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Piden en Guerrero audiencias públicas en torno a la interrupción voluntaria del embarazo

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Más de 3 mil niñas en esa entidad dan a luz cada año y existe una reforma que lesiona la norma 046

Vuelve al congreso una discusión de más de dos años y no se cumple con las disposiciones de Gobernación al respecto.

Sara Lovera 

SemMéxico, con información de Ceprovysa, Chilpancingo, Gro., 3 de febrero, 2022.- En Guerrero se podría convocar a audiencias públicas para discutir   la iniciativa que diputadas de Morena que presentaron el 12 de enero para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado para lograr la interrupción legal del embarazo.

La diputada panista Ana Lenis Reséndiz Javier propuso estas audiencias, argumentando que esa iniciativa –la de Morena- tiene importancia por el “impacto social que el tema ha generado, -lo que hace – necesario que se socialice y difunda el contenido de la misma para conocer la opinión de la sociedad, así como la de los expertos en la materia.

Ello a pesar de que en Guerrero desde hace 19 meses se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM por agravio comparado, donde las autoridades de la Secretaría de Gobernación mandataron a los legisladores a realizar las reformas necesarias para permitir la interrupción legal del embarazo.

En Guerrero el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), halló que, del 1 de enero al 26 de octubre del 2020, 3 mil 081 niñas y adolescentes entre 9 y 17 años de edad tuvieron un embarazo que culminó en nacimiento.  Se trata de la tercera entidad con embarazo adolescente.  Principalmente en los municipios de Acapulco de Juárez con 443, Chilpancingo de los Bravo con 214, Chilapa de Álvarez con 147, Tlapa de Comonfort con 143, Zihuatanejo de Azueta con 116, e Iguala de la Independencia con 106.

Y ese Congreso –la legislatura pasada-  no acató la recomendación de modificar el artículo 159 del Código Penal del Estado, fracción I, para adecuarlo a La Ley General de Víctimas, a la Norma Oficial Mexicana-046 (sobre atención a víctimas de violencia) y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para que se garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura.

En Guerrero tampoco se cumplió al 100 por ciento con la capacitación y certificación en la NOM-046 del personal médico que atiende a las mujeres en situación de violencia sexual en la entidad, que debía cumplir la Secretaría de Salud del estado, para permitir la ILE. 

La organización “Raíz Zubia”, registro el año pasado,  cerca de 12 mil  embarazos de menores de entre 10 y 17 años; en tanto que el Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres, tiene el dato de que todos los días, 32 niñas y adolescentes están pariendo hijos; mientras que la Secretaria de Salud del Estado del Guerrero, informó que en un periodo de 5 años, solo ha realizado 14 interrupciones de embarazos por violación,  lo que refleja el alto índice de violencia contra la mujeres y las niñas, lo que es  “vergonzoso” afirmaron.

La discusión en el Congreso, sobre la imposibilidad de interrumpir el embarazo frente a la violación, comenzó en 2020, por lo que recientemente las organizaciones feministas de la entidad exigieron el Congreso resolver, los cambios, que, si hicieron, al artículo 159 del Código Penal que planteaba no penalizar el aborto por violación y respetar el estado laico.

Desde 2019 el gobernador Héctor Astudillo Flores, opinó sobre la discusión entre activistas defensoras de los derechos humanos de las mujeres y diputados del congreso local, que este tipo de medidas y acciones legislativas, siempre han generado mucha controversia. Y adelantó que una vez que esté la propuesta “la vamos a valorar”. Pero no lo hizo.

El 7 de agosto de 2021 a la nueva gobernadora, Evelyn Salgado Pineda el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF le plantó “falta de cumplimiento de los tres poderes del estado de Guerrero a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por agravio comparado, dictada a la entidad el 5 de junio de 2020”, 

Esa red – conformada por 43 agrupaciones civiles-, precisó que el plazo interpuesto por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) fue de 18 meses, tiempo en el que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial debían implementar diversas medidas. Plazo que se cumplió en diciembre pasado.

