SemMéxico. Ciudad de México. 19 de febrero 2019.- Fortalecer los mecanismos e instancias de atención y apoyo para las personas mayores y no desaparecerlos es el llamado que realizó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, al gobierno federal ante la pretensión de suprimir instituciones como pareciera desprenderse de los anuncios hechos sobre esta materia.
“Si existen irregularidades o se cometieron ilícitos deben investigarse y sancionarse, y si los procesos operativos no producen los resultados deseados, deben revisarse y plantearse”, dijo.
La opción no es privar a millones de personas mayores de recibir asistencia y apoyos prestacionales que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de solución.
Asimismo, exhortó al Estado Mexicano a firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para armonizar las leyes federales con su contenido y destinar el presupuesto adecuado para su puntual cumplimiento.
Ante el envejecimiento de la población mexicana que en unos años paso de 6.3 millones a casi 13 millones de personas, casi el 10% de la población total del país, el reto es el cumplimiento de los derechos humanos.
Asimismo, hizo un llamado al Estado mexicano para que en cualquier revisión o evaluación de cualquier organismo público se dé cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales con las personas en condición de vulnerabilidad y se realice con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, buscando en todo momento. preservar y defender los derechos fundamentales de la población.
El Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presente en el Informe, dijo que este permite priorizar el envejecimiento en las políticas públicas y gestionar los elementos para generar los medios especiales que deberán ser puestos en marcha.
Advirtió que, ante el aumento sustancial de personas mayores a nivel mundial, el famoso bono demográfico pasará de ser una ventaja a un reto sin precedentes, un reto cuya respuesta no puede esperar.
Mientras que María de los Ángeles Vera, presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco dijo que el informe propone una clara ruta de transversalidad en la política pública para hacer vigentes los derechos humanos de las personas mayores en nuestro país.
Ante la evidencia de la deuda del Estado mexicano con las personas mayores, además de visibilizar la discriminación que vive este grupo etario, cuyos derechos son poco o nada respetados y que se refleja en la falta de políticas públicas claras y de presupuestos formales en favor de los derechos de las personas mayores.
Política pública con acciones diferenciadas para los grupos más vulnerables.
En el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos, la CNDH pide incluir en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos específicos para la población mayor de 60 años como concretar una propuesta de política pública nacional en materia de vejez, envejecimiento y atención con acciones diferenciadas para los grupos más vulnerables
Un plan de ejecución transversal, y perspectiva de ciclo de vida a fin de diseñar una ruta crítica para atender los problemas del Sistema de Salud.
De las 41 propuestas del Informe destacan; fortalecer las acciones de formación de capital humano especializado en atención de la población mayor, investigación geriátrica y gerontológica, infraestructura de servicios públicos y acciones encaminadas a promover la preparación para la vejez de los sectores más jóvenes de la sociedad.
Incrementar el presupuesto del INAPAM y del Instituto Nacional de Geriatría, y se sugiere que el Estado tome un nuevo curso de acción para garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de sus prerrogativas.
Optimizar los sistemas de recopilación estadística sobre personas mayores, invertir en la capacitación del personal en derechos humanos de las personas mayores y los estándares internacionales en la materia.
Asegurar a cada generación la posibilidad de tener mejores oportunidades de desarrollo personal y bienestar durante el envejecimiento, y que la edad no represente un factor de desigualdad en la calidad de vida.
Las propuestas están dirigidas a las y los titulares de dependencias federales, integrantes de la Cámara de Senadores, titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas, INAPAM, INEGI, el Sistema DIF Nacional y Sistemas DIF estatales, instancias de procuración de justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autoridades de impartición de justicia.
Para la elaboración de este Informe, la CNDH formuló 148 solicitudes de información a diversas autoridades federales y locales: 9 Secretarías de Estado; 6 organismos descentralizados; al Sistema Nacional DIF y a los 32 Sistemas Estatales DIF, a la entonces Procuraduría General de la República y a las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia locales, Direcciones Generales del Registro Civil y a los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas.
En el diagnóstico realizado el organismo subraya que el Estado mexicano carece de políticas públicas integrales para responder a los retos del cambio demográfico; prevalece la ausencia del enfoque de derechos humanos y de la participación de las personas mayores en los planes y programas dirigidos a ese sector poblacional.
Existe desarticulación en la actuación del Estado, la comunidad y las familias para la realización y protección de los derechos de las personas mayores, y se requiere asignar recursos presupuestales con enfoque diferenciado y transversal a las instituciones que trabajan con ese grupo vulnerable.
Principalmente se carece del enfoque diferenciado que considere a las personas mayores como una categoría formada por muchos subgrupos sociales, cuyas oportunidades para el acceso a sus derechos están determinadas por factores como el género, la edad, el estado de salud y el origen étnico.
Resultado del análisis de las respuestas que dependencias e instancias dieron a las solicitudes de información de la CNDH, se identificaron problemáticas tales como que 6.9% de personas entre 60 y 74 años y 3.8% de quienes tienen 75 años o más carecen de inscripción de nacimiento
La Secretaría de Salud señala que las enfermedades de más alta incidencia durante el envejecimiento son hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardiacas, derrame cerebral y elevados niveles de colesterol o grasa en la sangre.
En cuanto a las personas mayores residentes en centros de asistencia social, se observó que las autoridades carecen de datos precisos y desagregados para identificar cuántas son y dónde se encuentran
El INAPAM informó tener registro de 627 albergues, 1,171 clubes de personas mayores, 328 residencias y 220 instalaciones para usos diversos, e indicó tener a su cargo 3,335 centros de distintas modalidades de servicios, en tanto que los Sistemas estatales DIF tienen 1,707 centros en todo el país, de los cuales 399 ofrecen servicio de pernocta y 1,308 son casas de día.
De los registros de personas mayores en los centros y albergues públicos y privados, se identificó a 4,513 personas, de las cuales 42% son mujeres, 28% hombres, y sobre el resto no se alude al sexo.
