Internacional

Pide MESECVI al Estado de Nicaragua cese violencia política contra las mujeres

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  • Exhorta  a garantizar para  las mujeres derechos de asociación, libertad de expresión y de participación
  • Desde el 2 de junio ola de detenciones arbitrarias, muchas mujeres

Elda Montiel

SemMéxico, CD. de México, 13 de agosto 2021.-  El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) expresa su preocupación por la violencia política en contra de lideresas sociales, feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres identificadas como opositoras al gobierno de Nicaragua.

Exige al Estado de Nicaragua respeto y garantía a los derechos de las personas detenidas y a los mandatos constitucionales, al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, y la publicidad de las causas.

Así como solicita la inmediata liberación de las personas detenidas, y el cese de los ataques a las libertades públicas, y particularmente, al ejercicio de los derechos políticos en el país, en especial los de las mujeres. 

Desde el pasado 2 de junio de este año se tiene conocimiento que el estado nicaragüense habría iniciado una ola de detenciones, que han sido denunciadas como arbitrarias, contra líderes y lideresas opositoras.

El Comité tuvo conocimiento de las presuntas detenciones de Tamara Dávila, Violeta Granera, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona, lideresas sociales, feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres, todas con participación destacada en la vida social y política del país e identificadas como opositoras al gobierno.

Las denuncias señalarían como principales presuntos responsables de estas agresiones a funcionariado de seguridad del Estado, agentes del departamento de operaciones especiales policiales y personas armadas vestidas de civil. 

Por lo que exhorta al Estado a garantizar a las mujeres que los derechos de asociación, libertad de expresión y de participación política puedan ejercerse libres de violencia y hostigamiento.

Exige la realización de una investigación transparente de los hechos denunciados e informar a este Comité sobre el estado de las detenidas. 

El Comité también solicita que se tome en cuenta el contexto e insta a la comunidad internacional a mantenerse vigilante sobre la difícil situación de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. 

Detalla el Comité que las detenciones se habrían realizado mediante allanamientos a sus viviendas y bajo acusación de terrorismo, traición a la patria, atentado contra la soberanía nacional y promoción de la aplicación de sanciones a miembros o allegados al gobierno. 

Así como el derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia se estarían viendo afectados en estos casos, al ser impedido el derecho al acceso a los abogados y abogadas de las lideresas, así como las visitas de familiares, afectando con ello también la integridad de las personas detenidas. 

El Comité recuerda que el debido proceso legal, de acuerdo a la Convención de Belém do Pará, incluye, el deber de debida diligencia garantizando de manera expedita que todos los derechos establecidos en los tratados internacionales de protección de derechos humanos sean garantizados y de manera especial, sea investigada y prevenida cualquier acción que cause daño, sufrimiento físico, psicológico o sexual a las mujeres. 

Enfatiza que de acuerdo a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política en su artículo 3 define la violencia contra las mujeres como como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

En el artículo 6 se señala que una de las manifestaciones de dicha violencia es que se “amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan”. 

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