La Red Feminista Guerrerense, luego de la presentación de la iniciativa para liberar el aborto, sólo en el Código Penal,  recordaron que al haber reformado el artículo 159 del Código Penal del Estado, se incurrió en una violación a los derechos humanos, y ahora demandan eliminar  la fracción I, para que quede armonizado con la Ley General de Salud, Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las Mujeres”, así mismo la Fiscalía General del Estado de Guerrero debía “fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar para la Atención de Delitos Sexuales” para contribuir a dar mejor atención a mujeres víctimas de violencia sexual.

Las medidas del grupo de trabajo y CONAVIM son 13 las medidas dictadas a los tres poderes, nueve de ellas de prevención, tres de seguridad y una de justicia.

Por ello llamaron a Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado (quien asumió el cargo en octubre pasado) a que su gobierno cumpla de manera “cabal las 13 medidas dictadas por la Segob en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses” y “que informe cómo dará cumplimiento a estas medidas”. Especialmente a la Fiscalía del estado a que “implemente acciones para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual, así como la atención adecuada para la Interrupción Legal del Embarazo a quienes han sido víctimas de dicho delito”.

Hoy la diputada Reséndiz pide audiencias públicas para discutir la ILE, ya mandatada por Gobernación y señala que la iniciativa morenista está en la Comisión de Justicia, advirtiendo que debe ser discutida antes de la formulación del dictamen. 

Las organizaciones feministas desde 2020 han insistido en la gravedad del embarazo en niñas y adolescentes, no obstante, la panista sostiene que se convoque a audiencias públicas o reuniones con especialistas en la materia, representantes de organizaciones, grupos interesados y ciudadanos en general, para escuchar las diferentes voces en relación con el tema.

La propuesta a la Comisión Permanente es para que exhorte a la Comisión de Justicia para que durante el proceso de emisión del dictamen convoque a audiencias públicas o reuniones para escuchar a especialistas, representantes de organizaciones y grupos interesados y se dictamine contando con sus diferentes criterios.

También solicitó el apoyo y facilidades de la Junta de Coordinación Política para la realización de las acciones de participación ciudadana, como lo prevé el artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.

Según la información de los observatorios indicaron Guerrero es el primer estado a nivel nacional, que no entrega evidencia alguna sobre el cumplimiento de la AVGM por agravio comparado, sumado a lo anterior, hubo cambio de gobierno a nivel estatal, así como del Congreso, evidenciando su nulo compromiso con la vida de las mujeres guerrerenses, anteponiendo incluso prejuicios religiosos por encima de los derechos humanos.

Lo grave es que ese mecanismo de AVGM no prevé ninguna sanción ante el incumplimiento de las medidas decretadas, lo que agrava la situación de la salud reproductiva y sexual de las mujeres en Guerrero, dejándolas en la indefensión”

Además, en esta crisis sanitaria por el COVID-19, en Guerrero, se incrementaron las llamadas de auxilio e investigaciones por violencia familiar, por lo que hicieron un llamado energético manifestaron a todas las instituciones competentes, para tomar medidas emergentes, porque son cientos las llamadas por violencia sexual, de pareja y familiar.

En un pronunciamiento del 25 de noviembre 2020 exigieron al Congreso del Estado, reformar inmediatamente el artículo 159 del Código Penal del Estado, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, que se ajuste la ética y al estado laico, que hagan a un lado creencias religiosas individuales o colectivas y garanticen a las mujeres víctimas de violencia sexual, su decisión para hacer o no la interrupción de un embarazo.

Las mujeres en Guerrero, desde hace 3 años, no han dejado de luchar por el aborto, que, en virtud de un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 7 de septiembre pasado, prohibió criminalizar a las mujeres en todo el país por interrumpir su embarazo.

Guerrero preocupa porque el 23 de octubre de 2020 el congreso del estado rechazó eliminar los candados relacionados con la interrupción legal del embarazo producto de una violación en menores, como lo establece la Norma 046 y que en Guerrero se pretendía incluir la Interrupción Legal del Embarazo, por voluntad de la mujer en el Código Penal. Ni una, ni otra cosa admitieron los y las diputadas.

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