y concretar la legislación secundaria a la brevedad.
Los cambios a todas las leyes internas, donde se deberán establecer los mecanismos para que las mujeres puedan acceder en condiciones de paridad a las posiciones de servicio público y electoral, deberán estar aprobadas un año antes de la elección del 2021; es decir, el 7 junio del 2020. Esto implicaría que dichas reformas deben estar concluidas 90 días antes del inicio del proceso electoral 2021-2022.
Una de las prioridades entre las diputadas, afirma Micher Camarena, es avanzar en la paridad en el Poder Judicial, uno de los sectores donde las mujeres han tenido más dificultades para ser integradas.
De acuerdo con cifras del 2018 del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, en México hay mil 429 mujeres y hombres en los cargos de jueces y magistrados, de los que sólo 289 —el 20.2 por ciento— son mujeres. Esa misma desigualdad está en los máximos órganos de justicia como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo dos de 11 integrantes son mujeres; en el Consejo de la Judicatura Federal, sólo hay dos mujeres en un pleno de siete integrantes; y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también son dos magistradas de un total de siete que la conforman.
Otro asunto que atender para consolidar la paridad total. Según el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado que hizo una compilación de las reservas presentadas en mayo sobre la Reforma Constitucional en Materia Paridad, según el análisis: “La agenda legislativa pendiente de la igualdad de género sobre las reservas que presentaron ante la reforma en materia de paridad sustantiva y que senadores consideraran debieron incluirse para cumplir con el objetivo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, la bancada de Morena propuso que se garantice el acceso al poder en las presidencias de los partidos políticos; en los poderes judiciales estatales; en las magistraturas de los tribunales agrarios, y en la titularidad de las representaciones diplomáticas de México en el exterior.
Porfirio Muñoz Ledo propuso integrar a la paridad sustantiva elementos como el reconocimiento a la diversidad de las familias y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el PAN se buscaba establecer en la Constitución que la paridad debía aplicarse también a los órganos de gobierno de la Ciudad de México; en los órganos superiores de la Secretaría de Hacienda y de otros órganos autónomos; y que se estableciera la alternancia entre mujeres y hombres en la integración de los Poderes de la Unión.
Desde el PRI se propuso crear un organismo público descentralizado y autónomo que verificara la aplicación de la paridad de género; que este principio se aplique también en los ayuntamientos con población indígena; que se alternara la presidencia de la SCJN entre mujeres y hombres, y que se garantice la paridad de género en el gabinete actual a más tardar 90 días después de la aprobación.
En la Cámara de Diputados también hay iniciativas que están en el tintero del análisis y que de igual manera marcan una ruta del rumbo a seguir en un futuro cercano.
Esta iniciativa tiene resistencias de los grupos más conservadores del país porque integra elementos a la paridad sustantiva como el reconocimiento a la diversidad de las familias; a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; a la diversidad sexual, y a los derechos para las parejas del mismo sexo.
Para el IBD la agenda de género ha logrado evadir años de resistencias que hoy la ha llevado a uno de los avances más importantes en décadas. Señala que los legisladores más progresistas esperan que en los próximos años, dichas resistencias sean vencidas y México pueda acercarse a la paridad total.
SEM/sl/sj
